La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requisó el 11 de febrero de 2016 en la casa del gerente de Esperanza Aguirre y administrador electoral del PP, Beltrán Gutiérrez Moliner, un dispositivo de almacenamiento de memoria (USB) que, según concluyen los agentes en un informe de diciembre de 2018 del caso Púnica, guardaba evidencias de que el partido en Madrid habría ocultado en 2011 gastos electorales por un montante cercano a los 3 millones de euros.
El instituto armado dibuja en sus informes una triangulación de varios millones de euros que el PP madrileño utilizó presuntamente para financiarse de forma ilegal. Esta se iniciaba cuando el partido contrataba a una empresa que se encargaba de sus actos electorales o políticos en general. Sin embargo, la formación de Aguirre no pagaba esos trabajos, sino que los integrantes del Gobierno regional ordenaba a Indra u otras empresas que recibían adjudicaciones que los pagaran.
Y para esconder este dinero negro, siempre según la UCO, Beltrán Gutiérrez Moliner, que ya fue condenado a ocho meses de cárcel por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, utilizó empresas afines. "Las cuales habrían enmascarado esos gastos electorales a través de diversos procedimientos, destacando por lo recurrente en su utilización, la emisión de facturas falsas y el abono de las mismas a través de la cuenta corriente de funcionamiento del Partido Popular de Madrid", sostiene el informe policial.
Pruebas sólidas
La investigación desarrollada por la UCO ha logrado "sólidos elementos de prueba" que demostrarían que se "enmascararon" al menos 1,5 millones de euros. "No obstante lo anterior, se han obtenido numerosos indicios que apuntan a que el importe de los gastos electorales encubiertos pueda superar con creces las cifras apuntadas; y que por tanto, la mayoría de los gastos abonados desde la cuenta corriente de funcionamiento del Partido Popular de Madrid, de más de dos millones de euros, se correspondan realmente con pagos de gastos electorales", destacan los agentes.
En las facturas, prosiguen los agentes, el PP y los empresarios consignaban fechas falsas, alejadas de cualquier vínculo con los comicios electorales citados, al mismo tiempo que se hacían unas vagas descripciones conceptuales que se pudieran atribuir con gastos de funcionamiento del partido.
Por ello, prosiguen los agentes en su informe, el PP de Esperanza Aguirre pudo superar el límite de gasto legalmente establecido, concurrir a los comicios electorales en unas condiciones de superioridad gasto, y también eludir los controles y fiscalización ejercida por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
La fundación Fundescam, vinculada al PP madrileño, volvió a ser utilizada en 2011 para desviar fondos
públicos otorgados a través de subvenciones concedidas por la Comunidad de Madrid: "Pero esta vez para sufragar gastos de funcionamiento del partido", destacan los agentes.
"Papel nuclear"
La persona que desempeñó un "papel nuclear" en toda esta operativa ilegal, según la Guardia Civil, fue Beltrán Gutiérrez Moliner, administrador electoral del PP de Madrid en las elecciones autonómicas del año 2011, gerente de esta formación y del comité de la campaña electoral de 2011.
Gutiérrez Moliner era, además, la persona autorizada en todas las cuentas corrientes del Partido Popular de Madrid y de la fundación Fundescam. "Enlace directo con empresarios y proveedores de la campaña electoral y persona encargada de ordenar los gastos y abonar los mismos a los distintos proveedores de campaña", completa el informe de fecha 28 de diciembre de 2018.
La superación del techo de gasto electoral "tuvo que ser conocida, propiciada y auspiciada por otras
personas -aparte del citado gerente-, que tuvieran poder decisorio en el organigrama regional de la formación política investigada", concluyen los agentes de la UCO, que apuntan los nombres del ex secretario general del PP Francisco Granados y del exdiputado Francisco Borja Sarasola.
Este viernes Anticorrupción ha reclamado la imputación por la financiación ilegal del PP de los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Ahora será el magistrado Manuel García-Castellón el instructor del caso Púnica, el que decida si les llama a declarar como investigados.
