El juez Santiago Pedraz ha pedido información a Suiza sobre una cuenta que Credit Suisse atribuye a Cristina Morodo. La hija del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo es el único miembro de la familia que no figura como investigado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el excargo de José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, su hijo, su nuera y otras cuatro personas.
Según consta en el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado ha reclamado a la entidad bancaria "que, en relación con la cuenta de la sociedad Ayanor SA, aporte la documentación que obre en su poder sobre dicha cuenta así como la que permita identificar a su titular y/o beneficiario económico y la del resto de cuentas y activo que tuviera".
Entre la documentación que ya obra en el sumario consta un extracto de Credit Suisse de la sociedad Furnival Barristers Corp con datos personales del derechohabiente económico, en referencia a Alejo Morodo. Al final, en el apartado de "otra información", se precisa que es "hijo de Vinicius" y "hermano de Ayanor S.A". La entidad aclara que se trata de información "no necesariamente proporcionada por el cliente".
"Vinicius", "Ayanor" y "Furnival Barristers"
La cuenta Vinicus corresponde a Cristina Cañeque, esposa del exembajador. Tal y como publicó Vozpópuli, Suiza aportó a la Audiencia Nacional los manuscritos en los que se ordenaban los movimientos de dinero de dicha cuenta en el país alpino a otras en España. En sede judicial, el exembajador negó que su esposa tuviese cuentas en Suiza.
Según los extractos bancarios que nutren el sumario, en diciembre de 2009 se transfirieron 15.000 euros de la cuenta Vinicius -atribuida a la mujer de Morodo- a la cuenta Ayanor SA -denominada en otra documentación como hermana de Furnival Barrister Corp, propiedad de Alejo Morodo-. En el extracto en el que consta la operación, sin embargo, no se detalla quién es la personal natural que resulta beneficiario. Aunque la fecha en la que se realiza la transferencia no forma parte del periodo de la investigación, evidencia los vínculos entre cuentas.
En aras de esclarecer el escenario, y en el marco de la comisión rogatoria remitida el pasado 5 de junio, el juez ha pedido toda la información en poder de Credit Suisse de Ayanor SA, vinculada a la cuenta de Furnival Barristers Corp, en la que -según las pesquisas- Alejo Morodo recibió presuntos pagos procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Vozpópuli se ha puesto en contacto con la familia del exembajador, que ha preferido no hacer comentarios sobre las cuentas en el extranjero.
Presunta conexión con PDVSA
La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de ampliar la comisión rogatoria a Suiza tiene lugar en el marco de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía contra Raúl Morodo y a su "círculo familiar más íntimo". La petición del ministerio público responde a los nuevos hallazgos de la Agencia Tributaria reflejados en cuatro informes de fechas 14, 18, 19 y 25 de mayo de 2020.
La cuenta Ayanor SA aparece vinculada a la cuenta en la que el hijo de Morodo recibió presuntos pagos procedentes de PDVSA
Anticorrupción considera que la trama del exembajador percibió entre 2011 y 2015 "fondos procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela por un importe total de 4.527.270 euros carentes, hasta la fecha, de toda justificación real y lógica comercial".
Donaciones bajo sospecha
El juez ya había requerido información vinculada a la hija del matrimonio dentro de España. Tal y como publicó Vozpópuli, reclamó a la Comunidad de Madrid las copias de las escrituras de donaciones recibidas "al objeto de esclarecer los hechos".
Aquella petición respondió a una solicitud de la Fiscalía, que señaló dos transferencias en concepto de donaciones realizadas en plena investigación en 2018: una por 540.000 euros y otra por 425.000 euros. Según consta en el sumario, ambas cesiones se hicieron con carácter colacionable; es decir, que se restará como ya recibida de la parte de la herencia que llegue a recibir Cristina Morodo.
La hija de Raúl Morodo no ha sido llamada a declarar ni como testigo ni como investigada. Es la única de la familia a la que no se le han atribuido presuntos delitos de blanqueo de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.