El exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos presentará este miércoles una denuncia ante la Fiscalía por revelación de secretos y de comunicaciones con "el ruego de que se investigue a los responsables de tales acciones" que el hoy diputado en el grupo mixto considera un proceso de "espionaje" sobre su persona, desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por tanto, instigado en última instancia por el Ministerio del Interior que dirige su antiguo compañero de gabinete Fernando Grande-Marlaska.
La decisión de Ábalos de acudir al Ministerio Público se produce solo un día después de tener conocimiento de que la Mesa del Congreso trató de que 'reformulara' las cinco preguntas parlamentarias que presentó hace unos días al Gobierno para obtener de éste una respuesta escrita en cuanto a si está siendo investigado y si el Ejecutivo tiene algún tipo de conocimiento sobre "consultas" realizadas en las bases de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que guardarían relación con información personal suya y de sus familiares.
En este sentido, la Mesa fundamenta su petición al exdirigente socialista en un un escrito de los letrados de las Cortes, que aconsejan la modificación de sus preguntas por ser una consulta de "exclusivo interés de una persona singularizada".
El foco en la UCO
En el escrito dirigido al Gobierno por vía parlamentaria, Ábalos decía, además, estar "sufriendo" la publicación por parte de algunos medios de "datos y detalles" de su ámbito personal, como "domicilios, desplazamientos, alojamientos, celebraciones familiares", en un volumen que, precisaba, había experimentado en los últimos tiempos un crecimiento "exponencial", coincidiendo con la eclosión del llamado 'caso Koldo', a finales del pasado mes de febrero.
En concreto, aseguraba estar siendo víctima de la divulgación de datos personales al menos desde 2020, y que estas filtraciones habían aumentado tras "la remisión" por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional de archivos marcados con "banderitas" de colores rojo y amarillo para remarcar la información de más o menos relevancia sobre él que "forman parte de una instrucción judicial que no es pública" en la que la UCO ejerce la acción de Policía Judicial para la investigación que desarrolla el magistrado Ismael Moreno.
En consecuencia, Ábalos reclamaba al Gobierno confirmación sobre si "ha existido alguna investigación sobre mi persona y/o mis familiares de primer grado desde enero del año 2020 hasta la fecha (julio de 2024); asimismo, se interesaba por saber si el Gobierno "tiene conocimiento sobre la realización de consultas en bases de datos a las que pueden acceder" agentes policiales "sobre mis datos personales y de familiares"; y solicitaba, "en caso de haberse producido tales consultas", una "auditoría de esos accesos y detalle de todos los datos consultados", así como la "identificación de las personas que hayan accedido" a ellos.
Preguntaba también "cómo se justifica que la Guardia Civil, 36 horas antes de que la Fiscalía Europea reclamase la competencia" del 'caso Koldo', hubiera remitido "correspondencia en bruto incautada" a Koldo García, que "afecta a personas que no están siendo investigadas" y se interesaba finalmente por si la Fiscalía Europea "contactó" con la Fiscalía Anticorrupción o con la UCO "para requerir algún tipo de información".
