El tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, considera que no hay cabida para que el juzgado que investiga el conocido como ‘caso Niñera’ cite a declarar a la que fuera escolta de Irene Montero. El político se ha opuesto a la petición formulada por una de las acusaciones que considera que la antigua escolta debe comparecer en sede judicial para esclarecer si se pudo cometer o no delito mediante el uso de Teresa Arévalo como niñera de los hijos de la ministra a cuenta de fondos del partido.
Este movimiento se produce después de que el magistrado Juan José Escalonilla -al frente del caso Neurona- haya vuelto a asumir dos líneas de investigación que desgajó de este procedimiento. La Audiencia Provincial de Madrid ordenó en octubre que investigase, por un lado, una donación efectuada por Podemos a la Escuela Popular Paulo Freire a través de la fundación del partido y, por otro, el asunto de la niñera. En lo que respecta al primero de ellos, el magistrado que lo asumió lo archivó al no ver delito. Sobre los hechos que afectan a Teresa Arévalo, la investigación se impulsó por posible administración desleal.
El juzgado abrió diligencias en abril del año pasado contra Arévalo e Irene Montero apuntando que los hechos denunciados por la exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, presentaban características que hacían presumir la posible existencia de delito. El entonces instructor, José María Escribano, citó como investigada a Teresa Arévalo y libró oficio al Congreso de los Diputados para que notificasen a Montero (aforada por su condición de diputada) la existencia de este procedimiento.
Los límites del caso
En julio del año pasado el magistrado, a petición de la Fiscalía, amplió las imputaciones y citó también al tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, y a la gerente, Rocío Esther Val. La fiscal expuso entonces que, en caso de haberse cometido algún ilícito, ambos ordenaron los pagos a Arévalo, motivo por el cual se respaldaba su citación. Ahora bien, la fiscal descartó por completo que se llamara a declarar a Pablo Iglesias, dejando claro que no había ningún indicio que incriminase "ni siquiera indiciariamente" al exlíder de la formación morada en el presunto uso de Arévalo como niñera de su bebé.
El juzgado también llamó a declarar a la denunciante, Mónica Carmona, y a la antigua escolta de Montero. Esta última estaba citada para el pasado 3 de noviembre pero no acudió a la diligencia ya que no se le notificó a tiempo. Su testimonio quedó en el aire y la causa volvió al juzgado de Juan José Escalonilla sin que se le hubiera tomado declaración. Por ello Vox propuso que se citara de nuevo a esta antigua empleada del partido al que demandó por despido improcedente. El objetivo es que esclarezca si, en su condición también de chófer de Montero, pudo haber presenciado los hechos denunciados.
Ha quedado acreditado que Doña Teresa no se encontraba a sueldo del partido, elemento que era desconocido por la denunciante
A falta de que el titular del Juzgado de Instrucción número 42 resuelva sobre el asunto, la petición choca con el criterio de Podemos, según consta en la nueva documental aportada a la causa recogida por Vozpópuli. El tesorero de la formación considera que esta diligencia no es necesaria ya que de todas las pruebas practicadas hasta el momento queda claro que Arévalo (también asesora del Ministerio de Igualdad) no cobró del partido sino en calidad de jefa de Gabinete de la portavocía de Unidas Podemos.
El freno de Podemos
De hecho, tanto el partido como la propia Arévalo han defendido que en el famoso viaje de campaña electoral a Alicante en octubre de 2019 lo hizo por su cargo en la cámara baja y no en calidad de niñera, como sostienen las acusaciones. "Resulta sorprendente que la acusación popular reitere tales elementos, cuando ha sido parte como acusación popular de la meritada instrucción desarrollada ante el Juzgado de Instrucción número 46, en la que ha quedado acreditado que Doña Teresa no se encontraba a sueldo del partido, elemento que era desconocido por la denunciante", explica ahora De Frutos.
El tesorero sostiene que Carmona no acreditó ninguna conducta irregular, más allá de "autoafirmaciones de supuesto conocimiento general". En su escrito al juzgado, la abogada expuso que recibió una denuncia interna confidencial acerca de que Montero estaba utilizando "a una persona a sueldo del partido" como cuidadora de sus hijos. "La denunciante me indicó que la señora Irene Montero utilizaba habitualmente a esta empleada de Podemos para cuidar a su hija, y que incluso se habían desplazado las tres en el mes de octubre a la ciudad de Alicante para participar en un acto de campaña electoral, dejando a la empleada de Podemos al cuidado de la niña mientras la señora Montero intervenía en un acto de campaña", dijo.
La versión de la escolta
De Frutos responde ahora que Carmona no impulsó investigación alguna sobre estos hechos ya que, de lo contrario, hubiera contrastado que Arévalo era candidata en dicha legislatura, lo que justificaba su presencia en dicho acto de campaña en Alicante. De este modo responde que no sería necesario citar a declarar a la antigua escolta de Irene Montero, la cual también llevó al partido a los tribunales por su despido. Elena G. expuso en su demanda que, además de las funciones de guardaespaldas, Montero también tiró de ella para hacer sus recados personales.
El asunto no llegó a juicio ya que el partido alcanzó a un acuerdo 'in extremis' con esta antigua empleada para evitar la vista, según informó El Confidencial. Sin embargo, todavía queda por ver si el magistrado Escalonilla lo considera pertinente y le acaba citando como testigo en el caso Niñera para que aclare si Arévalo trabajó o no como cuidadora de los hijos de Irene Montero y de Pablo Iglesias.
