El gobierno de las televisiones autonómicas, casi todas ellas en estado ruinoso, se ha puesto desde el minuto cero sobre la mesa de las negociaciones abiertas por los dos grandes partidos con Podemos y Ciudadanos para constituir los gobiernos regionales a partir de los resultados del 24 de mayo. La ambición por controlar los medios públicos tiene un precedente singular en Andalucía, pues, según fuentes socialistas, la primera condición que le puso la organización de Pablo Iglesias a Susana Díaz para que sus 15 diputados apoyaran su investidura fue, ni más ni menos, la de acceder al gobierno de Canal Sur, un ente con poderosa influencia en esta comunidad, que arrastra números rojos y que maneja un presupuesto superior a los 160 millones, casi un 90% de ellos puestos por la Junta.
El control de Canal Sur también es plato fuerte en la negociación de Susana Díaz con Ciudadanos
Según fuentes del PSOE andaluz, la respuesta de Susana Díaz a Teresa Rodríguez, la lideresa de Podemos en su tierra, fue una negativa rotunda. “Estaríamos locos si dejáramos el control de una televisión que pagan todos los andaluces en manos de un partido que ha obtenido menos de la mitad de escaños que nosotros y desde la que, además, trabajaría para arañar todavía más votos a los socialistas en las elecciones generales”, explica un dirigente cercano a Díaz. Desde Podemos Andalucía se niega que la negociación sobre Canal Sur haya estado sobre la mesa. "Hubiera sido una insensatez", afirman.
El control de Canal Sur también ha sido plato fuerte en la negociación que la presidenta andaluza en funciones está manteniendo con Ciudadanos para salir investida antes de que el mes que viene le caduque el plazo que le obligaría a convocar nuevas elecciones. Con los nueve diputados del partido de Albert Rivera, tendría suficiente para auparse de nuevo a la Junta y formar Gobierno. Díaz mantendrá la semana entrante una nueva reunión con Ciudadanos para conocer sus márgenes de actuación, pues entre sus posibilidades está también aceptar la oferta que le ha hecho el PP de facilitarle con sus 33 diputados el acceso a la Junta siempre que le permita retener, a partir del próximo sábado, alcaldías tan simbólicas como las de Sevilla, Cádiz, Jerez o Marbella.
Castilla-La Mancha y Extremadura
Según fuentes de la ejecutiva federal socialista, la aspiración a controlar las televisiones autonómicas está siendo una constante en Podemos en todos los territorios donde puede influir para que se formen gobiernos de izquierdas. Es una exigencia que ha priorizado, sobre todo, en las negociaciones que la organización de Pablo Iglesias mantiene con el PSOE en Castilla-La Mancha y Extremadura, teniendo en cuenta que en otras donde también podría ser decisivo, como las de Aragón o la Comunidad Valenciana, operan también otros actores políticos.
En Madrid, con una televisión autonómica mucho menos influyente en esta comunidad que Canal Sur en Andalucía, también ha entrado en juego el futuro de la televisión regional en las conversaciones que tanto Cristina Cifuentes como Ángel Gabilondo mantienen con Ciudadanos. Con un presupuesto que roza los 100 millones de euros anuales, la candidata del PP no descartó durante la campaña electoral el cierre del canal autonómico, teniendo en cuenta su escasa audiencia y la carga que supone para los presupuestos regionales, pese a haber reducido la plantilla en más de 800 trabajadores.
El presupuesto de las televisiones autonómicas que aspiran a controlar Iglesias y Rivera supera los 500 millones
El gasto global de las televisiones autonómicas sobre las que han colocado su atención Podemos y Ciudadanos para poder servirse de ellas en la carrera electoral hasta las generales, supera los 500 millones de euros. Son las que emiten en Andalucía, Madrid, Asturias, Aragón, las dos Castillas, Extremadura y Murcia. Todas estas televisiones se crearon a partir de la ley del Tercer Canal que data de 1983 y que, curiosamente, establece como requisitos en su regulación la objetividad, veracidad e imparcialidad en el contenido de las noticias, el pluralismo político y la separación de la información y de la opinión. Seis años más tarde, nació la Federación de Organismos de Radio y Televisión (FORTA), que engloba a la mayoría de los operadores y se ocupa de la compra de contenidos y la comercialización de la publicidad.
