La política financiera de Podemos entre 2018 y 2019 revela gestiones internas poco ortodoxas. La formación morada concluyó el año 2018 sin tener un presupuesto oficial cerrado. Entre febrero y marzo del año siguiente, deprisa y corriendo, la Ejecutiva tuvo que aprobar un documento financiero parcial -que se tituló “presupuesto enero-abril 2019”- para dar cabida a los gastos extraordinarios de campaña electoral (generales, autonómicas y europeas). Ese documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se aprobó el 2 de marzo, cinco días después de que se redactara el borrador del primer contrato a Neurona. Cabe señalar que la consultora todavía no había sido registrada, pero Podemos ya preparaba los papeles para entregar 425.000 euros de un total de tres millones que se planificaba destinar a la propaganda.
A finales de 2018, según fuentes internas de Podemos, la nueva gerente, Rocío Val, explicó a sus compañeros que el presupuesto del partido se iba a prorrogar. La decisión sorprendió a algunos miembros de la formación, ya que el año siguiente era año electoral. La prórroga de las cuentas dificultaba, de hecho, ejecutar gastos extraordinarios como la renovación de la sede del partido o la preparación de mítines de campaña.
Entre enero y febrero, mientras Pedro Sánchez fracasaba en su negociación con ERC y adelantaba las elecciones, el partido de Pablo Iglesias se vio obligado a redactar in extremis un documento financiero. Ese documento presupuestario de Podemos fue redactado el 25 de febrero. Es decir, dos días antes de la redacción del primer borrador de contrato a Neurona Comunidad, filial española de la empresa mexicana, que lleva la fecha del 27 de ese mismo mes. Podemos argumenta que la fecha que aparece en el primer borrador de contrato, tal y como desveló Vozpópuli, es el resultado de un despiste. La filial española de Neurona, de hecho, en esos días ni siquiera existía, pues se constituyó el 19 de marzo y sin tener plantilla.
Aun así, Podemos entregó 425.000 euros para que fuera la empresa que le asesorara durante su campaña electoral. Internamente cuadros destacados del partido sospecharon de un mecanismo de enriquecimiento personal, debido a la relación estrecha de Juan Carlos Monedero y el exjefe de campaña Juanma Del Olmo con los promotores de la consultora, según revelan ahora desde la formación. Miembros del equipo legal alertaron sobre la posible ilegalidad de la operación y fueron expulsados.
Un voto en contra y dos abstenciones
La Ejecutiva del partido aprobó el documento financiero el 2 de marzo, con 49 votos a favor, uno en contra (el de Francisco ‘Kiko’ Garrido, entonces enfrentado a la cúpula por su gestión problemática en la Rioja) y dos abstenciones. Los dirigentes que se abstuvieron fueron José García Molina, flamante exvicepresidente de Castilla La Mancha, que para algunos ejercía de “delfín” de Iglesias, pero cuyo protagonismo le condenó al ostracismo de la dirección, y Óscar Urralburu, líder del partido en Murcia, que había criticado la política de la cúpula y que semanas después se integró en Más País de Íñigo Errejón.
La Ejecutiva de Podemos aprobó el documento a través de una votación online entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, aunque el Consejo Ciudadano que ratificó el documento fue de los más tensos que se recuerdan en la formación morada. Fuentes conocedoras de aquella reunión revelan que varios secretarios autonómicos cuestionaron el documento financiero. En algunos casos por el gasto exagerado previsto para la campaña en redes, y en otros por la cantidad escasa de dinero previsto para las regiones.
Toda la Ejecutiva involucrada
A pesar de las críticas internas, muchos decidieron avalar la estrategia de la dirección y evitar que se filtrara el malestar. El grueso del partido dio su visto bueno a este presupuesto, incluyendo dirigentes como Gloria Elizo y Pablo Fernández Alarcón, quienes estaban siendo apartados por la cúpula y que pocos meses después parecieron dispuestos a destapar y corroborar las irregularidades denunciadas por dos abogados purgados.
Elizo era la responsable de ese equipo legal, mientras que Fernández Alarcón, su marido, había ejercido de todopoderoso gerente de Podemos antes del fichaje de Rocío Val. La nueva gerente, que provenía del sector de Rafa Mayoral y que antes había trabajado para Kinema, otra empresa del entorno de Podemos, se incorporó cuando Podemos empezó a trabajar con Neurona (primero en la Comunidad de Madrid a través de Jesús Santos, y luego a nivel nacional). Val se encuentra ahora imputada en la investigación del caso Neurona, así como figuran el tesorero Daniel de Frutos y el exjefe de campaña Del Olmo.
Recientemente, el juez Juan José Escalonilla que dirige la investigación, ha llamado a declarar a Fernández Alarcón en calidad de testigo. Su declaración es considerada por varios sectores de Podemos como una pieza clave en la operación Neurona.
Alarcón aprobó el presupuesto parcial del partido de 2019 que dio cobertura financiera a la contratación de Neurona y ese hecho puede involucrarle en la trama, aunque no haya participado directamente en ella. Por eso en Podemos creen que el dirigente ha evitado hasta ahora declarar contra la cúpula. Y lo mismo puede ocurrir con los otros 52 integrantes de la dirección Podemos, cuyos nombres figuran en un documento financiero anómalo que dio cobertura a contratos pagados con dinero público que ahora investiga la Justicia.
