Agentes de la Policía Nacional desplegados en Cataluña desde la publicación de la sentencia del procés piden protección al Ministerio del Interior. En concreto, quieren tener un “respaldo jurídico” como tuvieron durante el dispositivo del referéndum ilegal de Cataluña en octubre de 2017. En aquella actuaban en cumplimiento de un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Según han informado a Vozpópuli fuentes policiales, esta fue una de las propuestas que recibió el Director Adjunto de la Policía, José Ángel Jiménez, en una reunión mantenida con los sindicatos del Cuerpo hace semanas en Barcelona en plena ofensiva violenta del independentismo. Le solicitaron que la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior “deje claro quién y cómo coordina el dispositivo”. 

Este martes tendrá lugar en Madrid otra reunión entre los sindicatos y el máximo cargo uniformado de la Policía. Entre las cuestiones que se van a abordar en dicho encuentro es la remuneración específica que van a recibir los policías desplegados en Cataluña.

Fuentes sindicales ya han avanzado que al menos la Confederación Española de la Policía (CEP) va a solicitar que los agentes desplegados a causa del procés también sean recompensados por haber formado el contingente disponible durante la jornada electoral que calculan en 152,59 euros por la jornada. Otras de las reivindicaciones que planteará este colectivo es el trabajo de estos días se traduzca en una ampliación de sus días de vacaciones y permisos anuales más allá del periodo habitual. Se trata de una petición que ya realizó con motivo del despliegue por el 1-O y a la que todavía no se les ha dado respuesta dos años después, según las mismas fuentes.  

"Respaldo normativo"

El máximo responsable de este sindicato, Víctor M. Vigil, ya presentó antes de la reunión en Barcelona un escrito en el que pedía la exigencia de que Interior les proteja por escrito, según las mismas fuentes. Lo que se pretende es contar con un “respaldo normativo” y recuerdan que, en el caso del 1-O, tenían como protección el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ordenó impedir la consulta convocada por la Generalitat. 

La actuación de policías y guardias civiles provocó numerosos enfrentamientos con los votantes que derivaron en decenas de denuncias a los agentes en los tribunales catalanes. Uno de los Juzgados que investiga la mayoría de estas denuncias es el número 7 de Barcelona. El pasado 9 de junio, su titular Francisco Miralles citó a declarar como testigo al ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto. El exnúmero dos de Interior se responsabilizó del dispositivo en tanto que él fue quien dictó las instrucciones de actuación y la obligación de intervenir en caso de que los Mossos no bastasen para cumplir la orden judicial. 

Se remitió al auto del TSJC, pero no entró en excesivos detalles sobre la órdenes concretas sobre el terreno. Fue un discurso similar al que desplegó durante su comparecencia, también como testigo, en el juicio del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas.

Además los policías, representados por sus sindicatos, le pidieron al Director Adjunto que la Abogacía del Estado ejerciera su defensa en los tribunales de cara a esas posibles denuncias. Esta cuestión ya ha sido contestada por el Ministerio de Justicia que encabeza Dolores Delgado, que el pasado 31 de octubre dictó una orden comunicada en la que da instrucciones a sus servicios jurídicos para potenciar la defensa de los agentes, según el documento al que ha tenido acceso este periódico.