La dimisión de Juan Lobato como secretario general del PSOE-M ha hecho saltar un fusible de protección discursiva en Moncloa. El núcleo duro del Gobierno descarga toda responsabilidad en la posible comisión de cualquier delito de revelación de secretos en el caso que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en quien tenía el deber de custodiarlos, según explican fuentes del Ejecutivo a este diario. Los imputados por el Tribunal Supremo, por el momento, son el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz -algo inédito en democracia-, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez.
El ya exlíder socialista madrileño acudirá este viernes ante el juez del Alto Tribunal a declarar como testigo y, en función del material notarial que aporte, el togado decidirá sus siguientes pasos. A priori, todo parece indicar que puede quedar tocado algún miembro más de Moncloa, tras trascender este lunes que Pilar Sánchez Acera -la jefa de gabinete del ministro Óscar López- presionó a Lobato para utilizar políticamente contra Ayuso el documento secreto en el que el letrado de su pareja, Alberto González Amador, ofreció a la Fiscalía un pacto para reparar dos delitos contra la Hacienda pública.
La filtración de la Fiscalía, de donde salió ese documento, amenaza al núcleo duro del Ejecutivo, porque la gran duda es si el equipo de Pedro Sánchez manejó o no esa comunicación y si se le dio o no a Lobato, quien fue a una notaría en septiembre -seis meses después- a dar fe de que tuvo conocimiento del mismo a través de los medios de comunicación, así como de los mensajes que intercambió con Sánchez Acera.
La renuncia de Lobato, presionado desde este lunes por su partido -que lo considera un traidor que se ha dado "un tiro en el pie"-, deja expedito al ministro de Transformación Digital su desembarco en la federación socialista madrileña, donde el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le quiere como cabeza de cartel para batirse en duelo con Ayuso. El entorno de López reitera que el juez no encontrará un solo mensaje o pista incriminatoria hacia él o hacia su jefa de gabinete, Pilar Sánchez Acera.
Por eso, el hecho de que miembros del Gobierno señalen a "quien tiene el deber de custodiar el secreto" como el autor de un posible hecho delictivo implica que ya se está preparando el relato político para un probable revolcón judicial. Todo este lío surge a raíz de una nota informativa que la Fiscalía de Madrid remitió a los periodistas de tribunales el 14 de marzo para desmentir unas informaciones publicadas la noche anterior y que apuntaban que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador, en el marco de la investigación abierta contra él por dos delitos fiscales.
Esta noticia sentó como una bomba en Fortuny, desde se movilizaron rápidamente para desmentirla. Así pues, primero solicitaron los correos al fiscal del caso y, después, elaboraron una nota de prensa con el contenido de los mismos. La orden de recabar estas comunicaciones entre el fiscal Salto y el abogado de González Amador la dio el fiscal general. Él mismo lo confirmó en un escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia. García Ortiz trasladó que la responsabilidad de los hechos era suya, pero que actuó para desmentir un bulo.
Además, García Ortiz dijo que no se reveló ningún secreto porque dichas comunicaciones privadas entre fiscal y abogado ya se habían filtrado previamente en algunos medios de comunicación. El problema es que cuando Lobato y Sánchez Acera comentaron la estrategia de ataque a seguir en contra de Ayuso y esta le pidió que usara la filtración, aún no se había publicado íntegro el documento en los medios. Y el líder del PSOE-M aseguró en La Sexta que la versión que le envió Sánchez Acera no tenía una marca de agua, que es como se difundió esa mañana de marzo.
Lobato, con su señalamiento indirecto al núcleo duro de Sánchez en la filtración del documento, emprendió una guerra con Pedro Sánchez que terminó con su dimisión, pero que deja en el aire la posibilidad de que el exsecretario general de los socialistas madrileños no termine aquí su carrera política. Solo hay que leer entre líneas algunos renglones de su comunicado de dimisión: "Yo no creo en la destrucción del adversario, en la aniquilación del que discrepa y del que piensa diferente. Para mí la política es otra cosa. Y la lealtad a mi partido es trabajar para poner en marcha sus principios [...] Ninguno somos imprescindibles. Es mucho más importante en todo momento proteger y fomentar la buena política que a quienes la ejercemos circunstancialmente. Sin duda mi forma de hacer política no es igual ni quizá en ocasiones compatible con la que una mayoría de la dirigencia actual de mi partido tiene [...] Mi compromiso con el PSOE sigue y seguirá ahí. Hoy doy un paso al lado del liderazgo. Pero tenéis mi compromiso de que en cada etapa futura que corresponda asumiré mi responsabilidad como militante para ayudar al partido a continuar trabajando para mejorar la vida de la gente".
Pedro Sánchez conoce bien la historia de un dirigente apenas conocido enfrentándose a un aparato político, porque él la escribió hace 7 años. Pero la dirección del PSOE, con el líder a la cabeza, augura a Juan Lobato un estrepitoso fracaso en caso de que pretendiera encabezar una "corriente alternativa": "Tiene las mismas opciones de ser alternativa en el PSOE que yo en Vox", ironiza un miembro de la dirección federal. El tiempo, como siempre, decidirá.
