Es más que una fecha. Aquel día supone un antes y un después en el debate sobre la corrupción en Cataluña. El 24 de febrero de 2005 el entonces presidente de la Generalitat se atrevió a decir en voz alta lo que hasta entonces había sido la comidilla. El socialista Pasqual Maragall acusó al jefe de la oposición, Artur Mas, de que Convergencia i Unió (CiU) se quedaba con el 3% de los costes de la obra pública que había adjudicado mientras estuvo en el Gobierno catalán. La sesión era un pleno monográfico a cuenta del hundimiento del túnel del metro del Carmel, en Barcelona.
Pero Maragall se la tuvo que envainar ante el órdago de Mas de dinamitar el consenso necesario para llevar a buen puerto la reforma del Estatut: “Ahora mismo acaba de mandar esta legislatura a hacer puñetas y ha roto la confianza”. El famoso porcentaje era un tema tabú. El president había cruzado las líneas rojas, quizá demasiadas. Incluso se llegó a sugerir que ese 3% estaba más generalizado de lo manifestado por Maragall y que no era exclusivo de CiU.
El frente independentista mantiene en sus filas parlamentarias a siete diputados de aquella legislatura, la quinta del 3%: seis pertenecían a CiU y uno a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Los convergentes que siguen son Artur Mas, Josep Rull, Lluís Corominas, Irene Rigau, Antoni Castellà y Albert Batalla. El diputado de ERC presente en 2005 y elegido ahora es Oriol Amorós.
La lista de escándalos de corrupción asociados a Convergencia es larga. Como muestra: Banca Catalana, caso Adigsa, caso Palau, caso ITV...
Los escándalos de corrupción que afectan a CDC hunden sus raíces en la noche de los tiempos de la transición y salpican al no tan honorable Jordi Pujol y familia. Pero la lista es pródiga: Banca Catalana, caso Adigsa, caso Palau, caso ITV…
En su ansía frentista, el socio preferente de Artur Mas en Junts pel Sí, la ERC de Oriol Junqueras, ha orillado su compromiso de luchar contra la corrupción. Aquel famoso debate parlamentario se enmarca en los tiempos del Tripartito. ERC (al frente estaba Josep Lluís Carod Rovira) es socio del PSC. Entonces el enemigo era Mas. En 2012, ERC denunció presuntas adjudicaciones irregulares e intentos de soborno en el Ayuntamiento de Torredembarra.
El pacto de gobierno entre ERC y CIU en 2012 obliga Junqueras a un acto de prestidigitación. Con la boca pequeña, le pide a Convergencia que muestre su compromiso en la lucha contra la corrupción. Pero se pone una venda en los ojos para seguir adelante en la aventura frentista. No le tiembla el pulso ni tan siquiera mientras su socio es investigado judicialmente.
Poco antes de la campaña de las recientes autonómicas, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil registraron la Fundación Catdem y el despacho de su administrador, en la sede de CDC, para investigar si cobró comisiones ilegales de la empresa Teyco como favor por la concesión de obras públicas en municipios con alcaldes convergentes. La sombra del 3% persigue a Mas, pero Junqueras prefiere ver la “mano negra” de la Fiscalía y el Gobierno español.
