Si uno echa un vistazo a un mapa de Madrid, podrá comprobar que la distancia entre Sol y Moncloa, sedes del Gobierno regional y central, es de apenas cinco kilómetros. Sin embargo, en términos políticos, están a años luz uno del otro. En el último lustro, desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la Presidencia de la Comunidad de Madrid cuando Pedro Sánchez llevaba un año en el poder, las grietas entre las dos administraciones se han agigantado.
Hay muchos ámbitos donde confrontan las políticas de uno y otro equipo, pero es en el plano fiscal donde podemos observar las mayores diferencias. Este jueves, la Asamblea de Madrid ha aprobado, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, dos leyes con ocho rebajas fiscales en el IRPF y los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y de Actos Jurídicos Documentados (AJD) con incentivos a la inversión y bonificaciones a la compra y alquiler de vivienda. En paralelo, precisamente este jueves, el Gobierno de Pedro Sánchez intentaba cerrar en el Congreso una catarata de subidas de impuestos con alzas a las rentas del capital y un golpe al mercado de la vivienda mediante la supresión del régimen de las SOCIMI. De momento, sin éxito, pero este lunes se prevé que vuelva a intentarlo.
En concreto, las rebajas fiscales que ha aprobado la Asamblea de Madrid y que se aplicarán en la Campaña de la Renta de 2024 que se celebra la próxima primavera contienen un incentivo fiscal para inversores extranjeros y una batería de deducciones fiscales para la compra y alquiler de vivienda y para las personas que se trasladen a municipios en proceso de despoblación.
La primera ellas, apodada como Ley Mbappé, desarrolla una rebaja en el IRPF para atraer inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero del 20% de la aportación realizada en obligaciones, bonos, letras del tesoro, acciones de sociedades cotizadas y no cotizadas o aportaciones en sociedades limitadas, entre otras.
Será aplicable a los cambios de residencia en vigor desde el propio ejercicio 2024. Para acogerse, se exige mantener tanto la inversión como la residencia fiscal en la región durante un mínimo de seis años. Para tener derecho a ella el declarante deberá fijar su residencia fiscal en la región y no puede haberlo sido en España durante los cinco años anteriores al cambio de ubicación. Además, y entre otras limitaciones, no se puede invertir en entidades domiciliadas en paraísos fiscales. El beneficiario tampoco puede ejercer funciones ejecutivas ni de dirección o mantener una relación laboral con la entidad en la que haga sus aportaciones.
Tras un intento fallido en la pasada legislatura por la falta de apoyo de Vox, el Gobierno de Ayuso ha conseguido sacar adelante una de sus medidas estrella.
Ahorro fiscal de más de 150 millones en vivienda
Los incentivos relacionados con la vivienda que ha validado la Asamblea comprenden cinco deducciones en el IRPF. La primera de ellas supondrá un ahorro de 1.000 euros por el arrendamiento de viviendas vacías, y se la podrán aplicar los pequeños propietarios que firmen contratos con una duración efectiva de, al menos, tres años. Cerca de 20.000 beneficiarios podrán ahorrarse 20 millones de euros.
Otra pretende amortiguar el incremento de las cuotas de préstamos variables por la subida de tipos tomando como referencia el euríbor a diciembre de 2022, con un límite de 300 euros y siempre que se trate de la vivienda habitual. Ésta no debe haber costado más de 390.000 euros y la renta familiar per cápita no superar los 30.930 euros. Se estima que alcanzará a 450.000 hipotecados y la reducción para sus beneficiarios será de 90 millones.
Además, se amplía el ámbito de aplicación de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual vigente, elevando la edad máxima para poder aplicarla de 35 a 40 años. Con esta medida, se beneficiarán cerca de 45.000 contribuyentes, que se sumarían a los 65.000 que actualmente se acogen a ella, generando un alivio fiscal de 50 millones de euros anuales.
De cara a combatir la despoblación de los municipios rurales (con menos de 2.500 habitantes), y para ayudar a los menores de 35 años a que cambien allí su residencia habitual, podrán deducirse 1.000 euros, independientemente de que compren o alquilen una vivienda. Además, se podrán deducir el 10% del precio de adquisición, con un límite anual de 1.546 euros, durante diez ejercicios fiscales. En este caso se calcula puedan beneficiarse unos 1.200 ciudadanos con un ahorro de 1,6 millones.
A ello podrán sumar una bonificación adicional del 100% en ITP en caso de adquisición de vivienda de segunda mano, y de AJD para nueva. El impacto previsto es de 7 millones de euros en ahorro para los madrileños.
Estas 8 nuevas bajadas de impuestos se suman a las 21 realizadas por el Gobierno autonómico con la presidencia de Isabel Díaz Ayuso y que han generado un ahorro fiscal a los madrileños superior a los 31.300 millones de euros. Además, la Comunidad de Madrid es la única región de España sin tributos propios y con la fiscalidad más baja de todo el país.
Paralelamente, el proyecto de ley de los Presupuestos Generales autonómicos para 2025 contempla una nueva bonificación del 100% en ITP para inmuebles de segunda mano y en AJD para los de obra nueva dirigida a los afectados de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares que adquieran un inmueble que sustituya al dañado.
Incertidumbre e inseguridad jurídica con el golpe fiscal
El mensaje que llega desde el Congreso de los Diputados a instancias del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios es el opuesto y ya está teniendo consecuencias negativas en la inversión. Las principales SOCIMI ya han anunciado que estudian llevarse su sede fiscal fuera de España, según avanzó Vozpópuli, tras el anuncio del plan para eliminar su régimen.
El problema es que ni siquiera el detalle de las subidas de impuestos que quiere aprobar el Ejecutivo está claro. El Ministerio de Hacienda ha llegado a negociar dos baterías fiscales diferentes, una con PNV y Junts, y otra con Sumar, que han rechazado el resto de sus socios. En el caso de la que ha publicitado con la formación de Yolanda Díaz la semana pasada ni siquiera es del agrado de los socios de izquierda al acompañar sus subidas de impuestos del fin del impuesto a energéticas que ERC, Bildu y Podemos quieren mantener a ultranza.
En primer lugar, el miércoles 30 de octubre, al día siguiente de la DANA, se registraron las enmiendas en el Congreso al Proyecto de Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales, texto que el Ejecutivo ha decidido que opere como ley de acompañamiento fiscal de unos potenciales Presupuestos de 2025. Aquí se desveló el pacto del PSOE con el PNV y Junts, por el que el impuesto a energéticas desaparecería y el impuesto a la banca seguiría tres años, convertido ya en impuesto en términos técnicos para que el País Vasco pueda concertarlo.
Esto se acompañó de una subida del impuesto de hidrocarburos que paga el gasóleo de automoción en 9,37 céntimos por litro (el tipo general pasará de 0,307 euros por litro a 0,40069 euros) para equipararlo con la gasolina. A la que se añadieron un alza en el IRPF a las rentas del ahorro de más de 300.000 euros un punto, del 28% al 29%, y distintos incrementos en el Impuesto sobre Sociedades.
Pues bien, el pasado lunes 12 de noviembre el PSOE desconvocó al Comisión de Hacienda que iba a votar estas enmiendas y Sumar anunciaba un pacto con el PSOE en el que le arrancaba un impuesto al lujo, un IVA del 21% a pisos turísticos, que el impuesto a la banca sea permanente y el fin de las SOCIMI y de la exención de primas de seguros privados sanitarios, entre otras medidas.
Este jueves, la Comisión de Hacienda ha vuelto a desconvocarse por falta de acuerdo en las subidas de impuestos. Se produce un nuevo retraso en la tramitación que pone en serios aprietos a Hacienda, que quiere que esté en vigor el 1 de enero para evitar perjuicios a las filiales españolas en el extranjero.
El Gobierno no ha querido votar este jueves el texto sin las enmiendas de la polémica -fórmula que aconsejaban sus socios- y prefiere seguir intentando llegar a un acuerdo en impuestos, poniendo en riesgo la aprobación de la norma a tiempo.
