Los incendios en Gran Canaria que han arrasado más de 12.000 hectáreas empiezan a remitir en el terreno, pero no entre los ciudadanos. Y es que, en apenas una semana, alrededor de 40.000 personas (y sumando) han puesto su firma en una petición dirigida al Parlamento de la Comunidad con un mandato claro: que se cierre la puerta que la ley canaria deja actualmente abierta a la reclasificación de terrenos incendiados con fines urbanísticos.
Se trata de la ley 4/2017 del 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, un proyecto 'estrella' del Gobierno de Fernando Clavijo que supuso dejar atrás la antigua uniformidad en la planificación urbanística de la comunidad y despejó el camino para dar más competencias a los ayuntamientos. En materia de reclasificaciones urbanísticas, deja al Parlamento la posibilidad de reclasificar "por ley" con fines urbanísticos los terrenos afectados por un incendio forestal. Todo ello, siempre a iniciativa del Gobierno canario o de un grupo parlamentario y con una mayoría simple en el Hemiciclo, según apuntan fuentes parlamentarias.
"Los instrumentos de planeamiento urbanístico no podrán: Reclasificar terrenos que, siendo rústicos, hayan sufrido un incendio forestal o un proceso irregular de parcelación urbanística, mientras no hayan transcurrido treinta y veinte años, respectivamente, desde que se hubieran producido tales hechos. Cualquier reclasificación de tales terrenos antes del cumplimiento de estos plazos deberá realizarse mediante ley (...)", dice el artículo 139 de la ley en su apartado 'a)', cuestionado en su día por PSOE, Nueva Canarias y Podemos por dejar la puerta abierta a la especulación.
"Dada la fragilidad y delicadeza de los sistemas biológicos de las islas, cualquier terreno arbolado en las Canarias que sea objeto de un incendio forestal debería como opción prioritaria ser repoblado y restituido a su situación originaria"
"Dada la fragilidad y delicadeza de los sistemas biológicos de las islas, cualquier terreno arbolado en las Islas Canarias que sea objeto de un incendio forestal debería como opción prioritaria ser repoblado y restituido a su situación originaria, y desde luego se debería eliminar cualquier posibilidad de reclasificación urbanística o de aprovechamiento (forestal o minero) de los mismos", reza la petición en Change.Org abierta hace una semana por María Alonso. "Por este motivo se solicita la modificación del apartado a) del citado artículo 139, solicitándose la eliminación de la frase: "Cualquier reclasificación de tales terrenos antes del cumplimiento de estos plazos deberá realizarse mediante ley."
"El 99% de los fuegos en bosques son provocados por la actividad humana, intencionados o no. En un alto porcentaje, el motivo es obtener un beneficio económico. Es urgente esta nueva ley", afirma Abraham Carrera, uno de los promotores de esta iniciativa que encuentra en los actuales incendios un motivo suficiente para cerrar ahora el grifo de la especulación.
Los políticos canarios retomarán así su actividad parlamentaria la próxima semana con una petición que apunta a alcanzar en las próximas horas las 50.000 firmas.
La ley ya es de por sí estricta y requiere un acuerdo de la mayoría del Parlamento, aunque es verdad que se podría endurecer más"
"Estamos todavía con los incendios, han sido semanas muy duras, es mejor esperar a la próxima semana que se retome la actividad antes de abordar este tema", dicen desde Coalición Canaria, el partido que impulsó en su día, con el apoyo del Partido Popular, la reforma legal que ahora desata la polémica. "No está en la mente de nadie hacer nada semejante a una reclasificación urbanística de terrenos incendiados y menos ahora. La ley ya es de por sí estricta y requiere un acuerdo de la mayoría del Parlamento, aunque es verdad que se podría endurecer más. Pero la verdad es que nadie está por la labor de reclasificar nada", aseguran por su parte desde el PP canario. "Si la iniciativa reúne 15.000 firmas consistentes, con nombre y DNI, el Parlamento la estudiará y se verá".
La reivindicación se suma a las quejas esgrimidas por los bomberos de Gran Canaria, que a raíz de los incendios han cargado contra quienes "han estado gestionando políticamente y operativamente" su actividad en la zona en los últimos años, arrojándoles a una dinámica de "descentralización", "descoordinación" y "falta de recursos" después de que "piques políticos" dinamitaran en el pasado el proyecto de un cuerpo de bomberos único para la isla.
