El Portal de Transparencia que acaba de lanzar el Gobierno de Mariano Rajoy alberga llamativas deficiencias en el caso de los currículum de los altos cargos del Ejecutivo. Al caso del ministro de Defensa, Pedro Morenés, que no da cuenta de su pasada vinculación a un fabricante de bombas de racimo, se suma también el de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que esconde haber sido asambleísta de Caja Madrid entre 2004 y 2010, según los datos disponibles en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta alto cargo figura, junto a la líder del PP madrileño, Esperanza Aguirre, en las principales quinielas para ser candidata de los populares al Ayuntamiento de Madrid y reemplazar en la alcaldía a Ana Botella, autodescartada en esta carrera.
En su condición de diputada regional, Cifuentes ocupó durante estos años un asiento en la Asamblea General de la entidad bancaria, transformada luego en Bankia. Este cónclave, que se celebraba entre dos y cinco reuniones anuales, estaba integrado por unos 320 miembros, con el siguiente reparto: 112 elegidos por los clientes; 100 de las corporaciones municipales, 36 del cupo de empleados, 40 miembros de Asamblea de Madrid y 32 propuestos por entidades representativas.
Entre sus funciones, tal y como rezaban en los Estatutos de Caja Madrid, estaban las de definir anualmente las líneas generales del plan de actuación de la Caja; aprobar las cuentas anuales de la entidad, así como la gestión del Consejo de Administración e incluso nombrar a los vocales de este máximo órgano ejecutivo y a los miembros de la Comisión de Control.
Cifuentes participó en la Asamblea General del 28 de enero de 2010 y votó a favor del punto que aprobaba el relevo de Miguel Blesa por Rodrigo Rato
Se da la circunstancia, según las fuentes bancarias consultadas por Vozpópuli, de que Cifuentes participó en la Asamblea General del 28 de enero de 2010 y votó a favor del punto que aprobaba el relevo de Miguel Blesa por Rodrigo Rato al frente de la Presidencia de Caja Madrid. En concreto, la lista liderada por el exvicepresidente económico del Gobierno tuvo el visto bueno de la Asamblea General por 303 de 325 votos válidos (22 fueron en blanco). La participación fue del 98% de los miembros, entre ellos Cifuentes. Como vicepresidentes de la Caja salieron José Manuel Fernández Norniella, hombre de confianza de Rodrigo Rato, Virgilio Zapatero, por el Partido Socialista de Madrid (PSM) y José Antonio Moral Santín, de Izquierda Unida (IU).
Tantos estos vicepresidentes como el propio Rato utilizaron tarjetas de crédito "opacas" con cargo a la entidad, según la documentación que remitió la Fiscalía Anticorrupción al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. El exministro del PP gastó 90.000 euros entre enero de 2010 y mayo de 2012, mientras que su 'número dos', Fernández Norniella, hizo lo propio con 175.400 euros entre 2006 y 2012. Ambos fueron votados por la hoy delegada del Gobierno en Madrid, entonces diputada regional. El PP dio de baja a Rato en la militancia del partido a raíz de este escándalo.
Según el artículo 29 de los Estatutos, la Caja remitía a los consejeros generales, sin costo para ellos, veinte días antes, al menos, de la Asamblea General las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de la Comisión de Control sobre la censura de cuentas y, en su caso, el informe de auditoría externa. Cifuentes asistió posteriormente a la Asamblea General del 5 de mayo de 2010 y votó a favor de la aprobación de las cuentas del año anterior, el correspondiente a 2009. Aquel ejercicio, como en anteriores, se habían realizado gastos opacos con las 'tarjetas black'.
Si bien en el nuevo Portal de Transparencia, Cristina Cifuentes silencia su vinculación con esta entidad bancaria, en la biografía que figura en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en su condición de delegada del Gobierno en Madrid, sí incluye que formó parte del "Consejo General de Caja Madrid", refiriéndose a la Asamblea. Sin embargo, no especifica durante qué fechas ostentó este puesto y menos que coincidió con la etapa de Miguel Blesa y de Rodrigo Rato. Este currículum sin dato alguno sobre el tiempo que estuvo en la Asamblea General de Caja Madrid, es el que la delegada ha esgrimido como válido este sábado en las redes sociales para negar cualquier voluntad de ocultar algo. Según ha indicado Cifuentes a raíz de lo publicado por Vozpópuli, ella mandó esta versión larga del currículum al Portal de Transparencia, pero "fue necesario reducirlo para que encajara en su formato". Veinticuatro horas después de esta noticia, la delegada del Gobierno ordenó al Portal de Transparencia que modificara su ficha e incluyera su vinculación al Consejo General de Caja Madrid, tal y como consta actualmente.
Otras responsabilidades que no han sido incorporadas a su ficha en el Portal de Transparencia son su participación en el Consejo Regional de Patrimonio Histórico y en la Comisión Permanente del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y el Consejo Taurino de la Comunidad de Madrid. Tampoco detalla que formó parte del Consejo de Administración de Radiotelevisión Madrid (1995-1999), del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid (1995-2003), de la Comisión Mixta de transferencias Estado-Comunidad de Madrid (1996-1999) y de la Comisión Regional de Museos de la Comunidad de Madrid (2002-2003).
El choque con la plataforma antidesahucios
La delegada del Gobierno en Madrid protagonizó el pasado año un enfrentamiento con la exportavoz de la PAH, líder hoy de Guanyem Barcelona, que terminó en los tribunales. "Ada Colau y las personas que están en la plataforma anti-desahucios han manifestado su apoyo, en determinadas ocasiones, a Bildu, a Sortu y a esos grupos que a mi modo de ver y al de muchos españoles tienen que ver con el entorno de ETA", declaró Cifuentes en RNE. Ante ello, Colau interpuso una demanda, pero el Juzgado de Primera Instancia 57 de Barcelona la desestimó hace unas semanas al entender que no existía vulneración del derecho al honor.
En la resolución, la jueza Eva María Atarés afirmó que "la señora Cifuentes no calificó a la señora Colau o a la Plataforma como 'filoetarras' o 'proetarras', sino que utilizó esta expresión para referirse a los mencionados grupos de la izquierda abertzale". Además, apuntó que la delegada del Gobierno en Madrid "tampoco se refirió a la demandante como 'terrorista'". La magistrada añadió que "no se utilizaron términos directamente peyorativos, vejatorios o injuriosos, ni tampoco se imputó a la actora la comisión de hechos delictivos, puesto que la vinculación con grupos y partidos políticos de la izquierda abertzale no lo es".
