El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pide al Gobierno que realice cambios laborales "vía decreto Ley", apoyado en la mayoría que le otorgan otros grupos y evitando así que estas "urgentes" reformas terminen siendo ralentizadas si pasan por la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos.
En una entrevista con Efe, el líder de UGT resalta la necesidad de introducir cambios en el Estatuto de los Trabajadores para devolver la prevalencia al convenio sectorial frente al de empresa, atajar la temporalidad y la subcontratación y terminar con el despido libre por parte de los empresarios.
"El Gobierno tiene que empezar a ejecutar los cambios a partir de septiembre, si no hay acuerdo con la patronal, vía decreto Ley", dice Álvarez, porque el resto de alternativas terminan yendo "a dormir el sueño de la Mesa del Congreso".
Por ello el líder de UGT insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que "vaya al BOE" porque "no hay tiempo".
Algunos de estos asuntos van a ser debatidos en las mesas de Diálogo Social en las que están el Ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos y que acaban de constituirse, pero en las que las empresas ya dejan ver su reticencia a algunos cambios.
"Sería bueno que la patronal se bajara de sus posiciones máximas y fuera consciente de la situación de precariedad y de la aparición de empresas multiservicios", dice Álvarez, pero "si no hay luz en las próximas semanas, instaremos al Gobierno a generar consensos con la mayoría parlamentaria que posibilitó la moción de censura".
Además de la prevalencia del convenio sectorial, Álvarez se ha referido a la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que permite la subcontratación de una actividad no troncal de una empresa y que es interpretado de manera aleatoria por empresas como las hoteleras.
"Las camareras de piso son parte de la actividad troncal de un hotel", recalca Álvarez, porque "si el trabajo en las habitaciones no es troncal, ¿qué lo es?", pregunta.
Asimismo, le pide que introduzca "cambios de cierta transcendencia" en la política presupuestaria, más allá del techo de gasto, con el objetivo de generar nuevos ingresos con los que hacer frente a la Ley de Renta Mínima, que permitirá que no haya ningún ciudadano sin recursos, o a la suficiencia del sistema de la Seguridad Social.
