Las presiones de Unidas Podemos para que el Gobierno impida los cortes de luz, agua o gas a las familias “vulnerables” ha generado otra grieta en el Ejecutivo. Los morados acusan a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de haberse puesto de perfil. Además sostienen que durante una decena de días se cerraron las comunicaciones internas entre socios de la coalición y a la vez se difundieron filtraciones interesadas a la prensa. Los socialistas contestan que los debates deben mantenerse en el seno del Consejo de Ministros. Y en medio de todo eso, el presidente Pedro Sánchez hace malabarismos para evitar que la polémica le salpique.
Para Podemos los desahucios y los cortes de luz y gas son asuntos centrales en la crisis social de la pandemia. Los miembros del partido morado consultados por Vozpópuli lo dejan meridiano, a la vez que acusan a su socio de Gobierno de estar perdiendo el tiempo en la puesta en marcha de unas medidas que consideran estratégicas para su lucha política.
Podemos logró durante los meses duros de la pandemia que se prohibieran los cortes de suministros. En octubre, el ministerio de Ribera sustituyó la medida excepcional con un bono para las familias necesitadas (alrededor de 200.000 hogares). Sin embargo, Podemos, que había hecho pública su “decepción”, volvió al ataque hace unas semanas para recuperar esa prohibición e incluirla en el decreto sobre los desahucios que el Ejecutivo formalizará el próximo 22 de diciembre o 29 del mismo mes.
Apagón comunicativo
De momento, Podemos solo aprecia que los socialistas estén dispuestos a prohibir cortes en la luz. Es decir, una triquiñuela que tildan de “inaceptable”. Es más, fuentes de Podemos acusan al ministerio de Ribera de filtraciones interesadas a la prensa y de difundir información a la que ellos no han tenido acceso.
Los delegados de Podemos, liderados por la secretaria de Estado Ione Belarra, insisten y reprochan la “negativa reiterada” de la ministra Ribera a vetar el corte de suministros. Asimismo, empiezan a ubicar en el bloque de los ministros hostiles (“ortodoxos”) a Ribera. Se trata de un segmento liderado por la ministra de Economía, Nadia Calviño, y el responsable de Justicia, Juan Carlos Campo. Los dos ministros se oponían a ampliar la prohibición a los desahucios durante el estado de alarma porque decían que creaba inseguridad jurídica. “Ahora se suma Ribera”, comentan desde las filas moradas.
Las sospechas sobre las intenciones de Ribera crecieron a lo largo de los últimos días, cuando el equipo de Transición Ecológica evitó detallar el apartado que pensaba incluir al decreto sobre los desahucios. El ninguneo irritó profundamente a los morados.
Fuentes gubernamentales revelan cómo durante los últimos diez días hubo algo parecido a un apagón de comunicaciones entre los miembros de Podemos y los socialistas, a través de evasivas e incluso llamadas sin contestar entre los jefes de delegación que tenían que resolver el embrollo. Fueron diez días de caos y silencio que enfurecieron a los miembros del partido de Iglesias, hasta que estalló la polémica.
Polémicas fuera del Consejo
Desde el bloque socialista niegan que su intención sea dejar sin ayudas a las familias necesitadas. “No hay ningún tipo de duda de que el Gobierno va a prohibir esos cortes de suministro”, afirmó públicamente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para defender a Ribera. El malestar, no obstante, es palpable.
El PSOE, que controla los ministerios estratégicos, se encuentra a menudo entre la presión de los sectores económicos afectados por sus decretos y los reproches de los morados desde la izquierda. Y esta situación está generando mucha tensión, sobre todo en los departamentos económicos. Fuentes de un departamento económico controlado por el PSOE hablan de “falta de lealtad” de los morados.
Los socialistas atacan a Iglesias porque creen que los temas se deben zanjar en el Consejo de Ministros. “No puede ser que se lleven papeles y debates al Consejo de Ministros y que luego Podemos vaya en televisión para atacar lo que se acordó”, explica una fuente socialista. Montero afirmó el pasado martes que lo “lógico y normal” es que el debate interno en el Gobierno se mantenga dentro de la sala del Consejo.
Texto ambiguo
Sea como fuere, la presión de Podemos ha logrado que el ministerio de Ribera, posiblemente tras la intervención de Sánchez, empiece a ceder. Pero Podemos teme que el PSOE busque una fórmula para limitar esa prohibición.
El texto en el que trabajan los socialistas, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, en efecto recoge que “durante los cuatro meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos".
Para Iglesias no es suficiente y desde su cuartel general aseguran que darán batalla para imponerse a los ministros económicos. Tras revalidar la mayoría de investidura en los presupuestos, y forzar a los socialistas a adoptar un decreto contra los desahucios a las personas necesitadas durante todo el estado de alarma, Iglesias busca rematar su primer año de gobierno con una presión interna que, al menos de momento, se está revelando ganadora.
