La confesión esta semana del menor de 16 años acusado de agredir sexualmente y asesinar el pasado mes de mayo a Leticia Rosino, una mujer de 32 años de Castrogonzalo (Zamora), reconociendo su autoría del crimen, ha vuelto a reabrir el debate sobre la modificación de la ya de por sí polémica Ley del Menor y el endurecimiento de penas para los menores de 18 años que cometan crímenes de gravedad.
Ya en el momento de los hechos, miles de personas pidieron una reforma legislativa para endurecer las penas. Se sumaban de esta forma a años de lucha -casi siempre individual o de colectivos minoritarios- que defienden cambios radicales en una ley que, consideran, ampara a los menores de edad hasta el punto de no castigar debidamente delitos tan graves como el asesinato o la agresión sexual.
Uno de los colectivos que encabezaron la concentración en Castrogonzalo después del asesinato después de la violación y asesinato de Leticia Rosino fue la Plataforma 18M, un movimiento nacido hace apenas unos meses que aboga -según explica su ideario- por la Prisión Permanente Revisable, el endurecimiento de las leyes en España, condenas ejemplares y equitativas a los delitos cometidos y el cumplimiento integro de las mismas. La plataforma está presidida por Juan José Cortés, padre de la niña Mariluz, asesinada hace una década, y uno de los rostros más reconocidos del activismo en favor de la prisión permanente.
Pero el debate sobre la prisión permanente revisable no es el único que está sobre la mesa. El endurecimiento de penas a los menores lleva años presentándose ante los legisladores. Un asunto que, sin embargo, hace que los partidos políticos no sean tan vehementes a la hora de prometer cambios en la legislación existente.
Mientras los políticos calculan el rédito de sus propuestas en este terreno, la sociedad intenta por libre hacer llegar sus reclamaciones, ya sea a través de estas plataformas o de manera individual. Es el caso de David Carlos Suárez Cabrera, que ha creado en la plataforma change.org una petición para que se cambie la Ley del Menor en España. En su opinión, según recoge en su reclamación, la Ley adapta el contenido del Código Penal a la realidad de los menores con el objetivo de conseguir su reinserción, por lo que no impone "penas", sino "medidas" orientadas a la reeducación.
Hasta el momento, la petición ha conseguido reunir más de 7.200 adhesiones de las 7.500 establecidas como objetivo de éxito. El origen de la recogida de firmas es el brutal asesinato de dos ancianos en su vivienda de Bilbao por un grupo de menores cuya condena se ha limitado a seis años de internamiento para dos de los acusados.
Quince años de reivindicación
La Ley del Menor, cuya denominación oficial es 'Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores', entró en vigor en el año 2000 -con el Gobierno de José María Aznar- y desde entonces ha estado perseguida por la polémica, especialmente en aquellos casos en los que menores de edad 'avanzada', es decir, aquellos que están muy cerca de la mayoría de edad, han cometido crímenes de gravedad y se han beneficiado de los beneficios de una legislación muy laxa con los más jóvenes.
En el imaginario colectivo se encuentra el caso de Sandra Palo, una joven española que con 22 años y una discapacidad psíquica leve, resultó brutalmente violada y asesinada por un grupo de menores de edad en el año 2003.
Su asesinato conmocionó a la sociedad española no sólo por la brutalidad del crimen sino por las penas a las que fueron sometidos los autores. De los cuatro implicados en el asesinato, tres de ellos eran menores de edad que fueron condenados a diferentes penas de internamiento. El que más tarde abandonó su reclusión lo hizo en el año 2012. Todos continuaron delinquiendo.
A raíz de la muerte de la joven, su familia inició una recogida de firmas para la solicitud de un endurecimiento de las condenas con una reforma de la Ley del Menor, llegando a lograr un millón de adhesiones. La evolución del caso reabrió el planteamiento de las reformas para el endurecimiento de las penas de los menores delincuentes en España.
Quince años después, la reivindicación sigue en el aire. La madre de Sandra Palo, María del Mar Bermúdez, ya reapareció en la concentración celebrada en Zamora para pedir la reforma legal. "Debería haberse modificado hace años y si los políticos no hacen nada, debería ser el pueblo el que saliera a la calle, que coja el relevo de los mandatarios y que la sociedad reclame este cambio", expresó en su momento para defender una batalla que no tiene previsto abandonar después de 15 años de lucha.
