La causa abierta contra José Luis Moreno va para largo. La Guardia Civil y la UDEF han avisado a la Audiencia Nacional que van a necesitar tiempo para analizar a fondo el centenar de teléfonos móviles y otras evidencias incautadas a los miembros de la red Titella. Los investigadores de esta causa de estafa bancaria consideran que el volumen de datos requisado a los imputados es tal que no lo tendrán estudiado todo antes de un año.
De esta forma la Policía Judicial avisa al magistrado que dirige el conocido como caso Titella que el procedimiento se va a dilatar en el tiempo y ello a pesar de que ya han avanzado en el volcado de algunos dispositivos incautados en el estallido de la operación en junio del año pasado. El oficio policial, al que ha tenido acceso Vozpópuli, trae respuesta a una solicitud del magistrado instructor del pasado marzo en la que les pidió una fecha aproximada en la que podrían tener finalizado el informe clave sobre todos los dispositivos incautados.
Los agentes responden que no lo van a tener listo antes de doce meses y ello pese a que en la causa están designados tanto la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía como la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil. Este último cuerpo se hizo cargo de un total de 110 dispositivos, de los cuáles 42 eran teléfonos móviles y 22 dispositivos pendrives.
Moreno, en el epicentro
No obstante, entre todo el material requisado en los registros practicados a José Luis Moreno y otro medio centenar de personas, aparecen también tablets, portátiles, discos duros, tarjetas de memoria y, además, una grabadora de audio y un datáfono. Una facción de todo este material se ha enviado ya a la Agencia Tributaria para que analice la parte más financiera y emita el informe pertinente. Cabe recordar que el instructor de la causa solicitó auxilio judicial a Hacienda en octubre del año pasado debido a la gravedad y complejidad de los delitos investigados.
Así pues, la Guardia Civil ha remitido parte de todos estos dispositivos a Hacienda mientras que, en paralelo, también ha derivado más de una quincena de teléfonos al Servicio de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil para que realice el volcado de estas terminales. Tal y como avanzó Vozpópuli, el juez autorizó el estudio de las más de 170 evidencias incautadas al considerar que contienen información relevante para avanzar en esta macrocausa de estafa bancaria.
Hasta la fecha los agentes se han focalizado en el clonado de los teléfonos de los imputados, aunque en algunos casos se han topado con que los dispositivos estaban protegidos con contraseña, lo que ha hecho que necesiten "técnicas avanzadas" para acceder a su contenido. Del mismo modo avisan que no es lo mismo el material que encuentren en ordenadores y discos duros que en teléfonos, ya que en el primero de los casos hay más documentos de ofimática y correos electrónicos de tinte financiero y los móviles contienen conversaciones de Whatsapp principalmente.
De hecho, ya obran en el sumario de la causa informes sobre los mensajes telefónicos intercambiados entre los principales imputados como José Luis Moreno y el considerado como cabecilla de la trama, Antonio Luis Aguilera. Las escuchas telefónicas autorizadas por la Audiencia Nacional (que se prolongaron incluso después del estallido de la causa en junio) sirvieron a la Policía Judicial para apuntalar sus sospechas sobre la existencia de una red que se dedicó a obtener financiación bancaria canalizada a través de empresas pantalla. Los créditos obtenidos, según sostienen, nunca retornaron a las entidades prestatarias.
Un centenar de dispositivos en la UDEF
Además de la Guardia Civil, la UDEF también estudia un total de 97 dispositivos electrónicos, de los cuáles 62 son teléfonos móviles y 16 ordenadores. El oficio precisa al respecto que, aunque han volcado el contenido de todos los dispositivos, todavía no lo han podido analizar porque necesitan programas informáticos específicos para abrir los archivos de manera individualizada. "Por todo lo expuesto se prevé que finalice el análisis con los medios disponibles, no antes de 1 año", reza el oficio policial.
En el auto del instructor en el que autorizó el estudio de este material a la Policía, se apuntó que a José Luis Moreno los agentes le requisaron dos teléfonos móviles, un portátil, una tablet y un disco duro. A su socio Antonio Aguilera, por su parte, le requisaron nueve teléfonos móviles y cuatro discos duros y al considerado como testaferro de la trama Titella, Raúl Pontvianne, dos teléfonos móviles y un ordenador portátil.
En dicho auto, de fecha 16 de septiembre, el instructor explicó que el 28 de junio se acordó practicar los registros en los domicilios de los imputados así como en las empresas implicadas en la trama con orden expresa de incautarse de ordenadores y dispositivos de almacenamiento masivo para avanzar en esta investigación abierta por los delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública e insolvencia punible.
El magistrado razonó que de la investigación practicada hasta el momento -y que arrancó en los juzgados de Plaza de Castilla- se derivaban indicios de la existencia de una organización criminal que opera a nivel internacional y cuya actividad se diversificaba en diferentes especialidades. Así, existe una primera capa dedicada a la supuesta estafa bancaria (en la que está implicado José Luis Moreno) y una segunda dedicada al narcotráfico y posterior blanqueo de capitales.
El juez justificó la necesidad de interceptar los dispositivos amparándose en la gravedad de los delitos, la trascendencia social de la causa y la relevancia del resultado. "La medida solicitada es útil para el descubrimiento del ilícito penal, proporcionada a la gravedad del mismo y necesaria para poder avanzar en la investigación", expuso el magistrado. Siete meses después, la Policía Judicial advierte de que, el gran volumen de información pendiente por analizar, vaticina que la diligencia se alargará, al menos, un año más.
