El infierno comenzó para Pablo Ibar en junio de 1994. El 26 de aquel mes, apareció un coche ardiendo en una carretera en Florida (EEUU). Pertenecía al dueño de un club nocturno, Casmir Sucharski, cuyo cuerpo fue hallado al día siguiente, junto a los de dos mujeres, Sharon Anderson y Marie Rodgers, en su casa. Les habían disparado. De una grabación de videovigilancia, se extrajo un retrato de los atacantes, y se detuvo a Ibar y a otro hombre. En el verano del año 2000 Ibar fue condenado a muerte. Luego llegó el grito diario de los guardias, los días intentando no pensar, los golpes en la puerta de la celda, demasiado pequeña, siempre demasiado pequeña para quienes están "encerrados sólo a la espera de la muerte". También llegó la batalla legal, que dura hasta hoy. El último capítulo, hasta la fecha, lo ha dictado el Tribunal Supremo, que ha desestimado un recurso de la fiscalía contra la anulación, el pasado febrero, de su condena, por la defensa "deficiente" que ejerció en su caso el abogado de oficio. En 15 días Ibar podrá salir del corredor de la muerte, pero no de las sombras de una pesadilla en la que siempre se ha declarado inocente: vuelve al "minuto cero" del caso, como señala Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar. Vuelve al mismo tribunal de Florida que lo condenó a muerte, y vuelve a luchar contra la acusación por el asesinato de Sucharski, Anderson y Rodgers.
La situación, sin embargo, es hoy distinta. La defensa de Ibar no la lleva un abogado de oficio que, aun bregado en penas de muerte, sufrió mientras atendía problemas de salud y una detención por agredir a una mujer ("no estaba ni para llevar una multa de tráfico", dice Krakenberger). Habrá pruebas periciales (178.000 euros), habrá un equipo de defensa formado por tres letrados, dos de ellos expertos en jurados y el tercero, Benjamin Waxman, que se conoce los vericuetos del caso. En total, el presupuesto es, al cambio, de cerca de 1.158.000 euros, de los que la familia ha pagado cerca de la mitad. Ello gracias, en buena parte, a las subvenciones públicas que, desde 2006, han costeado en parte su lucha contra la condena.
Las subvenciones han sumado, en una década, 1.100.000 euros. La mayor parte ha llegado del Gobierno vasco
"En cuanto al apoyo consular, no hay ninguna queja. Siempre que el consulado ha sido necesario, ha actuado. Pero hemos manejado unos presupuestos que están muy por encima de los de una familia normal. Y hemos tenido que batallar por conseguir apoyos económicos tanto en el Congreso como en el Parlamento Vasco", señala Krakenberger. La primera apelación al Tribunal Supremo, realizada en 2000 y fallada en 2006, no prosperó. Costó 350.000 dólares, que consiguió la familia "vendiendo camisetas, póster, chapas... Como hormiguitas". Aquello, sin embargo, era inasumible, e intentaron lograr partidas presupuestarias, que finalmente llegaron para todos aquellos ciudadanos españoles que afronten una posible pena de muerte y siempre ligadas a que se destinen íntegramente a las defensas legales.
En 2007, el País Vasco les concedió la primera, de 100.000 euros (al año), que ascendieron a 125.000 en los primeros tiempos del Gobierno de Patxi López. Llegó la crisis, y se quedó en 50.000, aunque el Gobierno de Íñigo Urkullu está estudiando ampliarla en este "momento estratégico" de la defensa de Ibar. En 2009 llegó la estatal, que ha rondando desde entonces los 30.000 euros (el máximo para estas subvenciones). La diputación de Guipúzcoa se sumó también con 10.000 euros, reducidos también con la crisis a 8.000. En total, las subvenciones con coste a las arcas públicas del caso Pablo Ibar han sumado, desde 2006 hasta este año, 1.100.000 euros. El Gobierno vasco ha aportado la mayor parte de los fondos; el Estado, unos 250.000 euros.
La orden ministerial con la que se concreta la subvención estatal recuerda la necesaria defensa jurídica de los españoles en el extranjero y menciona "la muy elevada cuantía del coste de una defensa jurídica de calidad en un procedimiento de esta índole". Establece una excepción al principio general de que no se den subvenciones para los españoles que puedan acudir al turno de oficio en el país en el que afronten esta condena: "No debe aplicarse de forma absoluta", reza, dada la "excepcionalidad de la pena de muerte, no prevista en nuestro ordenamiento y cuya abolición universal es uno de los objetivos expresos de la política exterior del gobierno". "¿Por qué no acude a la justicia gratuita?, se podría argumentar en el caso de Pablo. Es que él ya acudió. Es que su primer abogado fue de oficio", afirma en la asociación que lleva el nombre de Ibar.
Para afrontar el nuevo juicio, a la familia le quedan por conseguir unos 570.000 euros. "Nos vamos a patear todas las instituciones, ayuntamientos y gobiernos autónomos, y acudiremos al Gobierno, cuando deje de estar en funciones". Ya han visitado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, al lehendakari, Íñigo Urkullu, al viceconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid... "Hay voluntad política", sostiene Krakenberger, que aunque entiende que "el resultado sólo puede ser uno", la libertad de Ibar, advierte de que "no se puede bajar la guardia. Se enfrenta a otra posible condena de muerte". Ibar lleva casi 22 años entre rejas, 16 de ellos a la espera de la muerte. O de la esperanza.
