El Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid ha archivado la causa penal abierta contra la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que fue condenada en diciembre junto a seis cargos de su equipo de gobierno a pagar 22,7 millones de euros por la venta de viviendas públicas a fondos buitre.
El Gobierno de Botella vendió 1.860 pisos de propiedad pública a dos empresas de Blackstone, considerado un fondo buitre, por debajo del precio que estipulaba el mercado en 2013.
Según ha informado El Mundo, el juez argumenta que "no existen elementos suficientes que permitan la continuación del procedimiento" y dice que la venta se produjo para "solventar la angustiosa situación económica" por la que atravesaba la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).
"Para ello se llevó un proceso que con todas sus irregularidades formales, menores, respetó esencialmente los principios de publicidad, libre acceso y competencia adjudicando finalmente lo ofertado al grupo o empresa cuyas condiciones se consideraron, razonadamente, más ventajosas", añade el magistrado.
Denuncia de Carmena
La sentencia parte de una denuncia que el actual Gobierno de la capital de España, encabezado por Manuela Carmena, presentó hace ahora un año a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). La sentencia condenatoria indicaba que las operaciones que llevó a cabo la Empresa Municipal de Vivienda que dependía del Gobierno "dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público" que cifra en los citados 23 millones.
Los otros condenados fueron Enrique Núñez Guijarro, Diego Sanjuanbenito; Paz González García; Dolores Navarro, Pedro Corral y Concepción Dancausa, ex delegada del Gobierno en Madrid.
