El caso Odebrecht abre un nuevo capítulo en la Audiencia Nacional por una adjudicación irregular de la trama en Argentina. La Fiscalía Anticorrupción quiere que se investigue a dos españoles por participar, presuntamente, en la ingeniería de blanqueo de los 4,5 millones de dólares que la red desvió en sobornos con las obras de soterramiento del ferrocarril en Buenos Aires; un pelotazo que salpica a un exalto cargo del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El Ministerio Público solicita una importante batería de diligencias para acotar el recorrido de las mordidas que pasaron por la banca andorrana y terminaron en un paraíso fiscal del Caribe. Su objetivo es indagar el papel de José D.V y Juan José L.N.D, en su condición de administradores de las sociedades que canalizaron estos sobornos. Por ello piden su imputación en la causa además de que se libre una comisión rogatoria a Suiza para adherir información clave del entramado.
La Fiscalía reclama que esta nueva documental, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, se investigue en las diligencias abiertas en España sobre el caso Odebrecht por la conexidad de los mismos. Esta causa, que se ha convertido en el mayor escándalo de corrupción en América Latina, tiene su derivada en la Audiencia Nacional, donde se rastrea el presunto pago de 82 millones de euros por parte de FCC a funcionarios panameños a cambio de adjudicarse dos proyectos de línea de metro y el de la Ciudad de la Salud.
4,5 millones en sobornos de Odebrecht
En este caso se pone el foco en las actividades de la trama en Argentina. Anticorrupción explica que fue la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la que presentó denuncia en España por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales. Los hechos se ciñen a un contrato que adjudicó el Ministerio de Transporte de Argentina a una UTE que conformaban la brasileña Odebrecht, además de otras tres compañías, una de ellas española.
La OCDE expuso que un arrepentido de la causa confesó que se transfirieron al menos 850.000 dólares a una cuenta de Suiza del que fuera jefe del Servicio de Inteligencia de Argentina, Gustavo Arribas. Los fondos se entregaron para ayudar a que la adjudicación fuera a parar a la UTE de Odebrecht. En los hechos se han visto implicados Ricardo Jaime (exsecretario de Transporte en Argentina bajo el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) y su asistente Manuel Vázquez.
Ricardo Jaime -implicado en varias causas de corrupción en Argentina- habría facilitado copias de proyectos de obras públicas en varios Ministerios a cambio de suculentos pagos procedentes de Odebrecht. "Estos sobornos tenían como finalidad asegurarse la adjudicación de contratos", reza la Fiscalía sobre la denuncia de la OCDE y añade: los integrantes del consorcio pagaron 4,5 millones de dólares a funcionarios argentinos en dos fases; una antes de la adjudicación y otra mediante firma de contratos de consultoría ficticios.
La caja B de Odebrecht
Los contratos en cuestión se firmaron con la empresa española DSC Maganement, aunque se movieron entre diferentes sociedades y países con el fin de no dejar rastro. Precisamente, uno de los españoles contra los que ahora actúa Anticorrupción era el administrador de esta firma, mientras que el segundo de ellos sería su socio. Firmaron un contrato de asesoría falso por 4,5 millones de dólares para poder facilitar sus sociedades al entramado. Según se detalla, participaron como "canal de blanqueo" a través de las cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Se trata de un 'modus operandi' muy similar al de Convergence Partner Capital, una de las sociedades pantalla que se emplearon para el desfalco en Panamá. En concreto, Anticorrupción dice que funcionaba como una caja B para que los miembros de Odebrecht desviaran los pagos de corrupción a los destinatarios comprometidos. La Fiscalía incide en que esta denuncia viene a confirmar lo trasladado por las autoridades andorranas a la Audiencia Nacional en 2019.
Los implicados utilizaron todo un entramado societario para repartirse los fondos detraídos. De Andorra el dinero se movió a Suiza; país que recibió no solo las mordidas de Argentina, sino también otros 6 millones de dólares de Perú por la adjudicación de un megaproyecto ferroviario en Lima. Anticorrupción alerta que en estos desfalcos así como en el de Colombia (9,8 millones de dólares), Ecuador (9,15 millones) y Chile, se produce la misma dinámica de blanqueo de capitales.
Batería de diligencias
"El examen conjunto de todas ellas revela un perfil continuado de actuación en circuitos de blanqueo agravado por tener los fondos su origen en los hechos de corrupción, relatados por las autoridades fiscales de Perú, Chile, Colombia y Ecuador (...). En los hechos recogidos en las comisiones rogatorias citadas se observa los repartos porcentuales de las comisiones sobre el monto de los importes transferidos, es decir el prorrateo y disminución de los fondos", explica la Fiscalía.
Por todo ello reclaman al magistrado del caso Odebrecht, Ismael Moreno, que acuerde más de una decena de diligencias en esta nueva línea de la causa. La primera de todas ellas es citar como imputados a los dos españoles implicados en el blanqueo de los fondos, así como a la firma DCS Management y DCS Workshop Obras, Construcciones y Promociones, por su implicación en estos hechos.
Del mismo modo piden que se localice el paradero de otras dos personas más -una de ellas brasileñas- por participar en el entramado societario de Odebrecht; que se adhiera nueva información bancaria de Andorra, que se libre una comisión rogatoria a Suiza y se siga el rastro de otra serie de empresas interpuestas para desviar los millonarios fondos. La investigación ha acreditado que estas cuantías retornaron a los miembros de esta red a través cuentas abiertas en paraísos fiscales.
