“El comisario Villarejo participa en 12 sociedades con 16 millones de capital”. Esta fue la noticia que le amargó el desayuno al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el 10 de marzo de 2015. La publicó el diario El País y con ello sacaba a la luz una fortuna labrada durante décadas de negocios privados en paralelo a la Policía. A nadie se le escapa que son cifras desorbitadas para cualquier comisario, pero el ministro optó por salir públicamente en defensa de Villarejo. Fue el principio del fin.
"Ha prestado relevantes servicios y es mi obligación decirlo, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, y eso no se puede olvidar en ningún momento”, dijo Fernández Díaz en declaraciones a los periodistas. Sus palabras sonaron entonces a desafío, pero el tiempo las ha convertido en el réquiem de unos años locos en el Cuerpo Nacional de Policía. Fernández Díaz se sumó así a la lista de ministros, secretarios de Estado y responsables de la Policía que durante años toleraron las actividades de Villarejo, siempre con un pie en el Cuerpo y otro en sus empresas. Pero en este caso habían llegado demasiado lejos.
La defensa pública del polémico excomisario fue acompañada del anuncio de una investigación interna para esclarecer esa lucrativa actividad empresarial y su compatibilidad con las funciones de policía. Fue solo un maquillaje de cara a la galería. Se le encargó al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, hombre de confianza del ministro y del director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino. La información reservada que podría haber derivado en un expediente para Villarejo se cerró en falso a los pocos días.
Una investigación que se cerró en falso
Fuentes Gago, investigado en el caso Kitchen, le admitió al juez que le empujaron a actuar con “prisas” y apenas tuvo tiempo de profundizar. Ni siquiera comprobó el objeto social de las empresas de Villarejo antes de dar por buena su actividad. Lo tuvo fácil el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó cuando declaró en 2016 como testigo ante el juez del caso Nicolay ya siendo portavoz del PP en Senado: "Se hizo un análisis de las distintas actividades, pero el responsable, en definitiva la Dirección Adjunta Operativa, no me proponía la apertura de un expediente disciplinario y por tanto no hubo lugar".
Semanas después, Villarejo estableció contacto en Londres con la examante del rey emérito, Corinna Larsen. Se jactaba ante ella de que la información publicada por El País no representaba “ni el 10 por ciento” de su fortuna. “Son muy tontos”, decía. Años después, un informe de la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública (Ministerio de Hacienda) concluía que no consta que el comisario 'haya solicitado en algún momento autorización de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas'".
La fallida solución salomónica
En aquel convulso año 2015 el Ministerio y la dirección de la Policía decidieron cortar por lo sano con una decisión salomónica. Trataron de poner fin a los escándalos sobre la Policía cesando al mismo tiempo a Villarejo y al jefe de Asuntos Internos que le había investigado en varios procedimientos, Marcelino Martín Blas. Fuentes policiales recuerdan a este periódico que ya se había tomado la decisión de alejar a Villarejo de la Dirección Adjunta Operativa para ubicarle en un puesto en la Subdirección General de Recursos Humanos, sin funciones operativas. Pero todo se quedó en un intento y su destitución se frenó en el último momento.
No pasó lo mismo con Martín Blas, quien sí fue apartado por Cosidó a un puesto en el Consejo asesor de la Policía sin funciones específicas. “Yo tuve que amenazar a Paco [el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez] y al ministro, con el tema de Marcelino [Martín Blas], para que le cortaran la cabeza", se jactaba Villarejo en sus conversaciones privadas que obran en poder de la Audiencia Nacional. "Cogí a Paco y le puse una charla suya y mía. 'Paco, si nos llevamos bien, nunca sale, si nos llevamos mal te busco la ruina, terminas en Alcalá-Meco. Mañana quiero a este tío cesado, y se lo dices al ministro que si no también él va p'alante, que cuando he estado hablando con él también lo tengo inmortalizado. Cuando me ha dado instrucciones de Cataluña'", añadía.
Pero el ya exjefe de Asuntos Internos no permaneció mucho tiempo en ese destierro. El juez que investigaba el caso del pequeño Nicolás requirió sus servicios para que así pudiera continuar sus pesquisas ante los intentos de Interior de apartarle de una causa que afectaba, entre otros, a Villarejo. Acabó procesado por grabar ilegalmente una reunión de Martín Blas con el CNI.
Las grabaciones del ministro
Tampoco le supo bien el desayuno al ministro el día que amaneció con unos audios publicados en exclusiva por el diario Público en plena campaña electoral para las elecciones generales del 26 junio de 2016. Se le escuchaba a Fernández Díaz en reunión privada con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. En ella se evidenciaba el deseo del Ministerio de encontrar pruebas contra dirigentes independentistas. “Esto la Fiscalía te lo afina”, se le escuchaba decir a Fernández Díaz. Aquel escándalo fue la puntilla para que no repitiera en el Gabinete de Mariano Rajoy.
En su lugar fue nombrado Juan Ignacio Zoido y el clan Villarejo se las prometía muy felices. Al exalcalde de Sevilla se le relacionaba con María Dolores de Cospedal a la que el polémico comisario también tenía grabada en actitud comprometedora desde 2009. Pese a que Villarejo ya estaba jubilado, maniobró para colocar al frente de la Policía a uno de sus afines históricos, el comisario José Luis Olivera, omnipresente también en las escuchas en la Audiencia Nacional. Fuentes policiales de la época admiten que estuvo cerca de lograrlo, pero Zoido optó por dar nuevos aires al Cuerpo y poner fin a los escándalos.
Nombró en su lugar a Florentino Villabona para el puesto que durante cinco años ocupó con mano firme Eugenio Pino. Eso enfureció a Villarejo, no era su candidato. Culpaba a un abogado muy bien relacionado con el PP llamado Javier Iglesias, alias el Largo: “Es que no cumple nada. Si es que no ha cumplido ninguna de las 300.000 promesas que me hizo, no ha cumplido nada”. Al poco tiempo Zoido cesó al poderoso comisario Enrique García Castaño, el Gordo, implicado en la mayoría de las actividades investigadas de Villarejo. Por primera vez empezaron a cundir los nervios en el clan policial. Iban perdiendo el partido.
"Saca los dientes"
Villarejo le instaba a García a Castaño a dar un golpe en la mesa, recuperar el control que siempre atesoraron: "Se están poniendo todos de perfil (...) saca los dientes (...) yo le habría dicho al ministro que le busco la ruina y al secretario de Estado o a quien te haya dicho esto que les busco la ruina a todos, díselo, a ver si tienen cojones". Lo que quería Villarejo era airear información comprometedora contra el PP como, por ejemplo, detalles de la operación Kitchen ahora bajo investigación.
Lo que quería Villarejo era airear información comprometedora contra el PP como, por ejemplo, detalles de la operación 'Kitchen' ahora bajo investigación
Era el año 2017 y quedaban unos meses para que Villarejo fuese detenido y encarcelado. Atrás quedaban años de reinado en la Policía. El polémico excomisario estaba inmerso en diversas causas judiciales, incluido un presunto apuñalamiento a una doctora en plena calle. Enrique García Castaño se jubiló por la puerta de atrás. También se retiró Pino con diversas causas pendientes, aunque con sus condecoraciones y medallas pensionadas intactas a día de hoy.
María Dolores Cospedal terminó dimitiendo al publicarse sus grabaciones con Villarejo. El PP sacó de sus listas electorales tanto al ministro Fernández Díaz como al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Este último se puso en contacto con el entorno de Pablo Casado para reivindicar su lealtad de aquellos años y exigir al menos un escaño en la Asamblea de Madrid. Con ello podría mantener su condición de aforado ante la Justicia. Pero le dieron la espalda y ahora su declaración como investigado en Kitchen resulta clave para esclarecer hasta dónde sabía el Gobierno del espionaje a Bárcenas.
Con expedientes abiertos a la espera de lo que dé de sí la investigación judicial, varios de los implicados en la operación 'Kitchen'
Fuentes Gago regresó antes de tiempo de un destino bien remunerado como agregado de Policía en los Países Bajos. Olivera fue cesado tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Con expedientes abiertos a la espera de lo que dé de sí la investigación judicial, varios de los implicados en la operación Kitchen siguen acudiendo a diario a trabajar. Algunos incluso llegaron a ascender a comisario, pero el papel de los que permanecen en activo está ya lejos de la influencia que ejercieron antaño.
Jubilados, rodeados por la Justicia, con peticiones de decenas de años de cárcel, alejados de la política o de los puestos de dirección en la Policía en la que un día mandaron sin oposición. Ese ha sido el final de los que en su día brindaban en marisquerías y se repartían los puestos de relevancia en el Cuerpo. El ocaso del "clan policial mafioso" que "infectó" la institución, según lo definió la Fiscalía anticorrupción.
