El caos se ha apoderado de la gestión del coronavirus en España, que registra las peores cifras de contagio de toda Europa desde hace semanas. El Gobierno y las comunidades autónomas han sido incapaces de aclarar quién decide qué a partir de ahora. Madrid se ha declarado insumisa ante las nuevas restricciones que impone el Ministerio de Sanidad. Y en medio de este monumental galimatías, millones de ciudadanos no saben si podrán salir de sus municipios o abrir sus negocios mañana y bajo qué condiciones.
Es el fracaso de la "cogobernanza". El término que acuñaron Pedro Sánchez y su factoría de ideas en el Gabinete de la Presidencia se ha estrellado contra la realidad de la pandemia que, en su segunda ola, ha situado a España en el vagón de cola de los países occidentales. Las comunidades autónomas han dado la espalda al Gobierno. Y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha optado por hacer lo que no quería hacer: imponer órdenes comunes a todas las regiones para frenar al avance del coranavirus.
"Gobierno, oposición, expertos... Nadie ha estado a la altura", dicen a Vozpópuli fuentes implicadas en las negociaciones de los últimos días. "Es una auténtica pena".
El pulso entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid se ha resuelto en un caótico Consejo Interterritorial de Salud este miércoles. No es solo que Andalucía, Galicia, Cataluña y la propia Madrid hayan votado en contra de la propuesta de Illa, sino que el resto de autonomías (también las del PSOE) arrastran un enorme cabreo con la gestión de Sánchez. Con estas nuevas medidas, nadie sabe ya qué autoridad está controlando la pandemia. Y algunos gobiernos autonómicos lamentan que se hayan hecho realidad sus malos augurios del pasado verano: "El virus no es un problema territorial, y lo estamos tratando como si lo fuera".
"Dejación de funciones"
Las razones de ese malestar tienen diversos orígenes y distintos motivos, pero todos confluyen en uno: la "dejación de funciones del Gobierno".
"Unas (comunidades) llevan meses pidiendo criterios comunes; otras específicos por sus singularidades. Las regiones querían reformas legales que facilitasen los confinamientos, menos trabas para tomar medidas, rastreadores, algunas pedían vigilancia sobre las comunidades limítrofes...", dicen desde un Gobierno autonómico. "¿Qué se ha hecho en este tiempo? Nada. Y así estamos".
Illa ha anunciado que el Ministerio de Sanidad emitirá una orden que fija por primera vez tres criterios de incidencia del coronavirus que serán comunes en toda España. Cualquier comunidad que alcance o supere estos umbrales -más de 500 casos por 100.000 habitantes; tasa de positividad superior al 10% en PCR; y ocupación de UCI igual o superior al 35%- estará obligada a aplicar unas restricciones también idénticas en todo el país para los municipios afectados que superen los 100.000 habitantes.
La consecuencia inmediata de esta orden, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es el confinamiento perimetral de Madrid y de otras nueve localidades de la región. Es decir, los madrileños no podrán salir de la capital salvo por los supuestos conocidos de trabajo, salud, fuerza mayor, etc. Ningún otro municipio del país se verá, de momento, afectado. Pero podría estarlo en el futuro si los contagios y las hospitalizaciones rebasan los límites establecidos por Sanidad. Fuentes del Gobierno precisan a este diario que la orden de Sanidad no se referirá, ni mencionará a Madrid, sino que lo que establece son criterios uniformes para toda España. Madrid es la única que los incumple todos.
Madrid, en rebeldía
El borrador que ha presentado Illa es el que acordó el día anterior con las autoridades de Madrid. Pero la Comunidad ha reculado en el último momento. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que Madrid no cumplirá estas medidas porque el acuerdo del Consejo Interterritorial no ha sido por mayoría y es jurídicamente inválido.
La Moncloa sostiene que los decisiones de este órgano, que reúne a los consejeros de Sanidad de las 17 comunidades autónomas, son de obligado cumplimiento para todas las autonomías. Incluso las que voten en contra. Y que son las comunidades las que deben trasladar a su legislación autonómica las órdenes de Sanidad.
La insumisión de Madrid es el punto y seguido al pulso que Gobierno y Comunidad han librado durante los últimos diez días. Las repercusiones de la supuesta negativa de Madrid a aplicar las medidas de Sanidad todavía están por verse. Y no está claro si Díaz Ayuso será capaz de llevar el desafío hasta sus últimas consecuencias, porque al final se trata de desobedecer una orden del BOE. Este conflicto institucional deja a millones de madrileños sin saber a qué atenerse a partir de los próximos días.
Fiasco de la 'cogobernanza'
El choque que se avecina culmina una serie de encontronazos políticos e ideológicos que evidencian el fiasco de la "cogobernanza". Sánchez ideó esta palabra al final de la desescalada. El Gobierno cedió el control de la pandemia a las comunidades después de tres meses de gestión central bajo el paraguas del estado de alarma. Prometió reformas legales y mecanismos para que los gobiernos autonómicos actuasen. Pero esas reformas nunca llegaron. Y cada comunidad, algunas mejor que otras, han ido sorteando brotes de distinta intensidad en los últimos meses, mientras el presidente del Gobierno vendía en público que "habíamos derrotado al virus" y animaba a la gente a recuperar su vida normal.
A finales de agosto, cuando las señales de los rebrotes apuntaban ya a una segunda ola, Sánchez compareció en rueda de prensa. Y anunció que las comunidades tenían en su mano declarar el estado de alarma en sus respetivos territorios si lo consideraban oportuno. Un brindis al sol, según criticaron incluso desde las filas socialistas. Esa posibilidad ya existía en la legislación. Sánchez garantizó que la coalición (PSOE y Podemos) respaldaría con su voto cualquier prórroga del estado de alarma en el Parlamento.
El empeoramiento constante de las cifras de la pandemia, especialmente en Madrid, ha concluido con la decisión ejecutiva de Illa un mes después. Las regiones, algunas socialistas, que han controlado mejor la incidencia del virus prefieren seguir su propio camino. Los gobiernos autonómicos del PSOE no se han opuesto a estas reformas de control uniforme por lealtad a Sánchez. Otras no están de acuerdo con los umbrales que se han fijado, que ya de por sí son muy laxos. Bruselas sugiere medidas restrictivas duras a partir de 200 casos por cada 100.000 habitantes. El umbral que ha fijado Sanidad es de 500.
