PP y Ciudadanos han suscrito un amplio conjunto de medidas socioeconómicas para toda la legislatura -pese a que lo firmado es sólo un pacto de investidura- donde sobresale el "Complemento Salarial Garantizado", que ya formó parte del acuerdo entre naranjas y socialistas el pasado febrero. Su partida para el primer año ha sido fijada en 1.300 millones (2.100 euros en los tres años siguientes), la más alta de todas las previstas en el apartado de gastos. Este complemento va recogido en el texto en forma de "impuesto negativo sobre la renta de las personas físicas que mejore los ingresos de los trabajadores, considerando su jornada laboral y su renta, y sus condiciones y patrimonio familiar. El programa electoral de la formación de Albert Rivera planteaba que fuera destinado a los más de dos millones de hogares que no llegan a fin de mes. Contemplando una ayuda de unos 1.400 euros al año de media, C's abogaba por reservar una partida total de 2.800 millones de euros.
La segunda medida que goza de una mayor dotación es el plan contra la pobreza infantil, que recibe 1.000 millones el primer ejercicio (y 1.560 en los sucesivos hasta 2020) como refuerzo a los Fondos creados desde 2014. El partido centrista defendía aumentar la cuantía de la prestación anual media que recibe cada hogar hasta los 150 euros por hijo para las rentas inferiores a los 600 euros mensuales. Y calculaba que ello precisaría de una inversión de 2.651 millones de euros.
El complemento salarial va recogido en forma de "impuesto negativo sobre la renta de las personas físicas que mejore los ingresos de los trabajadores"
El ambicioso paquete de medidas sociales pactado por PP y Ciudadanos alcanza en total los 28.500 millones de euros de gasto hasta 2020. Éstas sólo podrán empezar a aplicarse si prospera la investidura del candidato popular, Mariano Rajoy. ¿Cómo se financiarán tales actuaciones sin aumentar el déficit, sin poner en riesgo la estabilidad presupuestaria y los compromisos con Bruselas? De los 28.500 millones consensuados, el grueso de los ingresos (29.000 en total) para sostener tal desembolso progresivo proviene de una revisión del Impuesto de Sociedades, cuya reforma impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido "desastrosa", explican a Vozpópuli fuentes de la formación naranja.
En concreto, con ese nuevo redactado del Impuesto de Sociedades se conseguirían 15.000 millones de euros extra hasta 2020. El Gobierno tenía presupuestado ingresar 24.000 millones de euros este año a través de dicho tributo, pero al final logrará en torno a la mitad, 12.000 millones. El desglose de recaudación que hace los economistas de PP y C's es obtener, mediante esa reforma del impuesto, 3.000 millones más en 2017, y 4.000 anuales más en 2018, 2019 y 2020. De este modo, los partidos quieren ampliar la capacidad de recaudación de este tributo, "eliminando las deducciones de las grandes empresas", y sobre todo poniendo freno a que los capitales millonarios ingenien alternativas tributarias.
La segunda fuente de financiación a la que recurre el pacto de PP y Ciudadanos es lo que han denominado el "pinchazo de la burbuja política". Esto consistirá en una racionalización de empresas públicas y en un ajuste en los recursos destinados a las diputaciones provinciales, que finalmente no serán suprimidas, como exigía Ciudadanos. De tales actuaciones, los partidos esperan conseguir un ahorro de 7.000 millones en cuatro años. El primero año reportarían 1.000 millones y en los otros tres, el doble (2.000 por ejercicio).
Sin cifra concreta
Y la tercera pata de los ingresos la conforman la recuperación de dinero "perdonado" a los defraudadores en la amnistía fiscal de Montoro y la lucha contra el fraude. Respecto a la primera medida, C's ha calculado que se podrían recuperar 2.800 millones de aquella regularización, donde el gravamen que se aplicó a los defraudadores fue del 3% en lugar del 10%. Sin embargo, el documento pactado no concreta ninguna cifra y la estimación que hacen los populares, que había alegado serios problemas legales al respecto, es sustancialmente inferior. Con todo, el compromiso genérico de exigir tales cantidades se ha plasmado en el acuerdo de investidura.
Sin embargo, existe un problema de gran calado en esta cuestión y es que el tiempo para recuperar ese dinero expirará el próximo 30 de noviembre al prescribir cualquier obligación. Preguntados al respecto sobre qué ocurriría si el eventual Gobierno no reclama las cantidades antes de esa fecha, fuentes negociadoras del partido naranja han asegurado a Vozpópuli que el PP "ha dado su palabra" de que emprendería los trámites necesarios para exigirlas "en cuanto haya Gobierno, pero claro tiene que haberlo y ello depende del Partido Socialista". El pacto de El abrazo entre naranjas y socialistas contenía esta medida e incluyó la cifra exacta de 2.800 millones. Con esta actuación y otras para combatir el fraude fiscal, PP y Ciudadanos esperan ingresar también 7.000 millones de euros hasta 2020 (1.000 a lo largo de 2017 y 2.000 en los tres ejercicios posteriores).
El tiempo para recuperar ese dinero expirará el próximo 30 de noviembre al prescribir cualquier obligación
De esta forma, a partir de las fuentes de ingresos referidas, Ciudadanos ha visto cómo los populares han aceptado buena parte de su plan de choque social y antifraude, cuyas principales medidas habían cifrado durante la negociación en 7.300 millones al año (el texto final establece 8.000 millones). El vicesecretario general de C's, José Manuel Villegas, dijo la formación centrista estaba dispuesta a negociar la cuantía y los plazos de implantación de estas medidas, pero no aceptaba que quedaran "en una mera declaración de intenciones", sin mayor concreción.
Asimismo, han salido adelante, como proponía C's, la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad (4 semanas el primer año y 4 semanas el segundo año), con una asignación de 400 millones en 2017 y 800 anuales durante la legislatura; un programa de ayudas para cubrir gastos en escuelas infantiles de 0 a 3 años, dotado de 300 millones el primer ejercicio y dirigido a personas de rentas bajas; y un plan contra el fracaso escolar, que consiste en ofrecer financiación adicional a los centros con alumnos que provengan de entornos desfavorecidos para que mejoren sus programas de atención a la diversidad o contraten profesores de apoyo se cuantifica. Con ello se podría atender a unos 800.000 alumnos. Este 'Plan Prefe' tiene una asignación de 60 millones en 2017 y luego se incrementa 500 cada año.
Más cobertura para parados de larga duración
Además, ambos partidos han suscrito el compromiso de lanzar un programa de activación para el empleo (PAE Plus), con 500 millones anuales. Va dirigido a aumentar el grado de cobertura de los desempleados de larga duración y sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. También han previsto un proyecto de refuerzo educativo (de 60 millones el primer año) y un plan de gratuidad de libros de textos para escolares (350 millones al año). A ello se unen sendas inyecciones al sistema sanitario (100 millones) y a la Dependencia (440 millones). En materia de Justicia, el texto contempla un plan de modernización (recursos tecnológicas) y de choque (aumento de un 10% del personal funcionario) con partidas de 250 y 100 millones para 2017, respectivamente. El impulso de la Red Cervera de Transferencia Tecnológica y un programa contra el fraude para la Agencia Tributaria, ambos con 100 millones el primer ejercicio, completan las políticas de gasto.
