Las purgas de Podemos no salen gratis. El partido morado ya ha tenido que indemnizar a dos trabajadores en Valencia, por un total de 27.000 euros. Son los primeros pagos realizados este año (que deberían sumarse a los desembolsados para la demanda de la exescolta de Irene Montero y el abogado José Manuel Calvente). Pero en los próximos meses los tribunales se llenarán de demandas laborales, con afectados en Andalucía, Madrid y País Vasco, en las que Podemos podría ser condenados a nuevos pagos. Las fuentes consultadas cifran ese gasto en 300.000 euros solo este año.
Solo en Andalucía, 16 extrabajadores de Podemos han demandado a la coalición de Unidas Podemos tras la escisión con Adelante Andalucía. Se trata de miembros del grupo parlamentario que han demandado al partido ahora controlado por Irene Montero, que podría tener que afrontar unos gastos en indemnizaciones de entre 10.000 y 12.000 euros por trabajador, según comentan las fuentes consultadas.
A ellos se suman “dos o tres” trabajadores en el País Vasco. El año pasado dimitió de todos los cargos el ex secretario regional vasco después de unas primarias en las que sorprendentemente ganó la candidata pablista. A partir de ese momento, como a menudo ha ocurrido en otras regiones, se han ejecutados despidos en el partido, cuyos afectados han decidido elevar a los tribunales.
Acoso y atención médica
En Valencia, por ejemplo, también se celebraron unas primarias con un resultado muy ajustado. Resultó ganadora la oficialista Pilar Lima, y pocos meses después de su triunfo más de cinco trabajadores del partido han sido cesados de manera fulminante. Dos de ellos ya han cobrado su indemnización, y en un caso la afectada habló incluso de “acoso” a la formación morada, y tuvo que recibir atención médica.
Los problemas en Valencia no han acabado con estas dos indemnizaciones, sino que otros trabajadores esperan la sentencia del juez. Piden el reintegro en el puesto de trabajo, o recibir una compensación que puede ser incluso superior a la alcanzada por sus otros compañeros. Más casos se dan en La Rioja, donde el partido sigue sin indemnizar a un exdiputado, Germán Cantabrana, quien ganó un juicio por la exclusión en las primarias y tuvo que lidiar, al igual que Calvente, con una acusación falsa de acoso.
A todos ellos ahora se sumarán los seis informáticos cesados el pasado 2 de agosto. Como desveló Vozpópuli, Podemos les echó argumentando “motivos disciplinarios” y que, después de una auditoría realizada por una empresa que algunos califican de “sospechosa”, se han detectado ataques al sistema interno del partido de la que culpan a esos profesionales.
Indignación de los informáticos
Los informáticos de Podemos, según lo que ha podido saber este diario, consideran que se trata de una maniobra orquestada desde hace tiempo para culparles de los amaños en las primarias (que denunciaron a través de una carta interna) y para que la cúpula morada pueda entrar en la intranet de la formación. Y están dispuestos a denunciar el partido.
Si todos estos juicios se concluyen con condenas para Podemos (es decir, que se mantiene la tendencia), el partido morado afrontará pagos de unos 300.000 euros por todos esos juicios. Un desembolso que algunos en la formación califican directamente de “dinero tirado a la basura”, porque en lugar de ser invertidos en equipos y políticas, se irán para tapar los agujeros de una conducción partidista y a veces sectaria de la formación.
