La acusación particular del colectivo 15MpaRato ha solicitado en el caso Bankia 13 años y seis meses de cárcel para el expresidente de la entidad financiera y exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, como presunto autor de los delitos de estafa de inversores y falsedad contable, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Vozpópuli. Otra de las acusaciones, en concreto la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), reclama el ingreso en prisión durante 10 años para el que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El colectivo 15MpaRato, que se creó con la intención de lograr que el exvicepresidente del Gobierno se sentara en el banquillo de los acusados, también solicita la misma pena de 13 años y tres meses para otro integrante del consejo de administración, el ex secretario de Estado del PP José Manuel Fernández Norniella.
El número dos de Bankia, José Luis Olivas y el ex consejero delegado que se negó a utilizar la tarjeta black, Francisco Verdú, también se enfrentan a una solicitud de pena elevada: siete años y seis meses.
Otros tres exdirectivos, en concreto Ildefonso Sánchez Barcoj, Sergio Durá y Miguel Ángel Soria se enfrentan a una petición de condena por parte del colectivo 15MpaRato como cooperadores necesarios de siete años y seis meses, mientras que la condena solicitada para el auditor de Bankia, Francisco Celma es de cinco años, también como cooperador necesario. Aemec eleva los años de cárcel para Celma hasta los siete años y seis meses.
Cinco años de cárcel
Entre los directivos a los que se les pide cinco años de cárcel se encuentran el exsindicalista de CCOO Pedro Bedia; el expresidente de la patronal madrileña Ceim Arturo Fernández; el exdirectivo de OHL y yerno de Villar Mir, Francisco Javier López Madrid; el exdiputado de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín; el exalcalde de Majadahonda (PP) Ricardo Romero de Tejada; el implicado en la Operación Lezo José Manuel Serra Peris; la que fuera secretaria de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid Mercedes Rojo; y el expresidente de la patronal valenciana Rafael Ferrando Giner.
15MpaRato también reclama el ingreso en prisión durante cinco años para el exsenador del PP José Rafael García-Fuster y González Alegre; el exdiputado socialista en la Asamblea de Madrid Jorge Gómez Moreno; el expresidente de Caja Ávila Agustín González González; el empresario Remigio Pellicer Segarra; el expresidente de Caja Insular de Canarias Juan Manuel Suárez del Toro Rivero; y el expresidente de Bancaja Hábitat Ángel Daniel Villanueva Pareja.
El colectivo de afectados por la salida a bolsa de Bankia pide el ingreso en prisión durante dos años y medio para el exalcalde de Castellón (PSOE) Antonio Tirado Jiménez; el exministro del PP Ángel Acebes; el exsindicalista de CCOO condenado Francisco Baquero; el ex secretario de Estado del PP Estanislao Rodríguez-Ponga; el empresario Alberto Ibáñez González; la catedrática Araceli Mora; el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche (PP); el exconcejal de Madrid (PSOE) José María de la Riva Amez; y los empresarios Francisco Juan Ros y Francisco Pons Alcoy.
Además, las dos acusaciones incluyen a la empresa auditora Deloitte como responsable civil subsidiario, al mismo tiempo que consideran que tanto Bankia como su matriz, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA) debería ser condenada penalmente por la fusión y la salida a bolsa de la entidad presidida por Rodrigo Rato.
Si mis clientes hubieran sabido que las pérdidas superaban los 1.000 millones no hubieran invertido un solo euro en acciones"
En concreto, 15MpaRato justifica su petición de cárcel para Rato y su consejo de administración por haber maquillado las cuentas antes de la salida a bolsa de Bankia, que llegan a calificar de "falsas": "Si mis clientes hubieran sabido que en el primer semestre de 2011 las pérdidas acumuladas probables de la empresa superaban los 1.000 millones de euros no hubieran invertido un solo euro en acciones de Bankia", especifica el colectivo en su escrito.
"Si mis mandantes hubieran sabido que la querellada no presentaba cuentas correctas, no hubieran sufrido el perjuicio que ahora experimentan. Confiaron en lo publicado oficialmente por la empresa", se lamenta en el escrito de acusación la abogada de 15MpaRato, Carmen Herranz, que defiende a varios clientes afectados por el hundimiento de Bankia, que ha necesitado 22.424 millones de euros para evitar su quiebra.
15MpaRato asegura también que antes de la salida a bolsa se mantuvo por la entidad "la apariencia y el discurso de que los resultados eran con claro beneficio. A principios de mayo de 2012, la información que los minoristas tenían es que Bankia había obtenido en 2011 un beneficio consolidado antes de impuestos de 384 millones de euros. Sin embargo, unos meses más tarde, las cuentas de 2011 de Bankia fueron reformuladas con importantes pérdidas".
Por su parte, Aemec considera probado que los acusados quebrantaron el derecho de los inversores a obtener una información "completa y veraz" sobre la situación jurídica o económica de la entidad: "Llevaron a cabo una operativa, tendente a ocultar la verdadera situación patrimonial deficitaria de la entidad financiera; para llegar posteriormente a desarrollar y ejecutar sobre la base de auténticos ardides contables una actividad claramente orientada a captar el dinero de inversores en el mercado bursátil mediante la salida a bolsa de julio de 2011, simulando una falsa situación de solvencia, engañando a mis patrocinados y a otros, que confiaron sus ahorros en Bankia", especifica el escrito de acusación.
"Maquinaciones contables"
"En suma, las maquinaciones contables contenidas en el folleto sirvieron para captar mendazmente el ahorro de los inversores. Si los inversores hubieran conocido la realidad de Bankia, resulta imposible imaginar que hubieran confiado sus ahorros al banco", concluye el documento de Aemec.
Esta martes se hará también público el contenido de la acusación de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), día en el que tiene intención de registrar su escrito en la Audiencia Nacional. Este sindicato encabezado por su presidente, Gonzalo Postigo, se hizo cargo de la dirección letrada de las acusaciones populares después de que se retirara UPyD. Fuentes del caso aseguran que la CIC podría reclamar también la declaración como testigo del ministro de Economía Luis de Guindos.
También será relevante la petición de penas de la acusación del número dos de la Fiscalía General del Estado, Alejandro Luzón, que ya logró la condena del propio Rato, a cuatro años y seis meses de cárcel, y del Miguel Blesa, seis años de prisión, en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.
