Los diversos servicios de información policiales tienen previsto mantener este viernes una reunión para analizar todos los elementos a tener en cuenta para la protesta que ha convocado la coordinadora del 25-S para el sábado. La movilización, sin comunicación a la Delegación del Gobierno, se hace bajo el lema "Jaque a la monarquía", que consideran "una institución arcaica, clasista, machista, corrupta y heredera del franquismo". Habrá un gran despliegue policial.
El objetivo es coordinar toda la información posible para evitar que ocurra lo sucedido el 22-M, cuando se llegaron a juntar hasta 1.500 personas que operaban como una guerrilla urbana organizada. Ese día se concentraron 1.500 policías, pero sin embargo se fracasó en la respuesta a los violentos, según reconocen en privado responsables de Interior.
Los expertos han recopilado la información de las redes sociales, que es el arma preferida de estos movimientos. La misma coordinadora del 25-M habla de que los medios que tiene el sistema "ya no son necesarios para el avance del movimiento popular". "Los medios alternativos y las redes sociales –dicen- han demostrado una gran capacidad de trabajo para trasladar a la gente la auténtica información".
Pero además de la información proveniente de las redes sociales, la Policía recopilará la que ofrezcan los infiltrados que se mueven en esos ambientes radicales. Estos agentes trabajan con mucho riesgo. Este jueves, el Sindicato de Estudiantes llegó a acusar a estos agentes de provocar una pelea.
Se analizará la posible llegada de activistas de otros puntos de España. El propio director general de la Policía dijo el jueves que gran parte de los detenidos el 22-M no vivía en Madrid. Hay especial preocupación por la llegada de grupos de activistas gallegos, vascos y de Izquierda Castellana y su movimiento juvenil.
Los servicios de información están prestando especial atención también estos días a las casas okupas de Madrid y la periferia donde creen que se refugian algunos de los activistas que vienen desde otras comunidades autónomas.
Algunos expertos policiales afirmaban este jueves que lo ocurrido en 22-M va a suponer un antes y un después. "Los políticos –añadió este agente- tienen que asumir que no se puede actuar de esta forma (sin cargar) y nuestros jefes deben mostrarse más exigentes con los gobernantes para evitar hechos como los sucedidos el sábado pasado".
Cambio de legislación
Por lo pronto, los jefes de la Policía han aprovechado el 22-M para pedir un cambio de legislación en quien ataque a las fuerzas de seguridad. El Sindicato Profesional de Policiìa (SPP), que agrupa al 90% de los mandos del cuerpo, denunció "la pasividad de los responsables y dirigentes poliìticos a la hora de impulsar cambios legislativos y organizacionales que pongan al Cuerpo Nacional de Policía en el lugar que se merece en una sociedad del siglo XXI".
"El hecho de que solo uno de los 19 detenidos haya ido a prisioìn demuestra la desproteccioìn jurídica a la que se enfrenta la policía en la defensa y protección de los derechos y libertades que consagran la Constitución", añadieron.
El presidente del SPP, José Antonio Calleja, dijo que "atentar contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe tener consecuencias jurídicas graves pues se trata de un ataque directo a la democracia". "Agredir a un policía -comentó- es agredir la esencia del Estado de Derecho al que representamos".
Por otra parte, agentes que trabajaron el 22-M dijeron que el camión de bomberos al que acusan de proteger a los alborotadores acudió a llamada de la Policía Nacional y no por iniciativa propia. Al parecer así está registrado en las grabaciones de esa noche.
Mejoras laborales
Los incidentes parece que van a mejorar la situación profesional de los agentes de la UIP. Fuentes del SUP indicaron que, tras la reunión que mantuvieron con cargos del Ministerio del Interior, uno de sus responsables se comprometió a "mejorar en la jornada laboral ". Sin embargo, el sindicato explicó que "no está mal" ese compromiso, pero que el objetivo del encuentro era solicitar dimisiones por los fallos del dispositivo. El sindicato cree que se pretende desviar la atención sobre las peticiones de ceses.
El próximo viernes, día 5, los sindicatos mantendrán otra reunión donde ya consideran que el Gobierno deberá llevar las conclusiones de la "información reservada" que ha abierto tras los incidentes el 22-M. Los sindicatos analizarán qué medidas tomar posteriormente.
El SUP considera que, tras los hechos del pasado sábado, queda demostrado que los organizadores y su servicio de orden deben estar más en contacto con la Policía para impedir que se produzcan sucesos como los de esa noche.
