El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha adelantado que en septiembre se resolverá "definitivamente" la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, y ha añadido que "los derechos, igual que los deberes y las obligaciones, deben ser exactamente iguales para todos en todo" el territorio. Rajoy ha hecho estas declaraciones preguntado por los periodistas por la polémica surgida a raíz de la advertencia de su Ejecutivo a las comunidades por cómo han devuelto la asistencia a los inmigrantes irregulares. Además, ha asegurado que "no hay ninguna confusión" entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, presidida por la popular Cristina Cifuentes, en lo relativo a la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles.
Ha incidido en que la sanidad pública española concede a los inmigrantes irregulares una atención "de las más avanzadas del conjunto de la Unión Europea" y lo único que su Gobierno pretende, ha comentado, es "algo bastante razonable, que es que el mismo trato sea igual en todas las comunidades autónomas de España". En cualquier caso, ha invitado hoy a los españoles a sentirse "legítimamente orgullosos" de su sanidad pública.
Preguntado por si los inmigrantes sin papeles podrán acceder a la sanidad pública española, se ha limitado a decir que este asunto se resolverá en septiembre
España, ha expuesto el también presidente del PP, tiene "muchas cosas buenas", pero hay una en la que bajo su criterio es un país que "está a la cabeza", en concreto por el funcionamiento de la sanidad pública, que tiene un coste "muy importante" para las autonomías, que son las que la gestionan. Pero "todo es mejorable en esta vida", y por ello se avanzará en el camino de progresar, y de "seguir haciéndolo en el futuro, en la medida en que vaya siendo posible".
El Ministerio de Sanidad, que anunció en abril su voluntad de atender a los inmigrantes irregulares pero sin recuperar la tarjeta sanitaria, rechazó ayer que exista una amenaza en el aviso a las autonomías por la forma en la que restituyen el derecho para los inmigrantes irregulares. Según el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, el problema radica en cómo las comunidades elaboran sus respectivas normas para dar asistencia a los inmigrantes irregulares, porque una tarjeta sanitaria "genera una serie de derechos en los países de la UE".
