De momento, el Gobierno español ha conseguido de su homólogo belga que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no tenga un trato "político" en ese país, lo cual complicaría la entrega a España si él no acude a este jueves, ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y ella dicta una euroorden de detención, admiten a Vozpópuli fuentes gubernamentales.
La Moncloa no quiso responder este martes al enésimo intento de Puigdemont por "internacionalizar" el conflicto con su primer comparecencia ante los medios de comunicación en Bruselas y, de hecho, no hubo rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario por la tarde -compareció el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo-, precisamente para adoptar el perfil más bajo posible. Tampoco el PSOE reaccionó a la performance. Los dos grandes partidos prefirieron darle poco protagonismo.
Bélgica está al tanto de las implicaciones políticas del caso y sus máximos dirigentes, con los cuales el Gobierno español está en contacto, no quieren azuzar un asunto que incomoda sobremanera a toda la UE; especialmente a los países centrales, Alemania, Francia e Italia, que temen el precedente de la 'independencia' catalana en sus propias fronteras (Córcega, Lombardía y otros territorios con población nacionalista).
El primer ministro belga, Charles Michel, ha asegurado que mantiene "contactos diplomáticos regulares" con España en "las circunstancias actuales" y garantiza que Carles Puigdemont tendrá "los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano europeo".
"El Señor Puigdemont no está en Bélgica ni por invitación ni a iniciativa del Gobierno belga", recalcó Michel distanciándose y aclarando que fue informado el lunes "de la presencia anunciada" del expresidente catalán. Insiste en que su Ejecutivo "no entabló ninguna iniciativa para suscitar" su llegada al país, pero "la libre circulación en el seno del espacio Schengen le permiten estar presente en Bélgica sin ninguna otra formalidad". Aún así, avisó, "el Gobierno (belga) velará por respeto del Estado de Derecho".
La renuncia de Puigdemont a pedir asilo político en Bélgica sitúa su vuelta a España en el terreno de la extradición, que puede tardar varios meses en ser resuelta
El martes a mediodía, en La Moncloa se respiró con alivio cuando escuchó al expresidente de la Generalitat que él no se plantea pedir asilo político -la realidad es que los abogados con los cuales ha consultado allí le han disuadido-. Eso habría complicado sobremanera el conflicto y desatado un casi seguro conflicto diplomático si la comisión que atiende esas demandas -en Bélgica la concesión de asilo está desgubernamentalizada- la hubiera admitido a trámite.
La consecuencia es que la duración de la presencia de Puigdemont no durará más de dos meses una vez se ponga en marcha la euroorden de detención que dicte mañana la juez si el ex mandatario catalán y los consejeros que le acompañan en ese viaje, no se presentan a declarar este jueves. El Gobierno cuenta con que los abogados de Puigdemont empiecen un litigio que, al final, acabará resolviéndose a favor de su entrega a la Justicia española con mucho escándalo mediático "que es lo que buscan", dicen las fuentes consultadas.
Cuando llegue esa euroorden a Bruselas, todos serán detenidos y puestos a disposición de un juez belga, que decidirá sobre su puesta en libertad provisional o mantenimiento en prisión hasta que se resuelva. El juez puede considerar que la información contenida en la orden no es suficiente y requerir más detalles. Luego, elevará el caso a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispone de quince días para resolver.
La decisión de esa Cámara es recurrible en apelación (con lo que se abriría un nuevo plazo de quince días) y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver. La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea.
En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, ésta debe realizarse en los diez días siguientes a la llegada de la euroorden el juez; si no la aceptan, la decisión debe tomarse en un plazo de sesenta días a partir de la detención.
