El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ha ordenado este jueves al PP que le entregue la documentación que le requirió el pasado mes de julio y que el partido todavía no había aportado. El magistrado ha enviado a la Policía Judicial con un requerimiento de información en el que exige a Génova que entregue las facturas de su reforma contenidas en su contabilidad oficial. La presencia de la Policía Nacional en Génova, 13 ha terminado sobre las 10 de la mañana, tras aproximadamente 14 horas dentro de la sede.
El objetivo: recabar nueva documentación sobre las obras de reforma que se llevaron a cabo en el edificio entre 2005 y 2011 y que están siendo investigadas por la sospecha de que una parte importante de las mismas fueron pagadas con dinero negro. El registro se inició a las nueve de la noche, cuando el secretario del juzgado acompañado de varios policías se personaron en la sede del PP para reclamar a los responsables del partido todas las facturas que tuvieran sobre las obras y que, supuestamente, aún no han sido aportadas al Juzgado pese a que el magistrado las reclamó el pasado verano.
Fuentes del Partido Popular aseguran que no se ha dictado una orden de registro de la sede de Génova sino que sólo se ha producido un "requerimiento de información" y sostienen que el PP está colaborando con la Policía. La actual tesorero de la formación, Carmen Navarro, es la persona que está atendiendo los requerimientos de documentación del juzgado que comenzó a las ocho y media de la tarde y se ha prolongado hasta la medianoche.
El detonante de la decisión del juez fue una documentación que el propio partido remitió hace unos días a la Fiscalía Anticorrupción para intentar contrarrestar un documento de la UDEF que apuntaban a la existencia de pagos en B a la empresa responsable de las obras, Unifica Servicios Integrales SL, de al menos 888.000 euros. Tras aquel informe, el juez Ruz emitió un auto en el que hablaba de "la presunta existencia por parte del Partido Popular de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas”. Al parecer, entre los documentos que Génova remitió al Ministerio Público para hacer frente a las conclusiones de la Policía y del propio magistrado, los 'populares' incluyeron facturas que no había hecho llegar a éste pese a que se los había reclamado el pasado mes de julio.
Éste es el segundo registro que el juez Ruz ordena practicar dentro del caso de los 'papeles de Bárcenas' y, más en concreto, dentro de la investigación sobre el supuesto pago en negro de un 30% de las obras de remodelación que llevó a cabo el PP en su sede principal. Una investigación que arrancó después de que Bárcenas asegurara que varios apuntes contables de los célebres 'papeles' se correspondían con pagos en negro al arquitecto Gonzalo Urquijo por las obras en la sede. Según dijo entonces elextesorero, en aquellos años la caja del partido tenía más dinero 'en negro' que 'blanco'. El anterior registro se produjo el pasado 27 de septiembre en las oficinas del estudio de arquitectura de Urquijo y, en el mismo, los agentes intervinieron numerosas documentación en papel y abundante material informático, entre ellos el cruce de correos electrónicos entre responsables de la empresa y dirigentes del partido. El volumen de todo ello retrasó hasta los últimos días la entrega de varios informes.
La llegada de los análisis policiales han provocado en los últimos días que el juez Ruz tomara nuevas medidas. La primera, la imputación del que fuera gerente de la formación, Cristobal Páez, al que el pasado lunes tomó declaración junto al arquitecto Gonzalo Urquijo, también encausado. Además, el magistrado supendió este mismo jueves las declaraciones que tenía previsto tomar a tres testigos relacionados con estas obras. En concreto, dos empleados de Unifica y el jefe de seguridad del PP, Antonio de la Fuente, cuñado de Luis Bárcenas. El juez tomó esta decisión después de que la UDEF entregara pocas horas antes nuevos informes sobre la documentación intervenida en el registro de Unifica en cuyas conclusiones se apuntaba a la posible existencia de actividades delictivas en la actuación de algunos de las personas que iban a declarar como testigos, según señalaron a este diario fuentes jurídicas.
