El Gobierno someterá al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria el proyecto de la planta fotovoltaica del municipio de Zarcilla de Ramos, en la localidad de Lorca, en Murcia. La inversión de 300 millones de euros prevista por la empresa X-Elio sigue en el aire tras la última decisión del Ministerio de Transición Ecológica, que frena nuevamente –como ya lo hizo el pasado año– este plan para construir un macrohuerto solar que la empresa había reducido a casi la mitad –un 40%– el tamaño de la planta para conseguir la ‘luz verde’ que sigue sin llegar por parte del Ejecutivo central.
Esta decisión del Gobierno, recogida este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es fruto de la realización del procedimiento preceptivo: la evaluación de impacto ambiental. Una vez practicado este paso previo, contra cuya resolución no cabe recurso administrativo, y al considerar que la modificación planteada por la empresa puede tener “efectos adversos significativos sobre el medio ambiente”, el Ministerio de Transición Ecológica exige que el proyecto se someta a la evaluación ambiental ordinaria.
Más allá del impacto genérico que tendría la construcción de este macrohuerto solar sobre el territorio, el principal motivo que arguye el Ministerio es de la conservación del siso común, una ave esteparia de la que apenas se conservan unos treinta ejemplares en la Región de Murcia. Y concretamente, buena parte de los mismos se encuentran en los llanos de Zarcilla de Ramos, donde X-Elio proyecta desde hace años 729 hectáreas de placas fotovoltaicas que han ido menguando para tratar adaptarse a las exigencias ambientales.
Pese a que la promotora había reducido en 279 hectáreas –hasta las 450– este macrohuerto –que también vería disminuida su potencia respecto a los 333 MW previstos en un principio– con su plan de “modificación del proyecto de la instalación fotovoltaica Lorca Solar PV de 287,616 MW ubicada en los TM de Lorca, Aledo y Totana (Murcia)”, el Ministerio de Transición Ecológica sigue sin dar su visto bueno y exige más garantías procedimentales para cerciorar de forma exhaustiva el impacto que supondría para el territorio una de las mayores plantas energéticas de este tipo en España.
