Polémica en las oposiciones a judicatura por el examen extraordinario que el Consejo General del Poder Judicial ha acordado convocar fuera de las bases. Después de que se celebrara la primera prueba el pasado 28 de marzo, el CGPJ ha decidido ofrecer la oportunidad de realizar un nuevo test a dos opositores que alegaron estar enfermos y por tal motivo no pudieron someterse a la evaluación a la que estaban llamados 4.298 aspirantes a convertirse en jueces o fiscales.
A esa primera de las tres pruebas que componen las oposiciones a judicatura se presentaron finalmente unas 3.800 personas. Algunas de ellas consideran que esta decisión vulnera la igualdad de condiciones que rige este proceso selectivo y supone un agravio comparativo para los alrededor de 500 aspirantes que no se presentaron al examen. "En este examen en concreto ha habido muchas personas que no se han presentado, sea porque no estaban preparados o porque estaban enfermas, por lo que es posible que haya más personas en esa misma situación", alega una fuente inmersa en estas oposiciones.
"Es muy oscuro para un procedimiento que se caracteriza por la igualdad, la transparencia, la seguridad jurídica...", asevera en declaraciones a Vozpópuli la fuente referida. "Los opositores están muy cabreados", explica, porque esta decisión probablemente supondrá un retraso añadido a un proceso que había comenzado ya con demora por la pandemia. Y es que el proceso no podrá avanzar a la segunda prueba ya que "la nota de corte subirá o bajará" en función del resultado de los exámenes a los que se someterán el próximo 29 de abril estas dos personas.
Alegaciones fuera de las bases de las oposiciones a judicatura
Los dos opositores a los que el CGPJ realizará la prueba de forma extraordinaria presentaron alegaciones antes de que se realizara la prueba, tal y como informaron en una nota de prensa conjunta el propio Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de Estado. En su comunicado, esgrimen que los aspirantes no pudieron realizar el examen "al encontrarse en situación de enfermedad que justificaba su incomparecencia". El problema: dicho periodo de alegaciones no se contempla en las bases.
La Comisión de Selección encargada de organizar las pruebas señala que la decisión se ha tomado "habida cuenta la concurrencia de una situación excepcional dada la vigencia del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19" y "en aplicación analógica de la base octava C.4 de las normas que rigen la presente convocatoria [...] previo informe del tribunal calificador núm. 1".
Es precisamente esa alusión a las bases de la convocatoria otro argumento que ponen en cuestión quienes dudan de la legalidad de la decisión, pues la base octava C.4 de las normas de estas oposiciones hace referencia a la posibilidad de hacer hasta tres llamamientos por aspirante pero únicamente para el segundo y tercer examen; no para el primero, que por cuestiones logísticas -dado el gran volumen de opositores que se presentan en cada convocatoria- se celebra una sola vez.
"Una situación irregular sin precedentes"
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha solicitado formalmente explicaciones "rigurosas" a la Comisión de Selección de las oposiciones a judicatura, puesto que además "dicho trámite de alegaciones no está previsto en la convocatoria". Recuerda la citada asociación que "en ningún caso se otorgó esa opción a otros opositores en las mismas circunstancias" y que "no se ha tenido en cuenta a aquellos otros aspirantes que se encontraban en igual o similar situación, máxime en el contexto sanitario concurrente".
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria pide explicaciones por lo que considera "una situación irregular sin precedentes, contraria a los principios de publicidad y transparencia"
"Lo resuelto coloca a dos personas en situación de ventaja respecto al resto, conllevando una situación irregular sin precedentes, contraria a los principios de publicidad y transparencia de exigida aplicación en toda convocatoria pública", remacha la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que en un comunicado informa de que no descarta "explorar las vías legales pertinentes" para esclarecer lo ocurrido.
