Waldemar Aguado y Germán Cobos se han convertido en dos piezas clave del caso Neurona, pese a que no se ha dado con su paradero. Aunque el magistrado Juan José Escalonilla ya no está interesado en contar con el testimonio de estos dos trabajadores de la consultora mexicana, algunos de los implicados en el procedimiento han decidido litigar hasta el final para que se escuche su versión sobre los contratos con Podemos que investiga la Justicia.
Tanto es así que, ante la negativa del instructor y de Fiscalía de librar comisión rogatoria a México para que declaren en la causa, el asunto ha pasado a manos de la Audiencia Provincial de Madrid. Este órgano tendrá la última palabra en relación a una diligencia que lleva meses en punto muerto pese a que, en un principio, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid abrió la puerta a tomarles declaración. Meses después, cambió de parecer en sintonía con la fiscal del caso, que alega que el motivo reside en la "imposibilidad de práctica por zoom".
Tal y como consta en la nueva documental incorporada a la causa, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la declaración de Aguado y Cobos constituye un elemento crucial para algunos de los imputados, como es el caso del administrador de Neurona en España, Elías Castejón. Su defensa recurrió la decisión del juez del pasado 9 de junio de prescindir de sus testimonios porque entiende que deben pronunciarse en relación al asunto troncal de este procedimiento: el contrato que Unidas Podemos firmó con la consultora por 300.000 euros y que se investiga ante la sospecha de que fue una tapadera para desviar el dinero fuera de España.
Castejón explica en su recurso que Germán Cobos fue el que le contrató, en calidad de gestor, para fiscalizar la actividad de la mercantil en España y el que ejerció también de "interlocutor" con los dueños de la matriz en México. Los investigadores sospechan que la filial de Neurona en España (Neurona Comunidad) se creó 'ad hoc' para suscribir el contrato de cara a los comicios de 2019. El motivo reside en que Cobos remitió el borrador del contrato el 27 de febrero de ese año pese a que esta filial se registró formalmente en España un mes después.
¿Empresa fantasma?
Castejón siempre ha defendido que se trató de un "error" de fecha del contrato y que en realidad se remitió el 27 de marzo de 2019. Además, también niega que actuara en condición de testaferro de los dueños de Neurona o que los pagos a la empresa subcontratada fueran decisión propia. Más bien al contrario, defiende que las transferencias por importe de 255.478 euros a Creative Advice Interactive se giraron por orden de Cobos y de Andrea Edlin (ambos propietarios al 50% de Neurona Consulting).
El movimiento levantó las sospechas del juez que indaga si esta firma -ubicada en Guadalajara (México)- no sería más que una empresa pantalla con la que canalizaron el destino final de los fondos electorales. "El Sr. Cobos Pío tiene un papel esencial en el núcleo de lo investigado (...). Puede referir a su señoría cómo toda la tramitación llevada a cabo en relación con este primer contrato de Neurona Comunidad fueron actuaciones completamente ordinarias en el tráfico mercantil", reza el recurso interpuesto por la defensa de Elías Castejón.
Misma tesis comparte la defensa de Podemos. Los abogados del partido, imputado por presunta financiación irregular, cuestionan al instructor y la fiscal (que esgrime que las declaraciones ya no son necesarias) e insisten en que se tome declaración a estos empleados de Neurona para que prueben que los trabajos encargados para los comicios de 2019 fueron "efectivos y reales". "Se podrá indagar sobre la elaboración de dichos materiales, el coste del servicio prestado, las líneas de trabajo desarrolladas y no solo los diseños", avisa la formación morada.
Del mismo modo defienden que en la causa hay indicios de sobra que demostrarían que la labor no fue simulada. Se refieren a todo el material aportado (desde los billetes de avión de los empleados que vinieron a España provenientes de México hasta vídeos de su trabajo); a la declaración prestada por diez integrantes del equipo de la campaña de Podemos o al chat que uno de los miembros de la formación aportó al juzgado relativo a su conversación con el coordinador de Neurona, Carlos Portillo.
Insólita unión de Vox y Podemos
Se da la casualidad de que, en lo que respecta a estos dos testigos clave, hay unidad entre imputados y acusaciones, ya que no solo los investigados quieren que se les localice, sino que también Vox lo considera necesario. De hecho, Podemos recuerda en su escrito que fue el partido que lidera Santiago Abascal (y que está personado como acusación popular) el que lo requirió en diciembre. Reconoce que su adhesión a esta petición es "insólita", pero la considera necesaria para aclarar si las acusaciones de José Manuel Calvente acerca de que el partido se podría haber financiado de manera irregular son o no ciertas.
Aunque la petición es la misma, los argumentos que emplea Vox en su recurso son bien diferentes. El partido califica de "incomprensible" el "radical cambio de decisión" de Escalonilla, que en diciembre del pasado año sí que requirió que se les localizara para tomarles declaración. "Las diligencias son necesarias y procedentes, teniendo en cuenta el delito investigado, así como la desviación de la importante cantidad de 300.000 euros a Neurona Comunidad", alegan.
De este modo, el asunto queda en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, que todavía no ha fijado fecha para estudiar todos estos recursos. La causa, que arrancó en julio de 2020 en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, sigue las pesquisas después de que el magistrado las prorrogara medio año más el pasado mes de julio. Sin embargo, aunque en sus primeros meses de vida llegó a contar con varias líneas de investigación, el magistrado ha ido sobreseyendo algunas de ellas (como la relativa a la reforma de la sede, el proyecto impulsa o las donaciones) dejando el grueso de la investigación penal en la contratación con Neurona.
