El aumento de los precios de los alquileres en determinadas ciudades será uno de los caballos de batalla del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Los socialistas presentaron en marzo una iniciativa en el Congreso para el fomento del alquiler en la que contemplan beneficios fiscales para los propietarios que alquilen en base a un sistema de precios de referencia.
Ahora que han llegado al Gobierno, necesitarán los apoyos de Unidos Podemos en la Cámara Baja para sacarlo adelante. Uno de los veinte puntos planteados a Sánchez por el líder del partido morado, Pablo Iglesias, en la etapa que se abre tras la moción de censura es la revisión de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para frenar el incremento "abusivo" de los precios del alquiler.
El grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene presentada su propia iniciativa en las Cortes, con varias diferencias respecto al texto socialista. El PSOE prevé una deducción en el impuesto sobre la renta de personas físicas (IRPF) del 60% para los caseros que se acojan a un sistema público de precios elaborado por los ayuntamientos. Si el inquilino es un joven de entre 18 y 30 años con ingresos bajos, la reducción llega al 100%.
La propuesta morada, en cambio, no contempla beneficios fiscales y prevé que ese baremo de precios sea de carácter obligatorio. Es decir, que si las administraciones deciden implantarlo, no habrá opción de no acogerse a él. La limitación de los precios, en todo caso, no es para todo el territorio nacional, sino sólo para las administraciones que crean conveniente aplicarlo. Este será uno de los aspectos que los socialistas deberán abordar con Podemos si quieren que los morados les presten sus apoyos.
Aunque en el grupo de Unidos Podemos no se cierran de plano a esos incentivos a las personas físicas (los particulares), consideran que podría seguir siendo más rentable para el propietario subir el precio del alquiler de forma notable que acogerse al beneficio en la declaración de la Renta. Además, quieren saber qué ocurrirá con las personas jurídicas, como los fondos buitre, a quienes atribuyen el auge descontrolado de los precios en determinadas zonas urbanas. Estos últimos no están contemplados en la normativa del PSOE.
La propuesta de Podemos es que las administraciones autonómicas y ciudades como Madrid o Barcelona puedan fijar áreas concretas de lo que denominan "mercado tensionado". Para ello establecen una serie de parámetros como que "exista una fuerte demanda de alquiler asequible no satisfecha" o que "las rentas de alquiler sean claramente superiores a la disponibilidad de renta de las familias de la zona". Califican de "desproporcionado" que el pago suponga más de un 30% de la renta familiar. También que hayan subido las rentas de los alquileres un 15% o más en los últimos tres años.
Duración de los contratos
El aumento de la duración de los contratos es otro de los aspectos clave de ambas proposiciones. Los socialistas apuestan por recuperar la duración mínima de los contratos de cinco años, como ocurría antes del cambio de normativa acometido en 2013, que lo redujo a tres. La propuesta de En Comú Podem también es recuperar esos contratos de duración mínima de cinco años.
Y tiene una particularidad: si el arrendador es una persona jurídica, "el contrato deberá prorrogarse necesariamente transcurridos los cinco años, excepto si existe una razón legítima proporcional, relacionada con el incumplimiento por parte de la parte arrendataria de sus obligaciones contractuales o legales", reza la propuesta.
Por otro lado, prevén introducir un "contrato de duración protegida" con una duración mínima de 10 años. Aunque el casero podrá recuperar la vivienda a los cinco años si lo necesita.
y limitar la subida del precio en la renovación al incremento del IPC.
Aunque las propuestas podrían llegar a fundirse en una, existe la posibilidad de que el nuevo Gobierno prefiera sacar adelante la iniciativa mediante un decreto y obligue a Unidos Podemos a votar a favor. Desde En Comú Podem muestran su voluntad de negociar los términos con la responsable de la propuesta socialista, la exministra de vivienda y actual secretaria del PSOE de Ordenación Territorial y Políticas de Vivienda Beatriz Corredor.
Ambas medidas se vieron frenadas en la Mesa del Congreso por el veto presupuestario del Gobierno de Rajoy. A mediados de febrero, el Ejecutivo vetó la Ley elaborada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) -apoyada por Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Bildu y Compromís- que contenía como ejes principales la paralización de los desahucios, la dación en pago y el alquiler social.
