El careo de peritos celebrado en el caso Plus Ultra este martes sirvió para que las partes reiteraran sus posturas encontradas en relación a si la aerolínea cumplía o no con los requisitos para acceder a la ayuda de 53 millones de euros. Sin embargo, el encuentro sirvió para desvelar nuevos detalles que no se habían tratado hasta el momento en sede judicial. Uno de de ellos es el relativo a que la compañía de las primeras cosas que planeó hacer tras recibir esta inyección de fondos públicos, era pagar petróleo a Venezuela.
Fueron los expertos independientes del juzgado los que sacaron a relucir este capítulo apuntando que les llamó especialmente la atención que Plus Ultra planeara efectuar este abono, según confirman fuentes presentes en el careo consultadas por Vozpópuli. El perito de la aerolínea respondió que se debía a que tenían que pagar a su proveedor y saldar así las cuentas pendientes. Dijo, al respecto, que era un movimiento completamente habitual.
Por su parte, desde la aerolínea sostienen que este experto matizó que no se pudo pagar la deuda con PDVSA por motivos del embargo y sanciones internacionales. Sin embargo los expertos del despacho Martín Molina precisaron que, teniendo en cuenta que se trata de fondos públicos, se podría haber pactado una quita de deuda.
Cabe destacar que la propia aerolínea ya informó a Daiwa Corporate Advisory, asesor financiero de la SEPI, que una de sus prioridades en 2021 era pagar a los acreedores. En la documental remitida al holding, recogida por este diario, la mercantil señaló que entre las previsiones de pago para continuar con su actividad se encontraba el desembolso de 6,1 millones de euros en combustible. Dicha cuantía correspondía a pagos pendientes con PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela.
Los expertos convocados por la juez Esperanza Collazos mostraron de esta forma sus discrepancias en relación a la gestión de estos 53 millones de euros con los que el Gobierno rescató a la aerolínea. Las fuentes precisan que este asunto salió a relucir durante el análisis del plan de viabilidad que la compañía presentó a la SEPI en marzo del pasado año. Estos peritos, designados de manera independiente por el juzgado, ya calificaron de "muy optimista" el plan comprometido por la aerolínea.
Discrepancias sobre Plus Ultra
De esta forma, el careo acordado por las partes sirvió para que tanto unos como otros reiteraran las conclusiones de su análisis. Así, los peritos del juzgado destacaron varios puntos que les hizo sospechar en su momento de la solvencia, mientras que los expertos de la SEPI ratificaron en sede judicial que no veían ningún indicio que les hiciera concluir que Plus Ultra no reunía los requisitos de elegibilidad. La instructora de este procedimiento abierto en abril de 2021 les citó el 18 de enero tras constatar que sus análisis sobre la mercantil difería en ciertos puntos.
En dicha cita los peritos ya mostraron sus discrepancias en relación a tres aspectos de la compañía, pero la juez se vio en la obligación de repetir el careo al constatar que se había producido un fallo en la grabación de la prueba. En esta nueva cita, las posiciones se mantuvieron donde estaban. Las fuentes consultadas explican que de nuevo se trató la cuestión relativa al préstamo de 6,3 millones que Plus Ultra recibió del banco Panacorp, la contabilización de la venta de un avión y las provisiones por litigios.
El debate radica en si la aerolínea cumplía o no los criterios de elegibilidad para recibir fondos públicos; siendo uno de ellos que no estuviera en crisis a fecha de 31 de diciembre de 2019 (antes de la pandemia). Precisamente es en este punto donde las dos partes muestran sus divergencias ya que mientras el perito de Deloitte y DC Advisory mantienen que cumplía las condiciones exigidas, los peritos de parte insisten en su idea de que en esa fecha estaba en causa de disolución.
El préstamo de 6,3 millones, en el foco
Su principal sospecha radica en la verdadera naturaleza de una línea de crédito firmada en diciembre de 2017 reconvertida a préstamo participativo un año después. Los peritos destacaron que la conversión de los 6,3 millones de euros recibidos del banco panameño Panacorp les permitió salir de la causa de disolución por pérdidas en la que se encontraba. Sin embargo, pusieron "en tela de juicio" las condiciones de este préstamo (depositado en un banco en la isla de Dominica) ya que se les impidió utilizar una parte importante de los fondos.
En el informe remitido al juzgado ya expusieron que la imposibilidad de usar esta parte del préstamo era contrario a la causa o fin del propio préstamo, que lo que busca es dotar de liquidez a aquel que lo solicita. Se trata de un razonamiento que volvió a salir a relucir este martes, especialmente en lo que respecta al uso de un banco en un país considerado por la Unión Europea como paraíso fiscal hasta el año pasado.
Al respecto, los peritos de parte respondieron de manera negativa cuando se les preguntó si no saltaron las alarmas en la SEPI al conocer este capítulo de Plus Ultra. Cabe precisar que los responsables del asesor jurídico y financiero del holding ya matizaron en su primera visita en la sede judicial que ellos se pronuncian en relación a los papeles que han podido estudiar del asunto y que su labor en todo esto se ciñe a delimitar si Plus Ultra reunía o no los requisitos para ser elegida. El rescate, como tal, lo concedió el consejo gestor de la SEPI y lo autorizó el Gobierno.
Plus Ultra se defiende
Además del asunto del crédito participativo, también salieron a relucir otros dos aspectos que generan fricciones entre los peritos: la contabilización de 6,3 millones de beneficios por la venta de un avión y las provisiones destinadas a litigios. En el primer caso, los expertos del despacho Martín Molina volvieron a mostrar sus dudas en relación a esta operativa que tuvo repercusión directa en las cuentas de 2019 ya que con la entrega del avión lograron cancelar una deuda de 8,9 millones de euros con bonistas pese a que el avión tenía un valor contable de 2,6 millones de euros.
Del mismo modo las acusaciones que litigan en la causa también preguntaron en relación al capítulo de los 1,84 millones de euros destinados para provisiones para litigios. Los expertos del juzgado destacan que no se formuló esta dotación en las cuentas de 2020 pese a que sí lo reflejaron en las del ejercicio siguiente. Al respecto en su informe ya consideraron que el motivo de este cambio de criterio se debía a la posibilidad de que se les pudiera considerar como "empresa en crisis" en 2020.
Por esos motivos la acusación que ejerce Vox anunció ayer al término del careo que solicitarán la comparecencia del representante legal de la compañía en tanto todavía quedan muchas dudas en el aire sobre el rescate. La magistrada, por su parte, tiene pendiente resolver la última petición de archivo formulada por la Fiscalía, que sostiene que no se produjo malversación, ni prevaricación ni fraude de subvenciones con la entrega de esta ayuda. Del mismo modo sostiene que las divergencias entre los peritos son meramente contables y no afectan a la causa.
Plus Ultra, por su parte, emitió una nota este lunes en la que expuso que no hay sombra de duda de que cumplían con los requisitos exigidos para acceder a la ayuda. Por ello vuelven a solicitar al juzgado que archiven estas diligencias "a la mayor brevedad" a la par que califica las discrepancias entre los expertos de "simples diferencias técnicas o de valoración contable".
