El Tribunal Constitucional ha dado carpetazo este miércoles al caso de los ERE, después de avalar parcialmente los recursos presentados por el exconsejero Gaspar Zarrías y el exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía, Vicente Lozano Peña. La mayoría progresista presidida por Cándido Cónde-Pumpido cierra el círculo de amparos concedidos a la gran parte de condenados por la mayor causa de corrupción de los últimos años y corrige las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo.

La teoría defendida por la mayoría del Pleno sostiene que las modificaciones presupuestarias para los ERE que aprobó la Junta de Andalucía no pueden entenderse como actos administrativos y, por tanto, escapan del control judicial. De esta forma, el Tribunal de Garantías mantiene que el uso de las denominadas transferencias de financiación no sería delictivo a partir del año 2002, año en el que empezó a incluirse en los presupuestos autonómicos.

Sobre este y otros aspectos recogidos en las sentencias dictadas por el Constitucional, Vozpópuli entrevista a Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho en la Universidad de Granada. El jurista considera "insólita" esta revisión de condenas ejecutada por el Tribunal Constitucional y, en consecuencia, la "invasión de competencias" del Tribunal Supremo.

Respuesta: Hoy aparece el señor Chaves diciendo que el Tribunal Constitucional ha demostrado que todo era una persecución política, que se ha demostrado que no había nada.... cuando este señor está condenado. El Tribunal Constitucional está diciendo que cometió tres irregularidades, por tanto, no queda libre de culpa. El ejemplo sería el de una persona a la que condenan diez delitos, le anulan siete y le quedan tres. Esto es lo que le ha pasado a todos los condenados por los ERE.
Me ha indignado cuando he visto a Chaves diciendo que les han dado la razón. Usted estaba condenado por diez delitos y ahora está condenado por tres. Utilizan una fórmula que se llama delito continuado, pero la idea es que ha cometido tres delitos. Nos están mintiendo y a los medios de comunicación se les escapa.

R: En el caso del expresidente Griñán han barrido el delito de malversación, pero sigue condenado por prevaricación. Da igual que lo condenen por una que por diez irregularidades, el caso es que, los podemos seguir llamando delincuentes.

R: La Audiencia Provincial de Sevilla lo va a condenar. Si antes estaba condenado por nueve años, ahora lo condenarán por tres. Además, ayer mismo salió una sentencia de un consejero suyo que la han rechazado y sigue condenado por diez años. Ya hay dos consejeros que la han rechazado por los dos recursos de amparo y están condenados por diez años. Y el presidente sale diciendo que se ha demostrado que todo es mentira y que todo es un montaje político y eso es mentira. Este es el caso de Magdalena Álvarez que fue condenada por los presupuestos de cuatro años en los que transfirió dinero al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para pagar las ayudas. Ahora, la sentencia del TC anula dos años pero sigue condenada por otros dos.

R: Ahora, la Audiencia Provincial de Sevilla tiene que hacer una nueva sentencia donde dirá: 'Condeno a Chaves por prevaricación’. Eso sí, tendrá que decidir sobre una cosa muy técnica, si lo condenan por tres delitos de prevaricación o por un delito de prevaricación continuada. La diferencia entre estos delitos se basa en el tiempo de condena. Esto se lo inventó la jurisprudencia para que las penas no se vayan a 50 años.
Lo que no puede decir Chaves es decir que no había ninguna organización, ¿cómo puede decir eso cuando tiene como condenados a dos miembros de tu Consejo de Gobierno?

R: Hay que hablar claro. Los ERE judicialmente siguen siendo un caso de corrupción del PSOE muy grave. Lo dictaminado por el TC no es que se haya dado un indulto. Esto supone una rebaja de las penas, es cierto que no irán a la cárcel, pero siguen condenados. Tenemos el ejemplo de Juan Márquez (exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta) seguirá en prisión.
Lo que se ha demostrado con el recorrido judicial del caso de los ERE es justo lo contrario, era un sistema organizado para defraudar fondos públicos

R: En su momento no recurrieron que estuvieran los cuatro magistrados que no debían votar, y ahora van, y dos días antes presentan una recusación. Ahora, el Tribunal responde que no, ¿por qué? Porque según la Ley de Enjuiciamiento Civil el plazo es de diez días. Es ridículo, pero bueno, ahora el partido tendrá que tener un debate interno y ver quién se ha equivocado. El caso es que el señor presidente del Tribunal Constitucional, cuando era magistrado del Supremo se abstuvo. Y, ahora, ¿dicta sentencia? No es serio.
La cuestión más importante es que los recurrentes siguen condenados. Por ello, no entiendo por qué el PP no resalta esto. Se pone a pelearse con el Tribunal Constitucional. La estrategia jurídica de los populares es incomprensible.