El 'Gran Hermano' contra el yihadismo tendrá que esperar. El Ministerio del Interior se ha visto obligado a licitar por segunda vez el concurso para crear el 'superfichero' informático que debe recoger todos los datos de los viajeros de líneas aéreas con salida o llegada en nuestro país y cuyo objetivo es detectar a tiempo la presencia entre ellos de terroristas y otros delincuentes peligrosos. Este fichero, conocido formalmente con el nombre de Sistema de Registro de Nombres de Pasajeros o PNR (Passenger Name Record) por sus siglas en inglés, es una vieja aspiración de España y otros países europeos que tras los atentados de enero en París se aceleró. De hecho, el departamento de Jorge Fernández Díaz se apresuró en febrero a poner en marcha el proceso para su desarrollo con un presupuesto de 1,6 millones de euros. Los plazos marcados era adjudicarlo el 1 de agosto para que pudiera estar en marcha antes del 10 de diciembre. No será posible.
El proceso de adjudicación fue suspendido por Interior el pasado 8 de julio, sólo un mes antes de que se conociera la empresa que iba a crearlo. El pasado viernes lo reinició
La culpa la tienen las centenares de observaciones que diferentes instancias de la Unión Europea han hecho a un instrumento tan potente de control, ya que con él se pretende cruzar la "información no verificada proporcionada por los pasajeros y recogida por las aerolíneas" con cada reserva aérea con los datos obrantes en otras bases de datos, pero también con la que se pueda obtener "de fuentes abiertas, principalmente redes sociales". Interior hacía mención expresa en el pliego de licitación a Twitter, Google Plus, Linkedln, Tumblr, Instagram y Flickr, así como a los buscadores Google, Bing, Yahoo y Duck Duck Go, "fuentes multimedia" como YouTube, Vimeo y LiveLeak y "foros, blogs y páginas genéricas". Con estas condiciones técnicas, el departamento de Jorge Fernández Díaz sacó a concurso el desarrollo informático del superfichero el pasado 3 de febrero, sólo unas horas después de que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez plasmaran su firma en el pacto de Estado contra el yihadismo.
Al mismo se presentaron tres empresas, Indra Sistemas SA, Accenture SLU y Bitvip Technology SL, aunque esta última fue descartada el 30 de abril al no haber presentado la documentación administrativa exigida. Siete días después se abrió el segundo sobre de las candidatas a hacerse con el contrato, el de la documentación técnica, pero cuando se debía proceder con el tercero, el que incluía las condiciones económicas, se suspendió el proceso. El motivo fue un informe de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad del propio Ministerio en el que se alertaba que el contenido del pliego del 'superfichero' no se ajustaba a la directiva europea que iba a dar sustento legal al PNR después de las numerosas modificaciones que diferentes instancias europeas, entre ellas la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), habían incluido como enmiendas al texto original.
"Enmascaración de datos"
En concreto, los cambios introducidos exigen una definición del concepto "enmascaración de los datos" y ponen límite temporal al acceso a los datos: cinco años para los relativos a terrorismo y cuatro años para aquellos que se refirieran a "delitos transnacionales graves". Además, estos últimos los reduce a una lista concreta para eliminar la indefinición de la expresión. También marca las normas "relativas a un sistema descentralizado" y apuesta por la inclusión en el PNR "de los vuelos interiores de la UE". Esta última modificación supone "una ampliación del alcance del plan" por lo que alarga el plazo de la propuesta "de dos a tres años". Por último, la UE pretende también que se aclaren cuestiones sobre costes y recursos, y se refuerce la seguridad jurídica del texto que ampare su funcionamiento "haciendo referencia más explícita a otras disposiciones legislativas ya en vigor". Entre el 23 de marzo y el 20 de abril pasado, se presentaron 836 enmiendas al citado proyecto.
Entre marzo y abril, diferentes instancias de la UE presentaron 836 enmiendas al proyecto del superfichero, lo que ha obligado a modificar el pliego técnico español
Por ello, el pasado 8 de julio, a menos de 30 días de que se conociera el nombre de la empresa que iba a desarrollar el sistema informático y a cinco meses de que se pudiera en marcha el superfichero, Interior suspendía el concurso para "revisar y ajustar el contenido del Pliego de Prescripciones Técnicas" del proyecto y así "adecuarlo a la ponencia de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior" de la UE. El pasado viernes 4 de septiembre, Interior volvía a poner en marcha el proceso con el anuncio previo del nuevo expediente en la Plataforma de Contratación del Estado. El presupuesto se mantiene, 1,6 millones de euros, IVA incluido, pero los plazos para que entre en funcionamiento se alargan ya hasta 2016, aunque al cierre de estas líneas aún no se había dado a conocer el pliego técnico en el que se debe detallar la fecha tope de puesta en marcha.
Una vieja aspiración
La idea de un superfichero de viajeros no es nueva y, de hecho, hay países como EEUU, Canadá y Australia que ya someten a un estricto control este tipo de información para evitar ataques yihadistas. En Europa también se planteó hace tiempo su creación, con España entre los países promotores. Fue en 2010, cuando varios estados de la UE propusieron a la Comisión Europea un proyecto de directiva conjunta para la puesta en marcha del PNR. El Consejo de Ministros de Justicia e Interior tardó dos años en llegar a un acuerdo general, pero en abril de 2012 ya puso sobre la mesa del Parlamento europeo un proyecto para que fuera aprobado por la cámara dado que era necesaria una codecisión de los Estados.
La UE ya tiró por tierra en 2013 la directiva que quiso poner entonces en marcha el PNR al considerar que vulneraba la protección de datos personales
Sin embargo, el registro se encontró en 2013 con el rechazo frontal de la Comisión de Libertades Civiles, que entendía que dicho registro de pasajeros vulneraba la directiva comunitaria sobre protección de datos personales de los ciudadanos. De nada sirvió una carta enviada por los ministros de Interior de España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, Suecia, Polonia y los Países Bajos al presidente de dicho organismo. El proyecto pareció quedar empantanado en las instituciones europeas pese al intento de varios ministros, entre ellos el español Jorge Fernández Díaz, de reactivar su puesta en marcha en los siguientes meses.
Sin embargo, los atentados de París del pasado mes de enero contra la sede de la revista satírica Charlie Hebdo y una tienda de comida 'kosher' parecieron desbloquear la iniciativa. La decisión de Interior de convocar, primero, el concurso para adjudicar el contrato para su instauración en España por 1,6 millones de euros y que el pliego de prescripciones técnicas fijase el 10 de diciembre como fecha tope para su entrada en funcionamiento así lo indicaban. Sin embargo, de nuevo tendrá que esperar. Las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por Vozpópuli siempre han aplaudido la medida y consideran el PNR "una pieza clave" para detectar el retorno a los países europeos de los varios miles de sus ciudadanos que en los últimos años se han desplazado a Siria e Irak a combatir en las filas del autodenominado Estado Islámico.
