La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto una investigación por presunta prevaricación contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, y el consejero de Educación, Rafael van Grieken, han confirmado a Efe fuentes de la fiscalía.

La investigación se ha abierto a raíz de una denuncia presentada por padres y alumnos agrupados en una plataforma en defensa del IES San Fernando, situado en Madrid capital, en relación al traslado de un grupo de menores no acompañados (menas) procedentes del centro de primera acogida de Hortaleza a un edificio situado dentro del recinto del instituto.

La denuncia fue presentada el 5 de diciembre a la Fiscalía Provincial de Madrid ante la Fiscalía Provincial de Madrid, que a su vez la trasladó a la Fiscalía del TSJM por ser el presidente regional y los consejeros aforados.

En el escrito, la plataforma dice que el cambio de adscripción de una residencia de estudiantes de la Consejería de Educación a la Consejería de Políticas Sociales y Familia se decidió "a espaldas" de dicha comunidad educativa y sin que haya sido informada "de manera oficial".

Un grupo de cinco menores extranjeros no acompañados pertenecientes al centro de acogida de Hortaleza fueron trasladados el 27 de diciembre pasado a esta residencia de estudiantes ubicada dentro del compelo del IES San Fernando.

Vulneración de derechos fundamentales"

Considera que el traspaso de la residencia contraviene la "legislación vigente y vulnera derechos fundamentales de menores de edad".

Para los padres, no puede considerarse una solución trasladar a un grupo de menores de entre 14 y 17 años a un centro educativo de ESO y Bachillerato, donde comparten zonas comunes del centro, lo que a su juicio genera una situación complicada de gestionar por parte de la dirección y supone una convivencia diaria entre alumnado menor de edad y los menores extranjeros.

En declaraciones a Efe, Ana Villasclaras, miembro de la plataforma, ha destacado que un instituto no es el lugar adecuado para instalar un centro de acogida de menores y a instado a la Comunidad de Madrid a buscar una solución para evitar el incumplimiento de la legislación y se altere la convivencia en el centro escolar, al tiempo que niega las acusaciones de xenofobia y racismo.