"Me trasladan de la secretaría general de mi Ayuntamiento que se anuncia una reducción de ingresos procedentes del Estado de un importe muy elevado. En concreto, en mi ayuntamiento se habla de 30 millones de euros. Una barbaridad. Si no nos permiten el uso de remanentes, si no nos dan recursos adicionales, si nos reducen los ingresos, si no tenemos interlocución... ¿Cuánto más vamos a poder aguantar esta situación?".
Ese párrafo pertenece a una conversación vía WhatsApp esta semana entre dos alcaldes alarmados por la situación financiera de sus consistorios. Sospechan, como los ediles de cualquier color con los que ha conversado Vozpópuli, que Pedro Sánchez y su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, intentan "maquillar ante Europa el déficit del Estado en 2020" a su costa.
El WhatsApp hace referencia a un rumor muy extendido en toda la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, de que, además de no permitirles gastar más que 300 de los 27.800 millones que tienen ahorrados en concepto de superávit y remanentes de Tesorería, Hacienda planea someterles ahora a una nueva vuelta de tuerca: reducir sus ingresos en 2020 por IVA e impuestos especiales sobre gasolina y diésel, tabaco, alcoholes y otros productos.
Montero tiene la "excusa" perfecta para rebajarles las transferencias de IVA e impuestos especiales, dicen los ayuntamientos: la brutal caída de recaudación por el no consumo durante el confinamiento
Montero tiene la "excusa" perfecta, dicen los ediles: la brutal caída de recaudación por el no consumo durante estos meses de confinamiento. Fuentes oficiales del ministerio aseguran a este periódico no saber nada de ese recorte, pero desde la FEMP optan por un más matizado "no nos consta".
Diputaciones y Ayuntamientos llevan días con la mosca detrás de la oreja porque, aunque Montero no confirma esa bajada de transferencias por IVA e impuestos especiales, durante su comparecencia ante la Comisión de Reconstrucción dejó claro que no considera ese superávit y esos remanentes un "ahorro". No fue decisión "voluntaria" de los Ayuntamientos, sino obligación de cumplir las exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el PP, recalcó.
El 'aviso' de la ministra
Y lanzó este aviso a navegantes: los Ayuntamientos deben aportar sus recursos "al gran pacto por la reconstrucción" de España tras el paso del virus. Claro, que desde la otra parte se le recuerda a la ministra de Hacienda que "en los últimos años, solo los ayuntamientos, no el Estado ni las comunidades autónomas, han cumplido con la Ley de Estabilidad Presupuestaria" en cuanto al déficit. Si a eso se une la decisión de que sean los Ayuntamientos los que gestionen el Ingreso Mínimo Vital (IMV), muchos vaticinan que el "colapso" está servido.
No ocultan los alcaldes su resquemor con el trato deferente que reciben las autonomías por parte del Gobierno de izquierda, como muestra el tuit que colgó este domingo el alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, tras oír en la decimotercera videoconferencia de Presidentes las quejas de algún barón del PSOE como Emiliano García Page y del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, porque Sánchez ha decidido primar el criterio de población en el reparto de los 16.000 millones del fondo no reembolsable para las autonomías.
Si después de que van a llegarle más de 600 millones de euros dice que la dejan en la estacada, ¿que deberíamos decir los ayuntamientos después de no recibir un céntimo de euro? https://t.co/JWnBEYbG3y
— Oscar Puente (@oscar_puente_) June 7, 2020
Y es que Puente, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez en su vuelta a la política tras ser defenestrado por los suyos, "no ahorra críticas" en privado y en las reuniones de la FEMP contra la cicatería del Gobierno hacia los municipios y las diputaciones, aseguran otros ediles a Vozpópuli.
"Nosotros sí que estamos siendo solidarios por la vía de dar ayudas a las familias más afectadas para pagar agua, luz o gas", señalan. Ahora se encuentran con que no pueden desbloquear el dinero que van a exigir medidas especiales y personal para reabrir instalaciones deportivas o piscinas, gestionar el ingreso mínimo y otros muchos gastos.
"Estamos ya en junio", recalcan estas fuentes, "sin que el Consejo de Ministros sigue sin aprobar el decreto" que todos los meses de marzo se promulga para prorrogar el uso de ese superavit. Y no parece que el ministerio ni La Moncloa tengan prisa. Saben que cuando llegue el 31 de diciembre, todo lo no gastado irá a amortizar deudas de los consistorios con la Banca privada.
Para 'calmar las aguas', Abel Caballero reclamó el jueves un fondo de 6.000 millones con participación UE, como el autonómico, y otros 1.725 millones para readaptar el transporte a la 'nueva normalidad'
Porque, si el Gobierno ha sido capaz de sacar 16.000 millones de euros -buena parte de los cuales correrán a cargo de la Unión Europea-, en un fondo para el gasto adicional sanitario de las autonomías, debería también permitir, a su juicio, que Diputaciones y Consistorios pudieran tirar de esos recursos propios y no "especular" con ellos para maquillar su gestión económica ante Bruselas, insisten.
En este punto, socialistas y populares divergen, Aunque el malestar en los alcaldes socialistas es muy grande, como demuestran las duras declaraciones del alcalde de Mérida y vocal de la FEMP, Antonio Rodríguez Osuna, su presidente, Abel Caballero, que tiene hilo directo con La Moncloa, demostró este jueves durante su comparecencia ante la Comisión de Reconstrucción que no va a abrirle un nuevo frente de oposición a Sánchez.
El alcalde de Vigo insistió en no confrontar con Montero. Le lanzó el mensaje de que hay que gastar los superávit y remanentes de Tesorería en los municipios, que es "donde se han producido esos ahorros", y reclamó un fondo de reconstrucción municipal de 6.000 millones participado por fondos europeos porque "somos el 14% de lo público y tenemos que ser el 14% de los fondos de Europa", Además, reclamó otro fondo de 1.725 millones para adaptar el transporte municipal a la nueva normalidad tras el virus.
Los alcaldes del PP no se conforman
El PP, no obstante, va a seguir su propia hoja de ruta porque ha encontrado en la penuria un filón con el que desgastar al Ejecutivo de coalición PSOE/Podemos. El partido que dirige Pablo Casado, exige al Gobierno no solo que libere los 27.800 millones del superávit municipal sino que pague los 700 millones de IVA correspondiente a 2017 que todavía debe a los consistorios y les transfiera 18.900 millones de euros por adelanto de entregas a cuenta en 2020 por IVA e impuestos especiales a gasolinas, alcohol y tabacos -12.486 millones para ayuntamientos y 6.500 para Diputaciones-.
Casado y sus alcaldes reclaman también la puesta en marcha de un fondo de 5.000 millones en "ayudas directas e incondicionadas" a las entidades locales, así como la creación de fondos específicos dirigidos a aumentar, entre otras, las ayudas de alimentación a través de los servicios sociales municipales (otros 300 millones de euros).
Y en una linea similar, pero desde el lado opuesto, noventa alcaldes de Izquierda Unida, el socio minoritario en Unidas Podemos, firmaron este domingo una carta a la ministra de Hacienda la suspensión de la llamada Regla de Gasto hasta que pase la pandemia y se pueda regular por ley una nueva financiación local. Y el grupo de Unidas Podemos en el Congreso así lo ha pedido en una Proposición no de Ley registrada el mismo viernes:
? IU advierte en la campaña #EscudoMunicipal que “solo con grandes cambios en la regla de gasto los ayuntamientos podrán proteger con garantías a la población de la crisis por el Covid-19”https://t.co/5eT1fXNOVk
— Izquierda Unida??? (@IzquierdaUnida) June 5, 2020
