La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos de Mercasevilla, tomará declaración como imputados este viernes a los empresarios que presentaron ofertas al concurso para la adjudicación de un derecho de opción de compra sobre los terrenos del mercado central de abastos, entre los que se encuentran dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
El procedimiento impulsado para enajenar los suelos del mercado central de abastos de Mercasevilla fue fallado en favor de la propuesta elevada por el grupo promotor 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial de la constructora Sando, pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga.
Por medio de un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada ha citado a declarar como imputados a Eduardo Báñez García, como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, y a Juan Nicolás Báñez García, consejero delegado solidario de esta empresa.
Para este viernes, la magistrada ha citado a declarar también en calidad de imputados a otros cinco empresarios más, entre los que se encuentran Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness, o José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa.
También han sido citados a declarar como imputados por un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar --empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007--, y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.
Fue la Fiscalía Anticorrupción quien solicitó las declaraciones de todos ellos, a excepción de la de Bárbara Gutiérrez-Maturana, pues en su lugar quería que se tomara declaración a Juan López Cohard.
La Fiscalía realizó tal petición "para determinar la posible existencia o no, vista la similitud de los precios ofertados y la entidad y calidad de sus ofertas en conjunto, de un previo e ilícito concierto entre las mismas -empresas- para acudir al concurso con la predeterminada idea de fijar un precio de los terrenos favorable a Sanma mediante la artificial creación de un precio medio igual o lo más cercano posible al que iba a poner Sanma en su pliego que hiciera que cualquier otra oferta superior se saliera de la media muy fácilmente".
Tras ello, la juez dictó un auto en el que considera que, "de los indicios" expuestos a lo largo del procedimiento, "puede deducirse el posible concierto entre Mercasevilla y Sando para la adjudicación a ésta última del concurso relativo a la opción de compra de los terrenos de la unidad alimentaria, y asimismo idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por Sanma".
A juicio de la instructora, las referidas entidades habrían participado en un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, "constituyendo otro indicio más a tener en cuenta las diferentes relaciones societarias existentes entre Realia Business, Sanma a través de Desarrollo Urbanístico Sevilla Este (DUSE) y Edamar, a través de Noralia, así como las relaciones puntuales que a través de UTE, compraventa de terrenos o de asociaciones de promoción inmobiliaria, han tenido algunas de las participantes" en el concurso.
De otro lado, la juez ha citado para este viernes como imputado a Alfredo Delmo Suárez, arquitecto técnico del área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense cuya comparecencia estaba inicialmente prevista para este jueves pero que fue pospuesta debido a que su abogado tenía otros compromisos judiciales fijados con anterioridad.
En esta causa, y además de los citados, están imputados el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos; los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.
