El juez del caso mascarillas, Adolfo Carretero, ha decidido no imputar en el procedimiento abierto por presunta estafa a la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. El instructor le mantiene su condición de testigo, pese a la petición de algunas imputaciones, e insiste en que fue engañada por los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño ya que le ocultaron el cobro de sus "desmesuradas" comisiones por valor de seis millones de dólares.
Según consta en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, el instructor de la causa le cita como testigo para el próximo 27 de mayo, en aras a que se pronuncie sobre la gestión de este contrato de suministro de material sanitario por parte de la empresa Leno al consistorio de Madrid. Collado ya declaró en la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2021 asegurando que no sabía que Medina y Luceño cobraron por mediar en esta contratación.
"Actuó de buena fe"
Del mismo modo, los dos empresarios también confirmaron este extremo en sede judicial, si bien algunas acusaciones que integran la causa consideraron que podría haber cometido delito en su gestión con el contrato de la empresa asiática por 11 millones de dólares. El magistrado responde ahora que ha dicho "repetidamente" que Collado fue engañada por los dos empresarios ya que le ocultaron "el importe de sus desmesuradas comisiones" y que inflaron el precio de los contratos. "Actuó de buena fe", reza el auto.
El juez explica que el Grupo Mixto fue quien solicitó la imputación de Collado en la causa de las mascarillas, si bien se adhirieron el PSOE, el grupo municipal socialista y Podemos, que además reclamó también la citación como investigada de la delegada de Hacienda en el Ayuntamiento, Engracia Hidalgo. Según ha podido saber este medio, en el posicionamiento sobre Collado en el caso del PSOE (que le atribuye delito de tráfico de influencias) fue una exigencia de Ferraz.
No existe ni el más mínimo indicio de una cooperación necesaria, complicidad o encubrimiento de Collado en la estafa
Las acusaciones argumentaron que Collado -que en las escuchas telefónicas alertó a Luceño que les habían estafado- habrían cometido un delito de prevaricación y malversación ya que firmó tres contratos en nombre de la empresa municipal funeraria con Leno. Apuntaron que no se contrastó la oferta, que se pagó un precio excesivo y que no se exigió la reposición real de los contratos tras constatarse que los test eran defectuosos. Ello implicó, según sostienen, una administración desleal al patrimonio municipal.
No cooperó con los comisionistas
"No existe, hasta el momento, ni el más mínimo indicio de una posible cooperación necesaria, complicidad o encubrimiento de la Sra. Collado en la presunta estafa agravada cometida por los investigadores, a quienes no conocía de nada con anterioridad, ni consta que percibiese dinero alguno de los mismos, sino más bien lo contrario, pues fue engañada por los comisionistas, quienes le ocultaron el importe de sus comisiones que inflaron el precio de los contratos de una manera desmesurada y su relación verdadera con la empresa malaya Leno", dice el juez.
El magistrado descarta también el presunto delito de tráfico de influencias y sobre la prevaricación dice que pudiera ser un tipo penal "más consistente" pero que también debe decaer porque no se precisa cuál es la resolución arbitraria que dictó, a excepción de la firma del contrato de mascarillas que, según indica el magistrado Carretero, "ni es una resolución en sí misma ni es arbitraria".
Del mismo modo el titular del Juzgado de Instrucción número 47 dice que "resulta totalmente ajeno a este procedimiento" enjuiciar la naturaleza del convenio firmado entre el Ayuntamiento y la empresa de servicios funerarios para que fuera ésta última la que gestionara el contrato de urgencia para el suministro de mascarillas, guantes y test covid. Por ello matiza que, si prosperase la imputación contra Collado se tendría que citar como imputados a todos los firmantes del convenio (que fueron todos los grupos municipales que tienen representación en el consistorio).
Sobre la malversación de fondos públicos el instructor precisa que "ninguna prueba existe" de que la responsable de compras del Ayuntamiento se apropiase de dinero público o permitiera a Luceño y a Medina que se apropiaran del mismo. "Máxime cuando el Ayuntamiento pagó un precio por un material sanitario que, aunque fuese defectuoso en parte, fue entregado al mismo, siendo fijado el precio por los investigados que ocultaron a la Sra. Collado el importe de sus altas comisiones", recoge el auto.
