El Tribunal Supremo ha sido tajante: "Todo movimiento de secesión utilateral es antidemocrático". Los jueces que han juzgado la causa del procés han recordado en su sentencia contra los doce líderes independentistas que el secesionismo en una sociedad que se rige por la Convención de Derechos Humanos de 1951 y la Carta de Derechos Democráticos de 2010 "es un movimiento antidemocrático".
Los siete magistrados de la Sala de lo Penal han asegurado en que el secesionismo "destroza las bases de un modelo constitucional para construir una república identitaria en la que el pluralismo ideológico y político no están garantizados". En este sentido, han insistido en que la protección de la integridad territorial es "común" en las constituciones europeas.
Frente al argumento de las defensas respecto a una sobreprotección de la unidad de España, los jueces han subrayado que la protección de la unidad territorial de España "no es una extravagancia que singularice nuestro sistema constitucional".
Integridad del territorio
"La práctica totalidad de las constituciones europeas incluye preceptos encaminados a reforzar la integridad del territorio sobre el que se asientan los respectivos Estados", han recordado los jueces en la sentencia de 493 folios difundida este lunes. En concreto, han hecho referencia a los textos constitucionales de algunos de los países de origen de los observadores internacionales contratados por el gobierno autonómico catalán que incluyen normas de especial rigor.
Los siete magistrados han considerado tras sus deliberaciones que los líderes procesados sabían que nunca habría república catalana y que todo fue un "señuelo para una movilización". En la sentencia, de 493 folios, han subrayado que el derecho a decidir que defendieron en todo momento los acusados era en realidad un "derecho a presionar al Gobierno".
Tras cuatro meses de interrogatorios y pruebas judiciales, la Sala de lo Penal ha entendido que "bajo el imaginario derecho de autodeterminación se agazapaba el deseo de los líderes políticos y asociativos de presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una consulta popular".
