El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha remitido este viernes al "control judicial" y la aplicación de la ley al ser preguntado por las críticas de sectores de asociaciones de víctimas del terrorismo que demandan impedir los homenajes a presos de ETA y recelan de las posibles medidas para favorecer las excarcelaciones.
Durante la rueda de prensa de balance provisional de Tráfico del año 2021, Grande-Marlaska ha defendido la "aplicación de la ley" en lo referente a los presos de ETA, sosteniendo que la política penitenciaria se somete "siempre al control judicial oportuno".
Grande-Marlaska ha recordado su "relación muy directa" con el colectivo de víctimas del terrorismo, en alusión a su etapa como juez de la Audiencia Nacional anterior a la de ministro del Interior. "Han sido, son y serán para todos los que nos consideremos personas de bien un referente", ha indicado, reiterando que España es un Estado de Derecho y que, por tanto, se actúa en "parámetros de legalidad".
143 acercamientos
2021 ha cerrado con 143 acercamientos, casi la mitad de los 288 autorizados por el Gobierno de Pedro Sánchez desde mediados de 2018. De los 183 etarras que continúan cumpliendo condena en España, 94 se encuentran en cárceles del País Vasco (81) y Navarra (13), lo que suma el 51% del total.
El Gobierno vasco ejerce desde octubre la competencia penitenciaria tras la transferencia del Ejecutivo central, lo que ha despertado recelos en algunos colectivos de víctimas ante la posibilidad de potenciar las medidas a favor de los presos de ETA.
Precisamente esto es lo que reivindica la red ciudadana Sare, convocante de los actos de este 8 de enero a favor de los presos etarras, ya que solicita que "sin demoras" se aprueben más terceros grados, así como potenciar los permisos penitenciarios y las libertades condicionales de los condenados de la banda terrorista.
