Miembros de las fuerzas de seguridad del Estado con experiencia en labores de policía judicial niegan que entre sus funciones se encuentre el deber de tener informados a sus superiores políticos del curso de sus indagaciones. Contradicen así el argumento esgrimido por el Ministerio del Interior a la hora de explicar el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. El mando fue destituido tras negarse a dar detalles de una investigación que afectaba al Gobierno de Pedro Sánchez y la manifestación feminista del 8-M.
“No hay deber de informar”, asevera un operativo acostumbrado a llevar a cabo investigaciones y operaciones a las órdenes de un Juzgado. Según dice, las unidades investigadoras reportan a su jefe de unidad y “el resto tiene que saber qué se está haciendo, pero no si se presentan informes o no”. “Se dan novedades cuando se piden medios de otras unidades”, añade en referencia a la petición de recursos técnicos o incluso humanos para proceder a detenciones. “Pero no se habla de si se han intervenido teléfonos, por ejemplo”, añade.
Sobre la comunicación con los políticos, ya sea un director general, un secretario de Estado o el propio ministro, comenta que “depende de si los jefes paran a los políticos o no”. Pero no hay nada que les obligue a ello. Fue el caso del coronel Diego Pérez de los Cobos, que no reportó a la Dirección General de la Guardia Civil si ya se había presentado o no el informe que habían elaborado sobre la autorización de manifestaciones en Madrid el segundo fin de semana de marzo.
Su cese fulminante generó un incendio en la Guardia Civil la semana pasada, pero la crisis ha ido a más después de que este martes El Confidencial publicase la comunicación oficial de la destitución al coronel. En ella justifica textualmente que el motivo es por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.
Policía Judicial
Otro experimentado investigador coincide en que no hay deber de informar y ni siquiera posibilidad en algunos casos. Puntualiza que Pérez de los Cobos es el máximo responsable de la Comandancia pero no es Policía Judicial en contra de lo que dice la nota de Interior. De hecho cree que esa redacción de la directora general de la Guardia Civil abre la puerta a que el mando recurra su cese en los tribunales con garantía de éxito. Añade que las labores de policía judicial quedan circunscritas a la unidad investigadora que este caso era un capitán y un teniente.
Desde el Interior se quejan de que Pérez de los Cobos empezó informando de algunos detalles al inicio de las pesquisas y luego incurrió en un apagón informativo. Sospechan que fue una ocultación deliberada a tenor del contenido del informe aportado a la juez, muy crítico contra el Gobierno.
Fuentes del Ministerio citadas por Efe afirman que es "habitual" que se comunique el desarrollo de las actuaciones, pero no su contenido. Un comisario de Policía ya jubilado tras años en ese campo declaraba hace unos días a este periódico cuando se ocupa un puesto de responsabilidad “se nota la presión”: “No te preguntan directamente, no se atreven. Solo tantean. Si dices que sí una vez, ya estás perdido”. “Está absolutamente prohibido”, enfatiza un ex alto responsable del Ministerio del Interior durante uno de los gobiernos del PP.
Otra fuente policial explica que, en todo caso, lo que lo que se comunica es la explotación de operaciones, no su inicio o desarrollo. En 2012, bajo un Gobierno del Partido Popular, causó polémica una circular de la Guardia Civil en la que ordenaba “emitir antes de las 11.00 horas de cada miércoles y hasta nueva orden una breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en fase de explotación en la semana siguiente”.
Filtración
Desde el principio, tanto el ministro como su Departamento han hecho hincapié en el matiz de que no querían el informe ni lo pidieron, pero admiten que perdieron la confianza en el coronel de la Guardia Civil cuando dejó de informarles de la presentación del documento cuyas conclusiones aparecieron en la prensa. Con ello, Interior desliza que Pérez de los Cobos filtró el informe.
Interior ya conocía que la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid tenía que remitir un informe al Juzgado de Instrucción número 51 porque se lo había ordenado semanas antes por medio de un auto del que se hicieron eco los medios de comunicación. La propia juez también advirtió en varias ocasiones del riesgo de cometer un delito en caso de desobedecer sus indicaciones de guardar confidencialidad sobre las actuaciones.
Ponía el límite en el artículo 15 del Real Decreto que regula la actuación de las fuerzas de seguridad cuando trabajan a las órdenes de un juez: “Los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan”. Ese mismo artículo permite el intercambio de información, pero siempre “dentro de la Unidad Orgánica para la mejor coordinación y eficacia de los servicios”.
Hace días, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) glosaba hasta siete artículos más para plantear la ilegalidad del cese. Incluía la Constitución Española en lo referente a la separación de poderes. "No queremos pensar que en el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos confluyan otras circunstancias que las apuntadas de pérdida de confianza, porque ello supondría dejar en manos de los intereses partidistas del político de turno un instrumento coercitivo como es el Derecho Penal", decían antes de que se conocieran los motivos reales de esa pérdida de confianza.
