La batalla jurídica por la fianza civil de 1,24 millones de euros impuesta al PP por su 'caja B' aún no ha terminado. Génova 13 ya ha presentado un segundo recurso y prepara para las próximas semanas más medidas ante los tribunales para evitar consignar o, al menos, reducir la elevada cuantía que como responsable civil subsidiario les impuso el juez José de la Mata hace ahora un año dentro de la pieza separada del 'caso Gürtel' sobre los llamados 'papeles de Bárcenas'. De hecho, la resolución de la Audiencia Nacional conocida este miércoles por la que se rechazaba un primer recurso del partido a dicha fianza se había visto precedida de use segundo escrito: un recurso de reposición desconocido hasta ahora y al que ha tenido acceso Vozpópuli.
El PP esgrime ahora un supuesto error en el trámite judicial de su primer recurso para pedir revisar de nuevo la fianza
En el mismo, la formación esgrime nuevos argumentos jurídicos para evitar el pago de la elevada cantidad. Según las fuentes jurídicas del PP consultadas por este diario, este escrito no será el último y, de hecho, aseguran que sus abogados están a la espera de recibir diversa documentación que han reclamado al Juzgado, entre ella varios autos de solvencia parcial de los procesados, para preparar otros. Las acusaciones, sin embargo, califican esta ofensiva jurídica como "una maniobra de dilación con la que el partido pretende que no se sepa de dónde sacan el dinero para hacer frente a dicha fianza".
El primer recurso había sido presentado el pasado 26 de mayo, días después de que el juez De la Mata les apremiara a que depositaran la cantidad bajo la amenaza de embargarles. Entonces, los representantes legales del PP alegaron tanto una supuesta equivocación en el cálculo de la cantidad a afianzar como el hecho de que los responsables directos de los delitos -los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Páez y la empresa Unifica que hizo las obras de reforma en la sede- eran solventes para asumir el pago de la totalidad de la fianza. Ahora, en este segundo recurso, fechado el pasado 2 de junio y de 13 páginas de extensión, esgrimen un supuesto error en el trámite judicial de aquel primer escrito. En concreto, aseguran que el mismo fue facilitado de manera improcedente a las "demás partes personadas" y que ello motivo que dos acusaciones presentaran sendos escritos impugnando la pretensión de los 'populares' de evitar la fianza.
"Nulo de pleno derecho"
Este segundo escrito de la formación ahora conocido insiste en que aquel escrito inicial suyo nunca debió ser facilitada a dichas acusaciones ya que considera que no están personadas en la llamada pieza de responsabilidad civil, en la que aseguran que sólo figuran el propio PP y la Fiscalía, y que, por tanto, no estaban legitimadas para impugnar su recurso. Por ello, los representantes legales de la formación consideran que todo el proceso de los últimos días que ha terminado con la resolución que les obliga a consignar la millonaria cantidad es "nulo de pleno derecho". De este modo, reclaman que se deje sin efecto el traslado de aquella documentación a las partes y, por lo tanto, se inadmitan sus respectivos escritos de impugnación. Con ello, el PP pretende que la Audiencia Nacional estudie de nuevo su primer recurso, en esta ocasión sin tener en cuenta las alegaciones de ambas acusaciones.
La existencia del segundo recurso se ha conocido el mismo día que la Audiencia Nacional rechazaba el primero y mantenía la fianza
Pese a estar fechado la semana pasada, el escrito ha llegado a las partes este miércoles, precisamente el mismo día en el que se conocía la decisión de la Audiencia Nacional de rechazar el primer recurso del PP con un decreto de la letrada de Administración de Justicia (antes, secretaria judicial) que concluía que la resolución por la que se requería al PP prestar la fianza bajo la amenaza de embargarle no contenía "ningún pronunciamiento objeto de impugnación". Para ello, recogía hasta nueve resoluciones judiciales dictadas desde hace un año en el procedimiento. Un varapalo no esperado por el PP, ya que fuentes de Génova aseguran a este diario que la Audiencia Nacional debería haber resuelto sobre su segundo recurso de reposición antes de tomar dicha decisión.
Fianza impuesta hace un año
El juez impuso la fianza de responsabilidad civil al PP el 28 de mayo de 2015 en el auto de apertura de juicio oral en la pieza separada del 'caso Gürtel' en el que se investigaron los célebres papeles de Bárcenas. En el se recogía la comisión de diversos delitos contra la Hacienda Pública fruto de la existencia de esa supuesta contabilidad paralela del partido que era gestionada por los tres empleados del partido acusados, Lapuerta, Bárcenas y Páez. Con ese dinero, presuntamente se pagaron sobresueldos, gastos electorales y se financió una parte de la remodelación de la sede del partido en la madrileña calle de Génova que ejecutó Unifica, la empresa del también procesado Gonzalo Urquijo.
El PP cubrió la pasada semana la fianza de 1,24 millones que le exigía el juez De la Mata con dos avales del Banco Popular
Una parte de los 1,24 millones requeridos por el juez De la Mata al partido son los 220.167 euros correspondientes a la cuota del Impuesto de Sociedades que los 'populares' debieron haber abonado por las donaciones irregulares recibidas en 2008, el único ejercicio no prescrito a efectos tributarios del periodo que recogen los apuntes contables de Bárcenas. Los 1,02 millones restantes provienen de la cuota, también del Impuesto de Sociedades, que la empresa Unifica se ahorró al no tributar el dinero que el PP le pago en negro procedente de su caja B. El pasado viernes, Génova presentó en la Audiencia Nacional dos avales de una sucursal del Banco Popular para cubrir la cantidad exigida por el magistrado como fianza civil. El objetivo ahora de su ofensiva jurídica es recuperarlos.
