El PP contribuyó con sus pagos en B a que se cometieran cuatro delitos de fraude fiscal. Es la conclusión que arroja el informe definitivo de Hacienda sobre la reforma de la sede de Génova en Madrid. Según sus conclusiones, el Partido Popular pagó en dinero negro, al menos 1,4 millones de euros de la reforma de su sede de Génova entre los años 2006 a 2010 que permitieron al despacho de arquitectos que realizó esa obra eludir el pago de 1.628.172,55 euros en concepto de Impuesto de Sociedades y otros 265.426 euros en concepto de IVA. Esas "cuotas superan los 120.000 euros, límite cuantitativo del artículo 305 del Código Penal", explican los inspectores de Hacienda para justificar sus dos acusaciones por delito en el Impuesto de Sociedades. Igualmente añaden que "por en el año 2009 y 2010 resultan unas cuotas supuestamente defraudadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) superiores a 120.000 euros", cantidad constitutiva de delito.
El 63,99% del dinero evadido al fisco fueron pagos del PP en años como 2006
El informe fechado el pasado 2 de febrero no muestra los conceptos agregados pero a lo largo de 111 páginas de análisis y otras 209 de anexos documentales desglosa cada uno de los fraudes, dando validez a buenas parte de los apuntes de los llamados "papeles de Bárcenas", es decir, de la supuesta contabilidad B del Partido Popular, y expone dos mecanismos de fraude: los pagos en B y la manipulación de fechas de pago.
En cuanto a los pagos en dinero negro, Hacienda cita, por ejemplo, el año 2006 en el que Unifica, la empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo, cometió presuntamente dos delitos en el pago del Impuesto de Sociedades puesto que dejó de declarar ingresos por valor de 750.000. Más de la mitad de esa ocultación se debe a los pagos en sobres del Partido Popular que ese año ascendieron a 480.000 euros, según Hacienda. Esa cifra constituye un 64% del total de dinero no declarado ese año. Esa ocultación permitió eludir el pago de 332.295,30 euros en concepto de impuestos. Igualmente, en el año 2007, los arquitectos ocultaron ingresos por valor de 4.391.613 euros de los que 486.041,12 euros provenían de los fondos B del Partido Popular, revela el informe de Hacienda. En ese año, Unifica eludió el pago de 1,2 millones de euros de impuestos.
Igualmente, el informe detalla cómo se produce un fraude fiscal en el impago del IVA de los años 2009, cuando se elude el pago de 145.005,35 euros, y de 2010, en el que se deberían haber abonado 120.420,82 euros.
Más irregularidades fiscales no constitutivas de delito
El análisis de Hacienda permite detectar otras irregularidades con dinero negro en años en los que no se llega a alcanzar el umbral de delito fiscal. En concreto, en el año 2008, el Partido Popular también habría efectuado pagos en B a Unifica. Sin embargo, la cantidad defraudada en ese año sólo asciende a 90.859,05 euros lo que significa que se supera el límite de 120.000 euros constitutivo del ilícito penal. Ese año, sin embargo, el Partido Popular fue casi el único pagador en negro del despacho de arquitectos ya que sus sobres representan el 91,71% del dinero evadido al fisco.
En 2008 también hubo pagos en B pero el fraude queda en 90.859 euros y no constituye delito
Además del fraude de los pagos en B, Hacienda detecta un segundo mecanismo de irregularidades en el que también habría participado el PP: trucar las fechas de pagos y facturas para evitar el pago de impuestos. Según detalla el informe de la Agencia Tributaria, sólo en 2007 el despacho de arquitectos hizo un baile de fechas sobre 2,7 millones de euros en pagos para no superar ciertas cifras de negocio y evitar el pago de impuestos, un falseamiento en el que habría colaborado el pagador, es decir, el Partido Popular, según consta en el detalle anual que hace la Agencia Tributaria para cada ejercicio.
Ese falseamiento de fechas había sido ya detectado por el juez instructor en el intercambio de correos electrónicos entre el arquitecto y los tesoreros del PP. "Sé que nos hicisteis el favor de cambiar la fecha de la factura con el fin de no penalizarme (...) y os lo agradezco porque estamos un poco asfixiados", decía Urquijo al propietario de la cuenta de correo cpv@pp.es al que la Policía identifica como Cristóbal Paez. Además, se detectó un segundo correo en el que se hacía constar que hay obras terminadas desde hacía un año y no facturadas y en el que se solicitaba al PP que pague algún porcentaje, "hasta el 90%" se le pide, por los problemas de tesorería que genera esa práctica de trucar las fechas de las obras para retrasar los pagos a otros años. Hacienda describe ahora ese mecanismo como una "imputación temporal de ingresos de un ejercicio a otro".
El informe se ha retrasado durante casi cinco meses y ha sido remitido finalmente tras ser visado por la inspectora jefe de la ONIF, María García-Valdecasas. Ese retraso llevó al propio magistrado a reclamar con urgencia la documentación pendiente y a apercibir a Hacienda en su escrito para que se abstuviera de hacer "consideraciones relativas a los efectos del transcurso del tiempo", en referencia a la posible prescripción de dichos delitos, ya que consideraba que dicha "valoración" correspondía hacerla a él "una vez sea presentada el informe ante el Juzgado". Hacienda hace constar ese extremo explícitamente en el cuarto párrafo de sus conclusiones al asegurar: "las propuestas de regularización que se contienen en el presente informe se han elaborado omitiendo cualquier análisis que los efectos del transcurso del tiempo (prescripción) pudieran haber producido en el marco de estas diligencias previas".
