La carta de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia, que va acompañada de un documento informativo sobre beneficios penitenciarios legales a los que las personas presas pueden optar, comenzó a remitirse a los internos de ETA el pasado mes de abril, aunque su existencia no trascendió hasta este miércoles. En ella, el Gobierno vasco anima a los etarras presos a dar pasos de manera unilateral, constatada la evidencia de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no está dispuesto a modificar su política penitenciaria, como sería el acercamiento de los presos a cárceles del País Vasco. Entre esos pasos está la decisión de acogerse a beneficios de manera individualizada, lo que supone asumir la legalidad penitenciaria, algo que hasta ahora los presos de ETA se niegan a aceptar
“Seguir manteniendo hoy la decisión del colectivo de presos de negarse a solicitar beneficios penitenciarios y a explorar las posibilidades legales e individuales que, mediante la progresión de grados, ofrece el Reglamento Penitenciario, además de ser difícilmente comprensible es un obstáculo objetivo –dice la misiva-. Superar esta decisión constituiría un factor de cambio positivo en la situación”.
El documento sostiene que el desarme y la disolución de ETA facilitarían el proceso de reinserción de los presos
El documento de la Secretaría de Paz analiza otras circunstancias que, aún ajenas a los presos, podrían ayudar a una mejora de su situación penitenciaria, como sería el anuncio por ETA de su desarme total e incondicional como paso previo a su disolución. “Constituirían un hecho que jurídicamente habría de interpretarse como una forma de colaboración con las instituciones y de desmarque colectivo de la estrategia de la violencia de carácter definitivo. Todo ello tendría una innegable incidencia en la valoración del pronóstico de los procesos de reinserción y resocialización”, dice la carta.
La misiva contiene también un mensaje para el entorno político de la banda, al que pide que haga “una valoración crítica sobre las violaciones de derechos humanos provocadas en el pasado por ETA” a la que los presos pudieran acogerse posteriormente, evitando así tener que significarse de manera individual. “No parece lógico que cada persona presa quede sola, ahora, ante la reflexión crítica que sobre ese pasado le pide el tratamiento penitenciario. Al contrario, sería muy relevante que ese movimiento político hiciera una valoración autocrítica sobre las violaciones de derechos humanos provocadas en el pasado, que sea útil a los procesos de resocialización, y a la que cada preso pudiera acogerse si lo desea”. Una valoración al que la izquierda abertzale se niega hasta el momento.
Finalmente, el documento pide a los presos que manifiesten “con sus propias palabras”, una reflexión de futuro, de presente y de pasado. Con respecto al futuro con su compromiso definitivo con las vías pacíficas y democráticas; con respecto al presente, con su voluntad expresa de reparar a las víctimas, y con respeto al pasado, con un distanciamiento autocrítico en relación con el delito cometido
El documento que acompaña a la carta explica los pasos que los internos deben dar para progresar de grado de manera individualizada
El documento que acompaña a la carta recoge los derechos de las personas presas y los pasos que hay que dar para progresar de grado (la práctica totalidad de los presos de ETA están en primer grado o régimen cerrado, sometidos a estrictas medidas de control). Así, para progresar a segundo grado, que da derecho a disfrutar de salidas puntuales de prisión si el preso ha cumplido ya un cuarto de su condena, no tiene mal comportamiento y no existe riesgo de fuga, les recuerda que es necesario que pongan de manifiesto su compromiso personal con las vías pacíficas y democráticas y su desvinculación de la banda.
La progresión de segundo a tercer grado o régimen abierto se produce cuando el preso manifiesta su disposición a hacer frente a la responsabilidad civil a que fue condenado (la indemnización a la víctima), reconoce el daño causado y expresa su renuncia a la violencia. Tanto los presos clasificados en segundo como en tercer grado tienen derecho a 36 y 48 días de permiso ordinario, respectivamente. Por último, para acceder a la libertad condicional es necesario encontrarse en tercer grado y haber extinguido tres cuartas partes de la condena, además de observar buena conducta y tener un pronóstico individualizado favorable de reinserción social.
El Gobierno vasco se compromete, por su parte, a defender ante las instituciones del Estado una política penitenciaria diferente y la transferencia de la competencia de prisiones recogida en el Estatuto de Gernika. “Esperamos que esta información sea de su interés –concluye la carta- y si necesitase cualquier información adicional, no dude en pedírnosla”.
