Resumen de las noticias más importantes de este viernes, 26 de noviembre. Destacamos que el Ministerio de Trabajo va con retraso en el reparto de las subvenciones para la puesta en marcha de dos programas de formación para profesionales de todo el país. Las ayudas, que ascienden a 90 millones de euros y estarán financiadas con fondos europeos, todavía no se han repartido por "los diversos ataques informáticos" sufridos en los últimos meses, según alega el propio Ministerio.
Otro tema importante es que Endesa estima que ganará 7.400 millones de euros hasta 2024. La mitad de este beneficio, exactamente 3.745 millones de euros, se transferirán a la sede de Enel en Roma. La energética italiana, que controla el 70% del accionariado de la eléctrica que dirige José Bogas, es de nuevo el gran beneficiado de que Endesa dedique gran parte de su beneficio a retribuir a los accionistas.
Por otro lado, la principal firma estatal de Venezuela, PDVSA, sigue en el foco de la Justicia por el presunto expolio del que ha sido objeto a través de contrataciones ficticias y sin justificar. Pese a que la petrolera denunció estos hechos en la Audiencia Nacional, lleva más de un año que no aporta la documental relativa a las más de 2.600 operaciones de compra sospechas por haber encubierto el saqueo y posterior expolio de fondos. Así lo expone Javier Alvarado Ochoa, el exviceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez que colabora con la Justicia.
Además, el Congreso ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, que incluyen 27.633 millones de euros del Plan de Recuperación, pero los Grupos no han podido incluir ninguna enmienda sobre inversiones del citado Plan, que el Gobierno y los letrados de la Cámara han vetado. Y llueve sobre mojado: el Pacto de Toledo ha tenido que validar en 48 horas la primera parte de la reforma de las pensiones y, en concreto, su apartado más polémico, la subida de cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, presentó de urgencia y echando la culpa de estas formas legislativas a los agentes sociales y a Bruselas. Fórmula que a pesar del mea culpa que entonó el ministro se perfila que va a seguirse con la reforma laboral.
Finalmente, la joven que hoy preside la asociación constitucionalista S'ha Acabat! en Cataluña se llama Julia, tiene 20 años, siete apellidos catalanes (Calvet, Puig, Figuerola, Robert, Abadía, Canyelles y Solé) y un entorno familiar separatista. "Aunque no radical", aclara a Vozpópuli justo cuando se cumplen sus dos primeros meses en el cargo. "Soy la oveja negra de la familia", bromea.
Noticias de hoy
Ayudas europeas y ciberataques
El SEPE ha alargado tres meses el plazo para conceder fondos europeos a empresas que den formación al sector turístico y a trabajadores que quieran mejorar sus competencias digitales y tecnológicas.
Endesa y Enel
La eléctrica dedicará la mitad de los 7.400 millones que espera ganar en este período a seguir retribuyendo a la energética italiana Enel.
PDVSA
Un exalto cargo del Gobierno de Chávez carga contra la petrolera por llevar más de un año sin aportar los contratos de compra sospechosos de ocultar un saqueo encubierto.
Plan de Recuperación
Las enmiendas que han presentado los Grupos a los Presupuestos sobre inversiones del Plan, vetadas, mientras se les escatima participar en la reforma de las pensiones.
S'ha acabat!
Tiene 20 años, estudia Derecho en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y este viernes cumple dos meses como presidenta de la asociación estudiantil que defiende la Constitución y la pluralidad en las universidades catalanas.