En pleno debate sobre la cesión de competencias a los Mossos d'Esquadra en puertos y aeropuertos de Cataluña, oficiales de la Guardia Civil denuncian que el Gobierno ha cedido al gobierno autonómico la gestión en materia de medio ambiente.
"El pasado 5 de diciembre, en el marco de la Junta de Seguridad de Cataluña, se firmó acuerdo ente el Ministerio del Interior y el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, relativo a la investigación de ilícitos administrativos y penales en materia de medio ambiente en Cataluña", afirma la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, asociación representativa del Instituto Armado.
Así, desde la asociación recogen un fragmento de lo suscrito en dicha Junta: "(…) acuerdan precisar que corresponde al cuerpo de Mossos d’Esquadra la investigación policial de los delitos e ilícitos administrativos relacionados con el medio ambiente que tengan lugar en Cataluña. El cuerpo de Agentes
Rurales actuará en apoyo de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra en aquellos supuestos en que sea necesaria su intervención en razón de las funciones que le competen”.
A juicio de la asociación, "esta asignación en exclusiva contraviene cuanto ordena la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluso el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su artículo 144 establece que las competencias en medio ambiente son compartidas por Generalitat y Estado, por lo que se requiere una Ley Orgánica para modificar esta previsión, y no un simple acuerdo".
"Debemos añadir que en los veinte años en los que se viene ejerciendo la competencia de forma compartida -añaden desde la asociación-, se ha llevado a cabo con una perfecta coordinación entre ambos cuerpos en esa materia, por lo que excluir a la Guardia Civil no solo no mejora la lucha
contra la protección del medio ambiente, sino que debilita su protección".
Asimismo, Unión de Oficiales de la Guardia Civil destaca que para transferir cualquier competencia a Cataluña -incluida la de medio ambiente- debería articularse a través de Ley Orgánica 6/1997, "pero no mediante un acuerdo que atenta contra leyes en vigor y no utilizar atajos de dudosa legalidad".
