El ex director general de Avalmadrid Juan Luis Fernández-Rubíes, que aprobó el polémico préstamo de 400.000 euros a la empresa del padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, intermedió con el expresidente madrileño Ignacio González a cambio de comisiones, según consta en las transcripción de las conversaciones grabadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del caso Lezo, a las que ha tenido acceso Vozpópuli.
La UCO refleja en sus informes decenas de conversaciones telefónicas mantenidas en 2016 entre el ex director general de Avalmadrid e Ignacio González, ya en ese año expresidente de la Comunidad de Madrid, en las que ambos planean cobrar comisiones a cambio de sus intermediaciones con la sociedad pública del Canal de Isabel II. "Ahí hay la comisión correspondiente", aseguró Fernández-Rubíes a González.
También aludieron al cobro de cantidades por operaciones relacionadas con empresas como Isolux Corsán, Metrovacesa y NH Hoteles; con la compra de una clínica en el barrio de Salamanca (Madrid); y con la venta de un cuadro que querían que se llevara a cabo en la sociedad de subastas de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.
Un informe interno
Según la información publicada por eldiario.es, Fernández-Rubíes fue el responsable final del préstamo concedido a Mc Infortécnica, la empresa del área de la sanidad del padre de Ayuso, crédito que todavía no se ha devuelto en su totalidad. En concreto, el ex director general de Avalmadrid dio el visto bueno a la operación pese a disponer de un informe interno que planteaba reparos al aval.
El entonces coordinador del Departamento de Riesgos de Avalmadrid, Christian de la Torre, incluyó las advertencias en una comunicación a través de correo electrónico a Fernández-Rubíes, en la que solicitó, pese a las circunstancias, su "autorización" para "continuar con la formalización de la operación", según completa este diario digital.
En concreto, el informe destacaba que el aval que había presentado el padre de Ayuso para conseguir los 400.000 euros, una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila), había sido construida de forma ilegal, pues su superficie incumplía el máximo de edificabilidad que marca la normativa urbanística. Y por eso podía ser demolida y su valor de 230.000 euros podría bajar.
Tensiones de liquidez
El informe de Avalmadrid también advertía de que la empresa del padre de Ayuso podría sufrir problemas por "la coyuntura económica y la dependencia de la Administración pública, que hace que las sociedades tengan que soportar fuertes tensiones de liquidez para aguantar los pagos". Sin embargo, Fernández-Rubíes aprobó la operación.
Tras la salida de la presidencia de Ignacio González del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Juan Luis Fernández-Rubíes fue destituido de su cargo en Avalmadrid. Y ya ambos, desde la empresa privada, comenzaron a intermediar con empresas, sobre todo con inmobiliarias.
Destacan los intentos de Ignacio González, tal y como se puede leer en el sumario del caso Lezo, de intermediar para que un fondo británico pudiera comprar unas antiguas comisarias de Policía en Cataluña propiedad de Isolux Corsan, cuyo contacto era Fernández-Rubíes, que también estaba implicado en otra operación sobre un hotel de más de 150 habitaciones.
Paga el vendedor
Los agentes de la UCO ponen de manifiesto en su informe sobre las conversaciones grabadas que Ignacio González informa al ex director general de Avalmadrid del "problema" que tiene con el fondo de inversión inglés, que no quería pagar una comisión. "Entonces claro, la tiene que pagar el vendedor...", espeta el exmandatario del PP madrileño.
Por eso, González explica a su interlocutor que Isolux Corsán tenía que contar con la comisión de venta del "1%, 2%, el 3% o lo que sea", completa el expresidente madrileño.
El 6 de octubre de 2016, en otra conversación entre González y Fernández-Rubíes aluden a un cuadro de un valor aproximado a los 12 millones y a la retribución que podrían obtener por la venta del mismo en la sala de subastas de su mujer, Lourdes Cavero. "En subasta suele ser más alta, pero en este caso pues sería cuestión de negociar, pero que los suyo sería entre un 3% y un 5%", especificaron.
Férnandez-Rubíes no está imputado en el caso Lezo. Sin embargo, el Banco de España sí ha reclamado para él una sanción de 45.000 euros por la presunta negligencia en la gestión de la empresa Avalmadrid, que está en el ojo del huracán por el presunto trato de favor que esta firma, con un 30% de capital público, habría otorgado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
La mandataria es propietaria de dos inmuebles que obtuvo a través de donaciones que se encuentran bajo sospecha de un presunto delito de alzamiento de bienes. Una serie de informaciones publicadas por el diario Infolibre han desvelado que la líder del PP madrileño sabía que la sociedad no podría devolver el dinero y que su familia tendría que responder con sus bienes, por lo que habría recibido las donaciones del piso y el local que actualmente se encuentran a su nombre.
