Una decisión judicial y dos manifestaciones de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional vuelven a poner en el centro de la diana al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional se reúnen este martes para tomar una decisión definitiva sobre el reingreso en la Guardia Civil del coronel Diego Pérez de los Cobos, cesado en 2020 por no informar a Interior sobre la investigación llevada a cabo el pasado año contra el Gobierno por las manifestaciones feministas del 8-M.
Los jueces de la Sala estudiarán el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la decisión de un juzgado que ordenó restituir a Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Según fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli, los magistrados se reúnen este martes para deliberación y fallo, aunque la sentencia podría tardar algunos días.
Se trata del asunto más polémico al que se ha enfrentado Marlaska desde su llegada al Ministerio del Interior en junio de 2018. El pasado 31 de marzo, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8 de Madrid declaró "ilegal" el cese de Pérez de los Cobos y ordenó su restitución como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid.
Como adelantó Vozpópuli, aquella sentencia desveló que la decisión de cesarle se adoptó en las más altas esferas del Gobierno. Interior había defendido hasta entonces diferentes versiones sobre la destitución de Pérez de los Cobos, que se encargó de la investigación llevada a cabo por la jueza instructora sobre las manifestación feminista del 8-M de 2020 en Madrid, autorizada por Interior a pesar de que el coronavirus ya se encontraba en plena expansión en España.
Primero, el departamento que dirige Grande-Marlaska alegó que el cese de Pérez de los Cobos se debía a una pérdida de confianza sobre el hasta entonces responsable de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Luego, Interior enmarcó su destitución en una reestructuración organizativa en la cúpula del Instituto Armado. Un cese que provocó también la renuncia del hasta entonces número dos de la Guardia Civil Laurentino Ceñá.
El entonces delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, llegó a estar imputado como consecuencia de las pesquisas lideradas por Pérez de los Cobos, que mantuvo la investigación en secreto sin informar a Interior, como marca la ley, en una causa que salpicaba al por entonces ministro de Sanidad Salvador Illa y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Manifestaciones de guardias civiles y policías
La decisión de la Audiencia Nacional sobre la restitución de Pérez de los Cobos será el primero de los asuntos que volverán a poner los focos esta semana sobre Grande-Marlaska, pero no el único. Frente a la sede del Ministerio del Interior, en Madrid, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han sido llamados a participar en dos manifestaciones distintas convocadas por Jusapol, el viernes 17, y por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el sábado 18, para protestar y reivindicar mejoras sociolaborales al ministro Marlaska.
La primera de estas protestas tendrá lugar el viernes a las 11.00 horas y la convoca la asociación Jusapol, que integra al sindicato de policías Jupol y a la asociación de guardias civiles Jucil. "En primer lugar lo que pedimos es una equiparación salarial real y total con respecto a las policías autonómicas y locales", explica José Milano, vicepresidente de Jusapol, asociación que tiene 12.000 guardias civiles asociados y 26.000 policías afiliados.
El Ministerio del Interior aprobó en mayo de 2020, precisamente en plena tormenta por el cese de Pérez de los Cobos, la equiparación salarial de los policías y guardias civiles. Aquello supuso un incremento de entre 400 y 500 euros, pero según Jusapol aún falta para alcanzar las condiciones de las que disfrutan en otros cuerpos. "Un policía nacional con 35 años de servicio percibe 1.530 euros mensuales cuando se jubila, frente a los 2.100 euros de las policías locales y autonómicas", añade Milano en declaraciones a este diario.
También reivindican otra serie de mejoras sociolaborales, como una remuneración por la asistencia a juicios por parte de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional (reciben a cambio cuatro horas, mientras que los policías autonómicos perciben una retribución económica a cambio) y la mejora de medios materiales como chalecos antibalas y la renovación de los vehículos obsoletos en ambos cuerpos.
Piden la dimisión de Marlaska
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que en los últimos días ha pedido en reiteradas ocasiones la dimisión de Marlaska tras su gestión del conocido como 'caso Malasaña', espera contar con hasta 4.000 guardias civiles en su manifestación convocada para el sábado 18 de septiembre a las 12.00 horas en la plaza de Colón de Madrid.
Una marcha que concluirá en el Ministerio del Interior y en la que, además de exigir una equiparación salarial real para los guardias civiles, incluirá otras reivindicaciones como una jornada laboral digna y estable, un reparto justo de la productividad que deje de premiar solo a los altos mandos o que deje de aplicarse el Código Penal Militar a los guardias civiles en funciones policiales.
"Los guardias civiles ya están hartos de que el ministro del interior desprecie sus reivindicaciones y no les atienda personalmente como reclaman sus demandas profesionales", afirma el portavoz nacional de la AUGC, Pedro Carmona.
