El próximo 26 de mayo los ciudadanos del País Vasco votarán más que en el resto de España. Además de seleccionar las papeletas de las elecciones municipales y las europeas, los electores vascos tendrán que introducir otro sobre con su voto en otra urna. Porque también se celebran comicios forales. Esto es, los votantes tienen que elegir a los parlamentarios de las Juntas Generales de las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Unas instituciones que convierten a la comunidad en una excepción respecto al resto.
Qué hay en juego el 26-M
Las diputaciones forales son unas grandes desconocidas fuera de Euskadi. Pero lo cierto es que en ellas se maneja un enorme 'botín'. En estas elecciones del 26-M, los votantes elegirán a 153 diputados (51 junteros en cada una de las provincias) que gestionarán hasta 9.500 millones de euros en presupuestos destinados a las múltiples competencias que controlan los órganos forales consagrados en la Constitución y el Estatuto de Gernika.
Las Juntas Generales son algo así como los parlamentos provinciales de los tres territorios históricos del País Vasco. En cada uno de estos particulares parlamentos hay 51 junteros que tendrán que elegir, a su vez, al diputado general de cada provincia. Los tres diputados generales son algo así como los presidentes de cada territorio y cuentan con su propio ejecutivo. "La asociación entre estas instituciones y el Gobierno vasco convierte a la Comunidad Autónoma en una organización de corte confederal", afirma el propio Ejecutivo vasco en su web oficial.
Recaudar impuestos
La principal de las competencias que tienen las diputaciones es la recaudación de impuestos directos e indirectos mediante sus propias haciendas forales. En 2018, las tres diputaciones vascas recaudaron 14.900 millones de euros. Después, dicha recaudación se reparte entre el resto de administraciones, mediante el Consejo Vasco de Finanzas.
La gran mayoría del dinero de lo recaudado por cada provincia va a parar a las arcas de la Hacienda del Gobierno vasco, otra parte se entrega a los ayuntamientos, otra parte se paga al Estado por la vía del famoso cupo vasco y el restante se queda en manos de las propias diputaciones forales.
Además de recaudar, las Haciendas forales tienen la posibilidad de modificar los impuestos de manera que, por ejemplo, un autónomo no paga el mismo IVA o el mismo IRPF que en otras comunidades. Asimismo, pueden aplicar sus propias políticas de deducciones o exenciones fiscales. Todo el engranaje jurídico de las Diputaciones está relacionado con el Concierto económico que rige la relación con el Estado.
Sus competencias y sus presupuestos
No son solo los impuestos. Las tres diputaciones forales cuentan con las competencias en materia de urbanismo, carreteras y obras públicas, medio ambiente, patrimonio cultural o bienestar social, entre otros. Así, por ejemplo, la mayoría del gasto social por habitante depende de lo que se decida en las Juntas Generales.
Tamaña cantidad de competencias implica, claro está, que los ejecutivos de cada diputación tienen que proponer unos presupuestos que tendrán que ser aprobados por las respectivas Juntas Generales. Las cifras son elocuentes. En 2019, las tres diputaciones manejarán en torno a 9.500 millones de euros en sus presupuestos. La gran mayoría de esa cantidad pertenece a las cuentas de la Diputación de Vizcaya, la más poblada, con un presupuesto de 8.216 millones de euros, frente a los 875 de Guipúzcoa y los 517 de Álava.
¿Todo el poder para el nacionalismo?
Tradicionalmente, el poder de las Diputaciones vascas se ha repartido entre varios partidos. Sin embargo, el resultado de las generales del 28-A, con victoria del PNV en las tres provincias y en dos de las tres capitales (solo en Vitoria gana el PSE), hace presagiar un cambio. Dicho resultado reforzaba los vaticinios de las encuestas que se han publicado sobre las elecciones forales del 26-M.
Todos los sondeos conocidos, tanto los del Sociómetro del Gobierno vasco como los de los medios, apuntan a que el PNV será la primera fuerza y Bildu la segunda en las tres provincias. Es decir, podría haber tres diputados generales peneuvistas -como ahora- pero respaldados por la coalición que lidera Arnaldo Otegi. Un hipotético resultado que colocaría al nacionalismo, en general, y al PNV, en particular, en sus mayores cotas de poder.
